La situación de cerca de un millar de familias cuyas viviendas tienen sentencia firme de derribo en Cantabria sigue estancada desde hace lustros. El boom inmobiliario y la proliferación de urbanizaciones en el litoral convirtieron a la comunidad en uno de los lugares con más afectados por la mala gestión del suelo durante la burbuja del ladrillo. Las distintas soluciones que se han planteado desde las administraciones públicas se han encontrado reiteradamente con el freno de los tribunales, que exigen un calendario definitivo para el derribo de estos inmuebles, que no cuentan con las autorizaciones pertinentes y están amenazados por la piqueta.
Por eso, y pese a las continuas promesas de los responsables políticos, la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que engloba a los afectados por sentencias de derribo en Cantabria, ha pedido de nuevo que “se clarifique de una vez por todas” la situación en que se encuentran, tras conocer en los últimos días que los municipios de Argoños y Escalante darán luz verde al proceso que permitirá la demolición de 287 viviendas, 255 en el primer ayuntamiento y 32 en el segundo.
Así lo ha advertido el portavoz de AMA, Antonio Vilela, tras mantener una reunión este lunes con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJC) de Cantabria, José Luis López del Moral. El encuentro se ha producido con motivo de una concentración que han secundado cerca de 200 personas frente a la sede judicial de Las Salesas, previa a otra que han celebrado ante el edificio del Gobierno autonómico, y donde han sido recibidos por la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos, y los directores de Medio Ambiente y Urbanismo, Miguel Ángel Palacio y Francisco González.
Vilela ha mostrado su “sorpresa” por la postura de los alcaldes de Argoños y Escalante al presentar el calendario de derribos y ha lamentado la descoordinación que, a su juicio, hay entre las instituciones. “Ante un mismo problema, todas las administraciones tienen que dar idéntica respuesta, más cuando tienen una responsabilidad grande en los derribos”, ha recordado el portavoz de los afectados.
Al respecto, el presidente de AMA ha contrastado que mientras el Gobierno es partidario de suspender la ejecución de los derribos, algunos ayuntamientos presentan calendarios para las demoliciones, cuando todos habían manifestado que la solución a los requerimientos de los tribunales era la aprobación de nuevos planes generales de ordenación urbana.
Además, Vilela ha considerado que la justicia ha sido “tremendamente beligerante con cualquier solución planteada”, y ha recordado al respecto la postura de la Sala de lo Contencioso del TSJC con las autorizaciones provisionales, aprobadas la pasada legislatura para tratar de evitar los derribos hasta la aprobación de los nuevos planes urbanísticos municipales, una figura que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional y que fue anulada posteriormente.
Mientras, los afectados insisten en su postura, que pasa por que “se legalice lo que se pueda legalizar” y “se indemnice al resto de propietarios” al precio que marca el mercado. “No puede ser que el que no es culpable esté, años y años, pidiendo justicia, mientras que los culpables están en las playas y disfrutando”, ha sentenciado Vilela.
“Víctimas inocentes”
En una comparecencia ante los periodistas, la vicepresidenta de Cantabria y responsable de Medio Ambiente ha asegurado que el Gobierno bipartito PRC-PSOE “defenderá los intereses y el patrimonio de los afectados”, a los que ha calificado como “víctimas inocentes” de “una situación que no han provocado”.
También ha informado a los propietarios de estas viviendas de que ha mantenido una reunión con el alcalde de Escalante, Juan José Alonso (PP), quien le había manifestado que el escrito que el Ayuntamiento había remitido a los tribunales (el calendario de derribos) “no era lo acordado”, por lo que se iba a enviar uno nuevo, en línea con la postura del Gobierno autonómico, algo que los miembros de AMA confían que haga también el Consistorio de Argoños.