Comienzan a depurarse las responsabilidades del 'caso Ecomasa-Nestor Martin'. Los promotores del proyecto Andrés de León y Jesús Lavín se han sentado este miércoles por primera vez en el banquillo de los acusados. Ambos están imputados por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, otro de estafa, un tercero por apropiación indebida y otro más por fraude en la percepción de subvenciones y ayudas públicas.
Bajo la gestión de León y Lavín, la fábrica de estufas que se instaló en el año 2012 en Camargo recibió 18 millones de euros del Gobierno de Cantabria y otros 3,2 millones procedentes del casi centenar de trabajadores despedidos en Teka, que a cambio de recolocarse cedieron sus indemnizaciones. En apenas tres años de actividad, la empresa ha aprobado dos expedientes de regulación de empleo y ha entrado, recientemente, en fase de liquidación.
El procedimiento judicial se ha incoado a instancias de una querella criminal presentada por los propios trabajadores el pasado mes de mayo, tal y como adelantó eldiario.es Cantabria. Los empleados siempre han sospechado que tanto el dinero que ellos aportaron como el invertido por el Ejecutivo autonómico se había destinado a otros fines, y no al funcionamiento de Ecomasa. “En tres años de actividad es imposible que se haya gastado aquí”, afirmaban por aquel entonces.
Sus sospechas se han confirmado después de conocerse la auditoría encargada por Sodercan, la empresa pública que posee el 30% del accionariado de la empresa. Según refleja ese informe, una gran parte de los más de 21 millones de euros se derivaron hacia un entramado societario creado por León y Lavín. Ante estos hechos, el Gobierno de Cantabria ha presentado en la Fiscalía una denuncia solicitando que abra una investigación
La vista celebrada en Las Salesas se ha prolongado durante más de dos horas. Un grupo de trabajadores ha increpado a su llegada a los antiguos gestores, a quienes han recibido al grito de: “¡Chorizos! ¡Devolvednos nuestro dinero!”. Y es que el ánimo entre sus filas está por los suelos después de que el Juzgado de lo Social haya rechazado su recurso solicitando que se declararan nulos sus despidos en Teka, una de las pocas esperanzas que tenían de poder recuperar los 35.000 euros que cedieron de media. Se sienten “engañados, estafados e hipotecados”.
En primer lugar ha declarado como testigo el vicesecretario del comité de empresa, José Manuel Ortíz, quien ha rehusado hacer declaraciones a los medios de comunicación a su salida de los juzgados. Por su parte, Lavín y León han negado haberse lucrado con este proyecto. Al contrario, han asegurado que han arriesgado su patrimonio. Ambos empresarios crearon la sociedad con 3.000 euros -el capital mínimo- y a lo largo de la actividad de Ecomasa han llegado a invertir 226.000 euros, frente a los más de 20 aportados por Gobierno y trabajadores. Y ante las preguntas de la parte demandante, se han acogido a su derecho a no declarar.
También ha declarado como imputada la exdirectora del Servicio Cántabro de Empleo con el anterior Gobierno del PP, María Ángeles Sopeña, en este caso por un supuesto fraude vinculado a los cursos de formación. Según denunciaron los trabajadores, fueron titulados por unos cursos que no habían recibido y por los cuales la empresa recibió unos 120.000 euros provenientes de la Unión Europea y del antiguo INEM.
La abogada de los trabajadores, María Teresa Ortíz, no descarta que en el proceso judicial -que se encuentra en fase de instrucción- puedan acabar imputados otros miembros del anterior Ejecutivo. En el Consejo de Administración de Ecomasa-Nestor Martin han estado representantes de Sodercan, entidad pública dependiente de la Consejería de Industria.