Los colegios profesionales de Geógrafos, Arquitectos, Ingenieros de Caminos y Agrónomos de Cantabria, así como la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) han cuestionado de raíz el proyecto eólico de El Escudo, que sin embargo ha superado la fase de la ponencia técnica de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) y se encuentra en rampa de salida para cumplimentar los trámites antes del inicio de su construcción.
Las alegaciones y reparos de los colegios profesionales no han prosperado, como tampoco las acciones de los colectivos vecinales, la propia Federación de Municipios de Cantabria o la Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria, entre otros, ni de vecinos particulares que pretenden paralizarlo. 20 kilómetros de pistas y carreteras junto a 25 aerogeneradores con una altura de un edificio de 50 pisos están a punto de convertirse en parte del paisaje de la puerta de entrada en Cantabria por el puerto de El Escudo, en la zona sur del territorio cántabro limítrofe con Castilla y León.
El parque eólico de El Escudo, que afecta a los municipios de Campoo de Yuso, San Miguel de Aguayo, Molledo y Luena, está promovido por Biocantaber, la sociedad que reúne a la compañía cántabra Ocyener, a Banco Santander y a Iberdrola. Y los reparos presentados y rechazados por la CROTU son de todo tipo: por la tramitación que se ha seguido, por la planificación en la que se sustentan, por los vestigios arqueológicos, medioambientales y paisajísticos que se ven amenazados y por el riesgo de empobrecimiento de la comarca.
El proyecto de parque eólico de El Escudo solo tiene aval político, principalmente del Gobierno de Cantabria, con el nuevo equipo de la presidenta María José Sáenz de Buruaga (PP), pero también con el respaldo de otras formaciones que lo tramitaron sin tapujos durante la pasada legislatura. Solo la oposición vecinal, de los diversos colectivos y de profesionales de todo tipo ha lastrado el proyecto, pero sin el éxito parcial que las movilizaciones han tenido en los valles pasiegos y que consiguieron elevar al Ejecutivo una propuesta unánime para que la comarca tuviera su exclusión eólica. Por el momento, el Ejecutivo no se ha pronunciado sobre esta solicitud y sobre los valles pasiegos aún pende la espada de Damocles del mapa eólico elaborado en la anterior legislatura.
En El Escudo hay movilización pero no el mismo resultado. Y todo ello, sin que medie una planificación de todo el territorio, ni energética, como elemento marco en el que tramitar el proyecto. La falta de un contexto normativo a escala cántabra facilita, precisamente, que los proyectos eólicos se desarrollen con trámites fragmentados y alegaciones que son respondidas habitualmente siguiendo el relato de las empresas adjudicatarias o concursantes.
Los votos particulares de los colegios profesionales, consultados por elDiario.es en el informe de tramitación de la CROTU, señalan las irregularidades ambientales y urbanísticas del polígono eólico, cuyos sondeos geotécnicos comenzaron el día 15 de noviembre. No obstante, la autorización de sondeos se encuentra demandada por la Plataforma en Defensa de la Cordillera Cantábrica ante el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Campoo de Yuso, y ha sido denunciada por la asociación Territorio Cántabro ante la Confederación Hidrográfica del Ebro, varias direcciones generales del Ministerio de Transición Ecológica, la Dirección General de Montes y Biodiversidad del Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Campoo de Yuso.
Como ejemplo, el Colegio de Geógrafos de Cantabria despacha el proyecto de forma contundente: “simple, por la elección del procedimiento; barato, por la escasísima documentación requerida; opaco, por las carencias con que se resuelven los informes de la Dirección General de Urbanismo y la falta de consideración hacia al proceso de participación; y superfluo, por la irrelevancia a la que los nuevos responsables de la Consejería han relegado la opinión de los vocales independientes que formamos parte de la CROTU”.
El procedimiento al que se refiere es el artículo 116 de la Ley del Ordenación del Territorio, un artículo pensado para viviendas unifamiliares y negocios turísticos, no para parques eólicos. “Como el Colegio de Geógrafos ha dicho en reiteradas Ponencias y CROTU, entendemos que tramitar el expediente de autorización de un polígono eólico de 25 aerogeneradores, líneas de evacuación, dos subestaciones y carreteras de acceso, mediante el artículo 116 de la Ley 2/2001, carece del mínimo respaldo urbanístico”, señala en su alegación, en la que también añade: “El artículo 116 es un instrumento que regula la autorización de construcciones propias del suelo rústico y, excepcionalmente, de viviendas unifamiliares y negocios turísticos. Si comparamos con las instalaciones que se solicitan en este expediente, la magnitud del polígono eólico de El Escudo sobrepasa la escala de cualquiera de los expedientes autorizados desde la entrada en vigor de la ley”.
La falta de un planeamiento-marco es una de las claves del problema para este organismo. “En la actualidad, Cantabria carece de un plan estratégico energético; se está tramitando el Plan de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma de Cantabria (PSEC 2021-2030) que deberá sustituir al PSEC 2014-2020 cuyo periodo de vigencia finalizó hace ya tres años”.
Si los geógrafos son contundentes, el Colegio de Agrónomos de Cantabria no se queda atrás. Lisa y llanamente critican que las respuestas a las alegaciones las haga la empresa promotora, por boca del Gobierno de Cantabria. También critica que se tramite el proyecto sobre la base de una legislación pensada para otro tipo de construcciones en el medio rural, caso de “una nave ganadera”.
