Más de 5.000 cántabros se acogieron a la Ley de Garantías para ser operados, hacerse una prueba médica o tener consulta en un hospital privado entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, según datos ofrecidos por el Gobierno de Cantabria al Parlamento autonómico.
La cifra, concretamente 5.363 ciudadanos, es una parte menor, aunque no por ello insignificante, de las listas de espera que son el principal caballo de batalla de este y anteriores gobiernos. El Ejecutivo que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) lleva año y medio intentando reducirlas, pero continúan con su tendencia a alza. No obstante, la Consejería de Salud que dirige César Pascual (PP) reitera su confianza en cerrar 2024 con una reducción efectiva de las listas de espera.
Los últimos datos reflejan que las listas se habían incrementado en 1.200 personas a la espera de operarse, y se sitúan en 18.000 en el ámbito quirúrgico en su totalidad. El tema no es baladí y ya le ha costado el puesto a varios altos cargos, como la exgerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, Dolores Acón, quien afirmó recientemente que las listas estaban falseadas.
Hay varios mecanismos para intentar atajar las listas de espera, pero si la demora se prolonga el paciente tiene derecho a ser operado fuera de la red pública, corriendo la sanidad cántabra con los gastos. Esta opción fue elegida por 751 cántabros entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, al igual que 444 prefirieron pasar consulta especializada en un centro privado y 4.168 hacerse pruebas fuera de un centro hospitalario público.
La mayor demanda se sitúa, por lo tanto, entre quienes esperan hacerse una prueba. En el caso de operaciones quirúrgicas, la media anual de los que se acogen a la Ley de Garantía ronda el medio centenar cada mes. El tiempo medio de demora está en 157 días, 23 menos que el plazo marcado por la ley para poder pedir ser intervenido en un centro colaborador.
Por ley, los cántabros tienen derecho a operarse, ser diagnosticado o hacerse una prueba, siempre y cuando se encuentre en un proceso hospitalario, en centros privados colaboradores de la Sanidad pública una vez transcurridos determinados plazos.
La Ley de Garantías de Tiempos de Máxima Espera en Atención Especializada es la norma a la que pueden acogerse todos los ciudadanos de Cantabria que dispongan de tarjeta sanitaria y figuren en el Registro de Pacientes en Lista de Espera durante un tiempo determinado por la ley.
Se aplica en intervenciones quirúrgicas no urgentes, en pruebas diagnósticas y en primeras consultas de atención especializada. Así, se trata de 180 días en el caso de procedimientos quirúrgicos, 60 días para el acceso a primeras consultas de asistencia especializada y 30 días para la realización de pruebas diagnósticas especializadas.