Cantabria presenta unos presupuestos para 2023 que rompen el umbral inversor de los 500 millones de euros

El Gobierno de Cantabria ha preparado para 2023 unas cuentas presupuestarias en las que prevé reducir un 4% la deuda, incrementar el global de gasto en un 4,91% y aplicar una política fiscal que facilite deducciones a los contribuyentes con menos renta por importe global de 16,5 millones. Esta en apariencia cuadratura del círculo la va a conseguir el departamento de Economía y Hacienda que dirige Ana Belén Álvarez (PSOE) con los 194,3 millones de fondos europeos que se esperan recibir, así como a un incremento de las aportaciones del Estado mediante la aplicación de un sistema de financiación autonómica que tiene a Cantabria como una de las grandes beneficiarias.

La consejera socialista ha informado este jueves que con un presupuesto de 3.504 millones de euros, 163,9 millones más que en 2022, se va a conseguir un registro histórico de inversión pública que supera la barrera de los 500 millones de euros, mientras, simultáneamente, se reduce el nivel de deuda para que esta acabe en el 21,1% de los ingresos, un 4% a la baja.

Traducido en cifras, en 2023 se destinarán 423 millones de euros para cumplir las obligaciones financieras de Cantabria (amortizaciones e intereses de la deuda), mientras que la inversión pública totalizará un gasto de 504 millones, lo que “jugará un valioso papel en la recuperación”, ha señalado Álvarez. El déficit previsto a 31 de diciembre de 2023 será del 0,3%, en sintonía con las tasas de referencia del déficit público de la UE.

El sudoku de la inversión y la deuda se complica más con una rebaja fiscal que beneficiará a 127.000 cántabros que podrán descontar de su declaración de la renta 100/200 euros (si declara individualmente ingresos hasta 30.000 euros o conjuntamente hasta 40.000 euros), lo que supondrá una minoración de los ingresos públicos de 16,5 millones de euros. 15.500 contribuyentes cántabros podrán alcanzar, además, un máximo deducible, por todos los conceptos, de 470 euros.

Asimismo, el Gobierno cántabro ha previsto dotar con 14 millones de euros un Plan de Contingencia que nace ante la incertidumbre que puede deparar el próximo año en un contexto inflacionario y de guerra en Europa. Pese a este contexto incierto, el Ejecutivo que preside Miguel Ángel Revilla (PRC) pretende cerrar el próximo año con un crecimiento de la economía entre el 1 y el 2% y una reducción del desempleo cifrada en el 0,6%.

“El camino de Cantabria dependerá de la guerra de Rusia con Ucrania y de la crisis energética. En ese entorno complejo cobra importancia el Gobierno de Cantabria a la hora de elaborar unas cuentas públicas que prioricen el Estado del Bienestar”, ha comentado la consejera.

Presupuestos sociales

La consejera ha defendido las cuentas elaboradas por su departamento como un “presupuesto social, inversor y realista”, que mira al futuro reduciendo la deuda pública y mejorando las políticas sociales, con una política fiscal beneficiosa para los que más lo necesitan.

El 64% del presupuesto, dos de cada tres euros, será absorbido por los departamentos que integran el Estado del Bienestar: sanidad, educación y políticas sociales. Serán 2.435 millones los destinados a financiar políticas de área social. La cifra más alta de la historia, ha comentado Ana Belén Álvarez, con un crecimiento de 6,7%.

El maná presupuestario afectará a todas las consejerías, todas las cuales verán crecer sus dotaciones, pero en especial la propia Economía, de quien dependerá el Fondo de Contingencia antes mencionado; e Industria y Turismo, que crece en 18,1 millones de euros, un 13% más, hasta alcanzar 157,5 millones. Sanidad dispondrá de 60 millones más; Educación, otros 30; y Empleo y Políticas Sociales otros 24 millones más.

Cantabria recibirá el próximo año a través del sistema de financiación autonómica 2.225 millones, más de un 12% de incremento. La diferencia entre este porcentaje y el 4,91% de aumento global presupuestario se deduce de que en 2023 Cantabria ya no ingresará partidas extraordinarias como fueron las recibidas por el impago del IVA de 2017 y los 44 millones pendientes de Valdecilla.

Los ayuntamientos recibirán más de 116 millones de euros a transferir por la Administración regional.