La Consejería de Educación de Cantabria mantiene de 'retén' un lote de 477 pizarras digitales interactivas a la espera de clarificar los criterios de reparto entre los colegios de la educación concertada. Desde el departamento que dirige Sergio Silva (PP) se asegura que todos los centros públicos las recibirán, si bien hace meses se decidió no repartirlas en las clases de escolares por debajo de ocho años apelando el “efecto negativo” que tendrían las pantallas en su desarrollo. Son esas pizarras retenidas las que se pretende asignar ahora, aunque sin aclarar la fórmula para el reparto.
La compra con 10,8 millones de euros de fondos europeos de cerca de 3.000 pizarras digitales generó una amplia polémica entre partidos, comunidad educativa y sindicatos de Cantabria, que reclamaban el envío a los centros públicos del material previsto y sobre el cual se habían programado las actividades educativas.
Desde la Consejería se considera ahora que no ha habido cambio de criterio para asignar material a la concertada y se reafirma en los criterios pedagógicos: “Evitar contribuir a la sobreexposición a pantallas digitales del alumnado por debajo de 3º de Educación Primaria y cumplir con las finalidades y criterios recogidos en la Resolución de la Secretaría de Estado de 10 de septiembre de 2021”, defienden los responsables de este departamento.
En el plan inicial había previstas entregas a 17 centros concertados con alumnado en situación de vulnerabilidad socioeconómica (uno de los criterios necesarios para entrar en el reparto), pero actualmente está sujeto a revisión, a expensas de un estudio sobre las necesidades educativas de los centros. Por lo tanto, no ha habido reparto a centros concertados todavía, ni fórmula jurídica para regular la asignación y la auditoría posterior que evaluará lo realizado, según la documentación consultada por elDiario.es y facilitada por la propia Consejería.
El programa cántabro de implantación consiste en la distribución de más de 3.000 pizarras digitales en 270 centros, una implantación financiada con 10,2 millones de euros por el Gobierno de España con cargo a financiación europea. El frenazo en seco que se hizo al reparto en el mes de noviembre causó gran malestar en los centros por cuanto se estaba empezando el mismo dentro del programa para la digitalización del sistema educativo.