Cantabria invertirá 30 millones en crear hasta 2027 un mínimo de 650 nuevas plazas en residencias para dependientes
La Consejería de Política Social elabora un estudio en el que prevé cubrir las lagunas de atención en municipios y crear entre 173 y 666 nuevas plazas en centros de día
La población de Cantabria no solo se reduce sino que envejece. Se calcula que en 2027 habrá 30.000 cántabros menos y los que queden tendrán una media de edad más alta. La estimación es que en ese horizonte, el número de ciudadanos vulnerables -mayores y dependientes- crecerá en un millar, hasta alcanzar los 22.000, de los que la mitad tendrán más de 80 años.
Pese a que la pandemia de la COVID-19 se ha cebado con el colectivo de los mayores, las autoridades cántabras han planificado unas necesidades en materia de Dependencia al alza, una vez se estabilice la situación y se despeje el miedo a ingresar en una residencia que es lo que ahora está produciendo un descenso en la demanda de plazas. Sin embargo, esta situación es coyuntural y la Consejería de Política Social, cuya titular es Ana Belén Álvarez (PSOE), ha estudiado las necesidades que se van a generar a medio plazo y ya se prevé una inversión de 30 millones de euros para darle respuesta.
Según el 'Mapa de Recursos de Atención a la Dependencia. Estimación de necesidades hasta 2027', en los próximos años se crearán un mínimo de 650 plazas residenciales para mayores de 65 años y un máximo de 3.230. Aplicado a la oferta de plazas en centros de día, se van a habilitar un mínimo de 173 más y un máximo de 666. El coste de esta adaptación a las necesidades futuras se ha estimado en 30 millones de euros, a razón de cinco millones suplementarios cada anualidad.
La horquilla en ambos casos oscila según los dos escenarios que se han previsto: el primero, más cauto, prevé aplicar a toda Cantabria el nivel medio de calidad de servicio que se prestaba en 2019 y que estaba descompensado en el reparto territorial; el segundo escenario, asume los objetivos de las grandes instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, y establece unos recursos de excelencia que den respuesta al 5% de la población dependiente mayor de 65 años, que es la proporción más plausible.
El estudio permite intervenir en aquellas comarcas con déficits de plazas y servicios. De este modo, las nuevas plazas irán a aquellas comarcas con más demanda potencial o desatendida. Se priorizará así las zonas de Santander, Marina de Cudeyo (Rubayo), Medio Cudeyo (Solares), Alto Asón (Ramales), Costa Oriental (Castro Urdiales), Bajo Pas (Polanco y Miengo) y Altamira (Santillana del Mar y Cartes). En el caso de que las posibilidades lo permitieran, se ampliará este plan de extensión a Bezana, Camargo, Miera-Pisueña (Castañeda y Penagos), Agüera-Bajo Asón (Colindres, Guriezo y Liendo), Trasmiera (Bareyo y Ribamontán al Mar) y Astillero-Villaescusa.
Esta expansión también afectará a las plazas en centro de día. Todas las nuevas residencias tendrán uno y se promoverá la implantación en las zonas de Santander, Camargo, Piélagos, Trasmiera y Altamira.
Se dispara ayuda a domicilio y teleasistencia
Una de las lecciones aprendidas con la COVID es el cambio de la demanda de residencias. Los dependientes cada vez más buscan atención en sus domicilios, que es más cara, o que las residencias se parezcan a una vivienda, con reducido tamaño (60-80 plazas) y cierta libertad. Una de las consecuencias de este cambio es que la asistencia a domicilio y la teleasistencia experimentarán un impulso importantes.
Se calcula que en 2027 habrá 1.900 nuevos usuarios de la Ayuda a Domicilio (actualmente son 3.300) y de 6.000 más en cuanto a usuarios de teleasistencia (actualmente hay 2.162). Se estima en cuanto a costes, que tres horas de atención domiciliaria diaria equivalen a una plaza mensual en residencia.
Todos estos cálculos tendrán su traslación en la generación de empleo. Se estima que con cada 100 usuarios más que se incorporen a la atención a la Dependencia, se generarán 60 puestos de trabajo, de ahí que, entre otras razones, la consejera y el director general de Política Social, Julio Soto, consideren una inversión y no un mero gasto los recursos que a ella se destinen. Actualmente el sector genera 6.000 empleos en Cantabria, parte de ellos vinculados a las 2.000 plazas en residencias privadas que existen. No se descarta que en los próximos años se pueden generar hasta más de 12.000 puestos de trabajo, de un empleo deslocalizado que contribuye además a fijar población en el medio rural.
Sobre la existencia de vacantes en residencias en todas las áreas de Cantabria -92 en total- y el hecho de que coexistan con lista de espera -119 personas-, el responsable de Políticas Sociales ha explicado que se debe a que los demandantes optan a un centro concreto, ya que por ejemplo en la zona de Torrelavega aguardan diez usuarios una plaza y la oferta se concentra en Potes, donde hay 90 disponibles y solo una tercera parte son públicas, además.
Ante este fenómeno, que también se produce con los centros de día, ha opinado que una persona debería formar parte de esa lista cuando la administración no le ofrece una plaza o lo hace pero en un lugar muy distante de su domicilio.
Mayor aportación económica del Estado
A partir de este año, y al menos durante dos más, el Estado aportará mayor financiación a Cantabria para financiar la Dependencia, uno de los talones económicos del sistema que hacía recaer sobre las espaldas del Gobierno de Cantabria lo que el Gobierno central debía aportar y no aportaba en su totalidad.
En 2020 la financiación estatal para la Dependencia cántabra fue de 17 millones de euros. La aportación que se espera en los próximos tres años, incluido 2021, es de 28 millones de euros anuales, un incremento fuerte que está sustentado en el plan de choque para el sector que ha establecido el Gobierno de Pedro Sánchez y que está dotado para toda España con 600 millones de euros.
Cuando se aprobó la Ley de Dependencia en 2006, la cofinanciación corría a partes iguales entre el Estado, las comunidades y los beneficiarios a través del copago. No obstante, la proporción entre la Administración central y autonómica no ha sido “absolutamente asimétrica”, según Julio Soto, debido a la crisis, de modo que la primera ha venido aportando en torno al 20% y la segunda, sobre el 80%.
Sin embargo, debido al 'plan de choque' por la COVID que contempla partidas específicas, Cantabria recibió el año pasado de las arcas centrales 17 millones, a los que se sumarán los 28 previstos este ejercicio y la parte que corresponda de los 600 millones contemplados para el próximo 2022, para continuar así incrementando la aportación del Estado a Cantabria, ha valorado la consejera.