El Gobierno de Cantabria aprobará el Plan de Emergencia Social de la comunidad autónoma antes de que finalice 2005, una propuesta integral con el que pretende dar solución a los problemas de vivienda, alimentación, suministros básicos e inserción laboral de las cerca de 160.000 personas que viven actualmente en riesgo de pobreza o exclusión en la comunidad autónoma.
Según ha explicado la vicepresidenta del Ejecutivo, Eva Díaz Tezanos (PSOE), tras presidir la constitución de la comisión integrada por diferentes departamentos del Gobierno y la Federación de Municipios de Cantabria, este plan atenderá especialmente a los menores y trabajará en coordinación con los servicios sociales de los ayuntamientos y las organizaciones sociales para combatir la “situación dramática” en la que viven muchos ciudadanos.
En la reunión celebrada este lunes se ha estudiado un primer borrador de ese documento, y a lo largo de los dos próximos meses los diferentes departamentos del Ejecutivo que forman parte de la comisión definirán medidas concretas que se estudiarán en un próximo encuentro a finales de octubre y darán forma al plan definitivo que el Gobierno prevé tener listo a finales de noviembre, para ser posteriormente aprobado por el Consejo de Gobierno antes de que concluya el año.
Díaz Tezanos ha insistido en que este Plan responde a una prioridad del Ejecutivo que lidera junto a Miguel Ángel Revilla (PRC), que así lo incluyó en su Pacto de Gobierno, y a los datos que muestran que 160.000 personas están en riesgo de pobreza o exclusión social y 120.000 ya están por debajo del umbral de la pobreza en Cantabria.
“Estos datos nos han llevado a ponernos en marcha inmediatamente, aunque algunas medidas que ya hemos tomado en el ámbito de servicios sociales y otras, que afectan a la Renta Social Básica y a las ayudas de Emergencia Social, las incluiremos en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de Cantabria del próximo año”, ha precisado la vicepresidenta.
“Queremos fundamentalmente ser capaces de dar un vuelco en la situación actual y, sobre todo, volver a una concepción de los derechos de ciudadanía y no de beneficencia o caridad”, ha afirmado durante su comparecencia ante los medios de comunicación.
Batería de medidas
La vicepresidenta ha explicado que el primer bloque de medidas supondrá la creación de una Red de Apoyo a personas y familias afectadas por la crisis “para canalizar todos los recursos existentes y que así lleguen con mayor rapidez a las 160.000 personas que viven en esta situación”, y ha anunciado que el próximo 14 de octubre se convocará el Consejo Regional de Servicios Sociales que tendrá un papel relevante en este proceso.
Además, para garantizar unos ingresos mínimos a las familias, se revertirán todas las modificaciones que el anterior Gobierno incluyó en la regulación de la Renta Social Básica y se volverá lo recogido en la Ley de Derechos Sociales de Cantabria, “reduciendo burocracia, tiempos de espera, aumentando la dotación de la renta y con mayor coordinación con los servicios sociales de los ayuntamientos”.
Díaz Tezanos ha explicado que, en lo que se refiere a la Renta Social Básica, el Gobierno también quiere poner en marcha los convenios de incorporación social porque “son un instrumento fundamental para la promoción social y laboral de estas personas” y que se tendrá en cuenta el interés superior del menor siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea a los estados miembros.
El anteproyecto del Plan incluye además la puesta en marcha del Programa de Garantía de Suministros Básicos, el de Garantía Habitacional y el Programa de Garantía Alimenticia, mediante bonos para la adquisición de productos frescos y de primera necesidad a través de la Red, el refuerzo de las becas de comedor en colegios, y la apertura de comedores sociales en algunos ayuntamientos.
Con el cuarto bloque de medidas, el Gobierno quiere garantizar el acceso a la salud de estas personas, facilitando el acceso a medicamentos y otros productos sanitarios a pacientes crónicos o dependientes, y poniendo en marcha un programa de acompañamiento en hospitales y servicios de urgencia a personas en situación de mayor vulnerabilidad.
Para mejorar la integración laboral de las personas en situación de emergencia social, el Ejecutivo mejorará los programas de inclusión social, pondrá en marcha servicios de apoyo técnico y formación, y además incluirá cláusulas sociales en la contratación pública.
El Plan prevé también la puesta en marcha de un Fondo de Solidaridad que canalizará todas las iniciativas de solidaridad de la sociedad civil, empresas y entidades públicas, y para abordar la pobreza infantil el Ejecutivo pondrá en marcha una Red Centinela, en colaboración con los servicios sociales de los ayuntamientos y los centros docentes, que dé aviso inmediato de cualquier situación de vulnerabilidad que detecte en menores.