A pocos minutos en coche del centro de la ciudad, en dirección norte, se encuentra una de las mayores riquezas paisajísticas de Santander. Desde el Faro de Cabo Mayor hasta la Virgen del Mar discurre una pequeña senda peatonal de 10 kilómetros de longitud que bordea toda la costa septentrional de la capital cántabra, un regalo de la naturaleza para los sentidos que invita a disfrutar sosegadamente del Mar Cantábrico en su plenitud. Esta era -en pasado- la senda costera, orgullo de los santanderinos y, especialmente, de los vecinos de Cueto, Monte y San Román, los barrios rurales más cercanos al camino, al que se sienten históricamente unidos.
Hace algo más de un año, a comienzos de la primavera de 2014, la Demarcación de Costas del Gobierno central y el Ayuntamiento de la ciudad -ambas administraciones gobernadas por el PP- iniciaron en este enclave natural unas obras con el ánimo de “poner en valor” un “elemento turístico de primer orden”, según expresó el alcalde, Íñigo de la Serna, durante la presentación del proyecto. Sin embargo, aquella actuación que, en palabras del jefe de Costas, José Antonio Osorio, iba a ser “mínima”, se desveló como “totalmente desproporcionada” a juicio de los vecinos. Los habituales de la zona no daban crédito a lo que estaban viendo: kilómetros de vallas que impedían ver el horizonte y la fuerza del mar, formaciones geológicas aniquiladas, construcciones de madera “sin sentido”, movimientos de tierra, maquinaria pesada, hormigón, morios destruidos...
Perplejos, solicitaron de inmediato a los responsables de las instituciones implicadas que pararan aquellos trabajos calificados como “las obras de la vergüenza” y aquel “destrozo” sobre el patrimonio de la ciudad. Al principio no hubo respuesta, pero a medida que los trabajos avanzaban, la indignación de los vecinos fue en aumento y la causa fue sumando adeptos -ciudadanos anónimos y también asociaciones ecologistas y partidos de la oposición-. Comenzaron a convocar asambleas abiertas para explicar lo que estaba pasando, decidir cómo actuar y plantear alternativas. Al poco tiempo, el local vecinal en el que se reunían se quedó pequeño para albergar a los asistentes.
Así, en octubre, ahora justo hace un año, lo consiguieron: la Demarcación de Costas y el Ayuntamiento dieron su brazo a torcer y anunciaron la paralización de las obras, que habían adjudicadas a Dragados por un millón de euros. Aquel anuncio resultó ser en falso porque al día siguiente los trabajos continuaron hasta que un grupo de personas decidió tumbarse delante de las máquinas. Entonces sí, por fin, se ganó “una batalla pero no la guerra”.
Más de 365 días después la senda costera sigue igual. En realidad, peor. Las obras inacabadas han ido deteriorándose con el paso del tiempo y el paisaje natural se ha visto degradado. En mayo, las administraciones anunciaron la retirada del vallado pero “fueron cuatro días para tener una foto antes de las elecciones. Apenas quitaron 300 metros de balaustrada”, denuncian los vecinos. A día de hoy ni se ha liquidado el contrato con la adjudicataria, ni se ha iniciado el proceso para devolver la zona a su estado original -al menos lo que se pueda- ni mucho menos se ha restaurado.
Durante este tiempo los vecinos han organizado en la zona diversas actividades de concienciación medioambiental, recabado toda la información posible sobre el proyecto ejecutado parcialmente, mantenido reuniones con los agentes implicados, trabajado en una propuesta alternativa... Pero ya se han cansado porque “la paciencia se agota y la preocupación crece”. “Hace tiempo que tenía que haber llegado una respuesta de un nuevo proyecto de reversión respetuoso con el entorno y el paisaje”, señala a este diario Santiago Sierra, portavoz de la Asamblea en Defensa de la Senda Costera, el órgano asambleario que se constituyó para recoger aquel movimiento de protesta y del que hoy forman parte 500 socios.
Sierra se queja del “silencio absoluto” tanto de la Demarcación de Costas como del Ayuntamiento, en este caso no solo del equipo de Gobierno sino también de los grupos de la oposición, que no han vuelto a sacar el tema ni presionan al Consistorio, lamenta. La última entrevista que la Asociación ha tenido fue el mes pasado con el director general de Medio Ambiente del Gobierno cántabro, Miguel Ángel Palacio (PSOE), quien ha respondido a todas sus preguntas, si bien la competencia del proyecto recae sobre el Ministerio de Medio Ambiente.
Un horno crematorio
Del mismo modo, denuncia que la dejadez se ha adueñado de la zona. “No hay ningún control. En ciertos sitios se están vertiendo escombros. Incluso en la zona conocida como 'las antenas', han habilitado un horno crematorio para fundir cobre. Todo el mundo lo sabe, incluido Seprona, pero nadie interviene. Es algo espectacular”, describe el portavoz de la Asamblea.
Por todo ello, la organización ha convocado este lunes, 26 de octubre, a las 20.00 horas, una nueva reunión para “analizar la situación y exigir una vez más el nuevo proyecto y ver los planes de futuro”. “Hay un interés evidente de la gente. Nos están preguntando qué sucede, en qué punto está la cosa”, resalta el portavoz de la Asamblea, que a continuación añade: “No demostramos nuestra inutilidad, demostramos la de otros cuando no podemos dar respuestas”.
“Una auténtica chapuza”
Haciendo un repaso de los acontecimientos, Sierra recuerda que las obras comenzaron por la zona menos transitada de la senda, lo que provocó que los vecinos no se percataran del “despropósito” hasta que los trabajos llegaron a la zona más visitada. “Cuando vemos que un día llega un camión cargado de palos, otro un tráiler con maquinaria, ves movimientos de tierras... En ese momento nos asustamos”, rememora. Era Semana Santa, aunque las denuncias vecinales no comenzaron a ser visibles hasta junio o julio, continúa exponiendo.
“Nos vendieron que era una intervención mínima, marcar alguna zanja, eliminar los pasos de cierres de finca, alguna protección de algún sitio, entre comillas, peligroso, y poco más”, recuerda. “Nadie esperaba que un proyecto en principio tan sencillo acabara resultando tan complicado. Técnicamente es un desastre”, afirma el portavoz de la Asamblea. “Los detalles del proyecto brillaban por su ausencia”, apostilla.
Uno de los errores más graves que desde la Asamblea de la Senda Costera achacan a las administraciones es que el proyecto de intervención fue aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Santander en el año 2002, es decir, doce años antes de comenzar a ejecutarse. “No puedes tener en la nevera un trabajo y de repente sacarlo cuando ha cambiado todo. Ha cambiado el paisaje, las normativas, hay directrices nuevas... Se tenía que haber actualizado”, defiende Santiago Sierra, quien también apunta a fallos importantes en la cartografía y a la indefinición del proyecto.
“Legalmente puede estar bien ejecutado pero moralmente no”, incide el portavoz de la Asamblea, que recalca que “si está parado es porque todo el mundo se ha dado cuenta, no solo nosotros, de que era un error garrafal”.
La Demarcación de Costas sacó a licitación el proyecto por un presupuesto de 2 millones de euros aunque, finalmente, los trabajos fueron adjudicados por la mitad -980.000 euros-. A este coste hay que sumar otros 400.000 euros de expropiaciones que se llevaron a cabo para poder ejecutar las obras, con lo que el gasto total del proyecto que las administraciones deberán ahora revertir asciende a casi un millón y medio de euros.