“Las alegaciones han sido en su totalidad desestimadas en base al argumentario de la empresa concesionaria, Biocantaber. Todas. No hay una sola de las alegaciones de los afectados que se haya aceptado. Este proyecto trata de la creación de un parque industrial en plena sierra de El Escudo. La dureza de la actuación se puede acreditar mediante la previsión de ejecución de unos 20 kilómetros de pistas e instalación de 25 aerogeneradores de 150 metros de altura (equivalente a un edificio de una 50 plantas), además de las instalaciones complementarias. Por ello, puede considerarse que en realidad se trataría de un sistema general y su tramitación debería llevar otro camino y no remitirse a una autorización según el artículo 116 de la Ley de suelo de Cantabria 2/2001, similar a una vivienda, o una nave ganadera. Su tramitación debería ser a través de un Plan Especial”, insisten.
“Recientemente, la CROTU ha denegado autorización para la construcción de una nave ganadera en Viaña de Cabuérniga 'por no adaptarse al terreno'. Una nave pequeña, para que el ganadero pueda seguir con su actividad y cumplir con la normativa sectorial en un lugar donde la actividad agropecuaria es la única actividad económica, ganadería de vacuno extensivo que, además, de producir alimentos presta numerosos servicios ecosistémicos gratis: mantiene el paisaje, limpia los bosques, conserva la cultura ancestral. También se podría declarar de interés social. Y, dicho sea de paso, se adapta perfectamente al terreno. Es decir, esta actividad tradicional y perfectamente adaptada al entorno (y al terreno) y propia de ese lugar no se autoriza, y esta [por el parque eólico], que no tiene nada que ver con el entorno, en aras a una declaración de interés social, sí puede ser, pese a que de ninguna manera se adapta al entorno ni es aceptada por las personas que viven allí, que ven afectados su patrimonio, su vida, y en algunos casos, su salud, sin que nadie lo tenga en cuenta”, ejemplifica la organización colegial.
Para el Colegio de Agrónomos, CROTU, técnicos de la Administración y ayuntamientos están “alineados” con las empresas y aplican un doble rasero a la hora de informar favorable o desfavorablemente un proyecto, “mostrando una falta de sensibilidad, conocimiento y reconocimiento hacia el sector primario que no parece tener límite, enfocando la mirada solamente hacia la urbanización del campo”.
El Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cantabria firman la misma reclamación al coincidir que el instrumento jurídico para desarrollar la tramitación no fue pensado para proyectos de magnitud como este eólico, sino para construcciones más sencillas en el medio rural.
“La utilización de un procedimiento previsto en la Ley de Cantabria 2/2001 (art. 116) para la autorización de casetos de aperos de labranza y otras construcciones relacionadas con el medio rural para la aprobación de un parque eólico se demuestra erróneo, ya que esa tramitación implica el necesario cumplimiento del planeamiento municipal, aspecto que no queda justificado en el expediente analizado” es el texto que aparece en el voto particular de los representantes de los Colegios de Arquitectos y de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en las sesiones de la Ponencia Técnica y Pleno de la CROTU.
Por su parte, uno de los puntos en que se detiene la Plataforma de Defensa de la Cordillera Cantábrica es la afectación de la instalación a vestigios históricos de singular categoría: “En relación al campamento romano del Mediajo Frío existen nuevos hallazgos de relevancia ya comunicados a la Consejería de Cultura los cuales dota de rasgos monumentales al yacimiento”. Añade que en “la incoación del expediente para declarar Bien de Interés Cultural los restos arqueológicos queda claro que debe haberse hecho previamente una delimitación del entorno protegido del área de castro”, al que atrevesará la línea de aerogeneradores.
Para este grupo, uno de los más combativos contra el parque, el proyecto viene viciado de origen con una tramitación deficiente. A su juicio, el trámite previo al estudio de la compatibilidad del proyecto con el suelo rústico ha sido ilegal. “Y por encima de todo, la inexistencia de Evaluación Ambiental Estratégica previa de, al menos, la totalidad de las actuaciones industriales eólicas en tramitación, evaluación exigida por el TSJC y el Tribunal Supremo al anular el dolosamente ilegal 'concurso eólico', 1.400 MW adjudicados a muchas de las empresas que ahora insisten en el atropello”, recalcan en sus alegaciones.
“En el presente expediente, sin que exista ningún tipo de planificación específica, y tras una tramitación administrativa de más de tres años, se pretende la implantación de un parque eólico por el mismo procedimiento del denominado art. 116 , propio de las instalaciones vinculadas al medio rural, sin que el uso pretendido sea admisible por la normativa municipal de tres de los cuatro ayuntamientos afectados. Por ese motivo el proyecto no puede aprobarse”, afirma a su vez la Federación de Municipios de Cantabria, también disconforme con el proyecto.
Asimismo, entiende que es necesario un plan especial para el desarrollo, ya que así lo estipula la legislación para los sistemas generales de suministro eléctrico. “Todo ello con carácter previo al otorgamiento de las licencias urbanísticas y de obras de los ayuntamientos”. Por tal motivo, la Federación, al igual que la mayoría de los colectivos anteriores, votó en contra de la aprobación del parque de El Escudo, que a pesar de ello sigue adelante con el impulso de la Administración autonómica que debe dar el visto bueno.
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