El Ayuntamiento de Santander resolverá el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos que desde hace ocho años presta la UTE integrada por Ascan y Geaser ante las graves deficiencias, carencias e incumplimientos detectados en dicho periodo, que el Consistorio estima en siete millones de euros. Los incumplimientos ya se detectaron desde 2014, según ha informado la alcaldesa Gema Igual, aunque ha sido en los últimos años cuando se han empezado a abrir expedientes.
Gema Igual ha informado que la Junta de Gobierno local ha acordado iniciar el expediente de resolución del contrato cuando restan tres años para su finalización; un proceso que puede llevar unos cinco meses y que requiere del preceptivo informe del Consejo de Estado.
La alcaldesa ha dicho que el Ayuntamiento ya está trabajando en un nuevo contrato de limpieza viaria y que, mientras tanto, el servicio se seguirá prestando. En este sentido ha asegurado a los trabajadores que “pueden estar tranquilos” porque “seguirán limpiando y seguirán cobrando” así como que “todos” los contratos se subrogarán en el nuevo pliego.
El contrato vigente se adjudicó en 2013 por 17,5 millones de euros al año durante 10 años (175 millones en total), lo que supone una bajada de dos millones de euros al año respecto al presupuesto de licitación (19,46 millones) y 3,5 millones en comparación con el anterior contrato. Una bajada de precio que según Igual no se traducía en merma de la calidad puesto que se recogían mejoras técnicas y la menor cuantía se compensaba con más años de contrato (de los ocho anteriores a diez con posibilidad de dos más). Además, se amortizaban 52 jubilaciones siempre que se pudieran suplir por medios mecánicos.
Sin embargo, ya desde 2014 comenzaron las deficiencias que han dado lugar a 24 expedientes, tanto penalizaciones como sanciones o por servicios no prestados, que van desde el déficit de personal al de servicios o de material, pasando por la revisión de precios. Por ejemplo, en lo que se refiere a personal, la alcaldesa ha afirmado que la empresa no ha subcontratado el número de trabajadores que figuran en el pliego y además no ha cubierto las bajas de más de siete días, tal como se establece.
Los informes municipales cuantifican en siete millones de euros los incumplimientos de la UTE desde la firma del contrato, una estimación que se deberá trasladar a la empresa para pueda presentar alegaciones, y que será objeto de “conversaciones” con la UTE si finalmente el expediente prospera puesto que la resolución del contrato es “un daño para la empresa”.
Esos 24 expedientes, sumados al informe de Intervención que ha llegado a la Alcaldía en julio ante la “batería de sanciones” que acumulaba la UTE y a los informes técnicos que se han conocido “hace diez días” que concluyen que está incumpliendo obligaciones contractuales “sustanciales”, han llevado al equipo de Gobierno a tomar la decisión de iniciar la resolución del contrato, de la que ya han sido informados los grupos políticos, la empresa y el comité de empresa. Al respecto, la alcaldesa ha subrayado que la continuidad del servicio “está garantizada” y “Santander va a tener la limpieza que se merece”.
Igual ha afirmado que antes de adoptar esta decisión desde Medio Ambiente se han mantenido “muchas reuniones” con la empresa para intentar subsanar las deficiencias y mejorar el servicio pero se ha llegado a un punto en el que los servicios técnicos “nos abocan a la resolución del contrato”.
Un proceso que se inicia hoy con la aprobación inicial de la Junta de Gobierno local y que continuará con el plazo de alegaciones de la empresa. Además, antes de la resolución definitiva, deberá emitir un informe el Consejo de Estado, que no es vinculante pero sí preceptivo, con lo que se estima que el proceso pueda prolongarse unos cinco meses, tres de ellos por los trámites municipales.
Mientras tanto, la empresa seguirá prestando el servicio, que se pagará mensualmente en función de lo realizado, es decir, que podrá haber quitas o mermas en el pago en función de lo realmente ejecutado, como por ejemplo ha sucedido en los dos últimos meses.
A preguntas de la prensa sobre la eficacia del control público dado que han pasado ocho años y los incumplimientos se iniciaron ya el primer año de contrato, Igual ha dicho que “se podría haber hecho antes” --el inicio de la resolución-- pero ha subrayado que “no es que no se haya hecho nada” pues se han abierto 24 expedientes, que sumados a los recientes informes de Intervención y técnicos han llevado a adoptar esta decisión, basada tanto en las sanciones acumulativas como en incumplimientos de obligaciones contractuales “sustanciales”. “Los contratos se tienen que cumplir y la empresa no lo está cumpliendo”, ha remarcado.
Igual ha avanzado que el Ayuntamiento ha comenzado a elaborar unos nuevos pliegos que atenderán “a las necesidades de la ciudad”, que “son otras diferentes de las que había hace ocho años”, y que estarán centrados en la calidad del servicio en la calle y en el control de la empresa adjudicataria.