Los vecinos del barrio de Corbanera no pueden más. Llevan años denunciando públicamente y ante todas las autoridades competentes la situación de “abandono y degradación” que vive la zona, con “la pasividad y el desprecio” del Ayuntamiento de Santander como respuesta.
Un amplio dossier al que ha tenido acceso eldiario.es recoge las decenas de escritos y peticiones de ayuda que han remitido a distintos departamentos del Consistorio o del Gobierno de Cantabria, así como a la Delegación del Gobierno, la Comisión de Peticiones del Parlamento, el Defensor del Pueblo, la Casa Real o, incluso, el Vaticano.
Más de dos años después de las primeras denuncias ante la Policía Local, la Guardia Civil o la Policía Nacional, los vecinos de este enclave que se extiende desde La Maruca hasta El Bocal muestran su “más profunda indignación ante la dejación, pasividad, negligencia y desidia” de las autoridades ante las reiteradas denuncias sobre “asentamientos ilegales que ocupan la zona desde hace décadas”.
Y es que a las molestias de las caravanas, tiendas de campaña, casetas de todo tipo, remolques o inodoros sin ningún tipo de control sanitario, se le unen los fines de semana, sobre todo en temporada estival, las decenas de campistas que celebran macrofiestas, barbacoas o botellones hasta altas horas de la madrugada con los ruidos, los residuos y la suciedad como consecuencia más notoria.
Además, los afectados recuerdan que el abandono llega hasta el punto de que carecen de los mínimos servicios públicos, como farolas para alumbrar los caminos por la noche, una carretera en condiciones o puntos de recogida de basura, entre otras necesidades.
“A estas alturas, no espero nada del Ayuntamiento. Acudimos a ellos con ingenuidad, pensando que nos iban a ayudar, y hemos encontrado el más absoluto desprecio. Dicen que esto se ha hecho toda la vida y han permitido que se vaya de las manos. Se desentienden y no defienden nuestros derechos”, critica una de las propietarias con una vivienda en la zona más afectada, que prefiere no ser identificada para no sufrir el acoso de los que propician esta sensación de inseguridad que sufre desde hace años.
Pese a esta situación de indefensión, los vecinos confían en que “más pronto que tarde” haya una solución, un desenlace para “el calvario” en el que viven. Las múltiples peticiones de socorro han encontrado el respaldo de la Fiscalía, que ha aceptado a trámite una de sus denuncias. Ahora, esperan que llegue a buen puerto y los asentamientos ilegales y las prácticas insalubres que rodean sus fincas pasen a la historia.
“Tenemos fe en que, con todo lo que hemos hecho, alguien se acabe preocupando por nosotros. El Parlamento de Cantabria está al tanto de nuestros problemas y confiamos en el Defensor del Pueblo, en los agentes del Seprona, que nos han prestado mucha ayuda, y en que la Fiscalía consiga que se haga justicia por fin”, reclaman las víctimas de esta 'ciudad sin ley' que ocupa uno de los lugares más naturales y protegidos de Santander.
Precisamente, uno de sus escritos ante el Defensor del Pueblo ha provocado una primera reacción del Ayuntamiento de Santander, que ha recibido las protestas de los vecinos a través de esta vía y se ha comprometido a comprobar “si los motivos de la protesta son ciertos”.