Tras la muerte del dictador se inició el proceso de democratización de la sociedad española, lo que conllevó la sustitución de los obsoletos instrumentos de control socio-políticos por otros más acordes a los nuevos tiempos. Entre otros muchos aspectos de interés puestos en solfa tras la nueva situación reaparecía -pues no era una cuestión nueva aunque lo pareciera por el tiempo que llevaba arrinconada- la cuestión territorial del Estado: cómo encajar los diferentes anhelos regionalistas y nacionalistas. No olvidemos que este tema se convirtió en uno de los caballos de batalla de los demócratas españoles para luchar contra el Estado opresor que soportaban durante demasiados años.
Fruto de todo esto, se incluyó en la Constitución española de 1978 la existencia de España como nación, junto con el reconocimiento de estatutos de autonomía para los diversos territorios del Estado. Como es bien sabido, esto se desarrolló a través de dos vías claramente diferenciadas: por un lado, las comunidades consideradas históricas (un reconocimiento a las reclamaciones más “fuertes” de Cataluña, Galicia y Euskadi, más la incorporación de Andalucía), a través del artículo 151, a quienes se les concedía mayores cotas de autogobierno y el reconocimiento de su singularidad cultural; por otro lado, el resto de las regiones, quienes irían por una vía más lenta y con menores reconocimientos, se acogerían al artículo 143 de la Constitución española. Por si la inclusión de Cantabria en este segundo grupo pudiera acarrear para alguien la sensación de un cierto fracaso, es preciso valorar el enorme esfuerzo que supuso su simple reconocimiento como autonomía, dadas las inercias “centralistas” o “castellanistas” existentes, no solo a nivel estatal, incluso en el propio ámbito regional.
Alianza Popular se posicionó claramente partidaria de la anexión con Castilla, UCD estaba dividida entre los partidarios de la permanencia en Castilla y los autonomistas, algunos de los cuales pertenecían a la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC). Desde la izquierda las posiciones estaban más claras, en general defendían la autonomía sin plantearse opciones nacionalistas de carácter más radical.
Las pretensiones de justificar la regionalidad de Cantabria a través de la historia han sido retratadas por la historiografía más reciente. Así, Jorge Cos Renedo en su artículo 'Políticas de la memoria y discurso identitario cántabro. La conmemoración del Día de las Instituciones', defiende que uniendo acontecimientos de los siglos XVI al XX “se intenta construir una memoria ad hoc, donde el rigor histórico es secundario, pues se pretende ritualizar una relación pasado-presente donde los antepasados son venerados por los que se muestran como sus sucesores legítimos en el autogobierno de Cantabria”. Para el profesor José Ortega Valcárcel, la Cantabria actual es “hija directa de la provincia de Santander, esto es, de la división territorial burguesa del siglo XIX. Cantabria resulta así una ”invención“[..] de la burguesía provincial: un evidente hallazgo y una novedad”. Y el propio Menéndez Pelayo en una nota enviada a la revista 'Cantabria' en 1907 decía: “Sin constituir verdadera región, tiene nuestra pequeña provincia tan peculiar fisonomía entre las de Castilla la Vieja, ofrece tantos rasgos distintivos en su topografía…”
La relación de Cantabria con Castilla ha sido históricamente la nota dominante, incluyendo los periodos republicanos, donde el regionalismo de Cantabria estuvo ligado a Castilla. No fue hasta la transición democrática del siglo XX cuando se apostó por una región autónoma; aunque a pesar de ello el Estatuto de Autonomía de Cantabria (1981) recogía la posibilidad de reintegración en Castilla, suprimida en la reforma de 1998.
La desarticulación regional era tal que, como el propio Suárez Cortina explicó en su libro 'Cantabria, de la tradición al nuevo estado liberal: el particularismo centrípeto montañés', abarcaba hasta el ámbito religioso, no lográndose una devoción única hasta que en 1906 se declaró la Bien Aparecida como la patrona de Cantabria y, a día de hoy, más en los papeles oficiales que en el sentimiento popular. “La Cantabria preliberal constituía un mosaico de jurisdicciones y territorios de difícil acomodo […] que solamente pudieron fundirse en el tránsito al nuevo régimen, cuando la provincia de Santander como capital dio por definitiva la unificación territorial y política bajo la hegemonía de la burguesía mercantil”.
En este contexto, la lucha por la autonomía de Cantabria se presenta como una obra titánica en la que el estancamiento de los sectores productivos, el descenso de la renta per cápita y la paulatina pérdida de incidencia en la economía española (según un estudio elaborado en 1976, Cantabria retrocedió del sexto puesto nacional en 1960 al duodécimo en 1975) pasaron a ser el motor más potente del sentimiento regional. “La creciente conciencia sobre la gravedad de la problemática económico-estructural de Cantabria […] va a crear un estado de opinión en la región que propiciará el paso a la reivindicación regionalista, como estrategia desarrollada para superar una situación de crisis y de desaliento”.
La reivindicación del concierto económico (tal como estaban negociando el País Vasco y Navarra) se convirtió en el núcleo aglutinador del sentimiento regionalista, a pesar de que nunca se lograse. La popularización de que Cantabria estaba siendo “ordeñada como una vaca” por el Estado central concitó un sentimiento regionalista anticentralista (que no antiespañolista o nacionalista) nada novedoso, salvo en su componente lácteo, como reclamo para cada petición autonomista en cualquier parte del Estado. La originalidad de las reclamaciones regionalistas no radicaba desde luego en su incuestionable pertenencia al Estado español, asunto nunca cuestionado, la novedad era su pretensión de caminar solos, sin compañía de ningún otro territorio, ni siquiera el castellano.
Así, junto a las reivindicaciones políticas y económicas, surgían las connotaciones identitarias regionalistas. Cantabria tenía unas señas de identidad y una cultura que le eran propias y, además, diferentes de las castellanas. Así pues se trataba de una entidad regional histórica. Aquí se redescubre la relevancia de las tradiciones y el folklore y adquieren protagonismo las fiestas regionales. El I Festival de Música Popular, celebrado el 26 de junio de 1977 en el Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega ante unas 10.000 personas, constituyó un “auténtico maratón de actuaciones exaltadoras de las peculiaridades regionales” (6) y el arranque de las actividades de ADIC, principal impulsor del reto autonomista de Cantabria.
Día de Cantabria
Este impulso prendió rápidamente en los distintos partidos políticos. Fruto de este “consenso” resultó la creación el 10 de agosto de 1977 del Organismo Unitario para la Autonomía de Cantabria (formado por FE(a), FE(i), FDP, ID, ORT, P Carlista, PCE, PSOE, PSOE(h), PSP, PTE, UGT, CCOO, CSUT, ADM, Cantabria Unida y ADIC). La presentación pública de este Organismo se hizo el Día de la Montaña de 1977 desde el balcón del Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, que como cada 14 de agosto se venía celebrando desde 1967 como iniciativa de un grupo de jóvenes y el entonces alcalde de Cabezón de la Sal, don Ambrosio Calzada, para exaltar las tradiciones populares de la región y que fue declarada como de Interés Turístico Nacional en 1972. ADIC acordó dirigirse a la corporación municipal solicitando el cambio de nombre por “Día de Cantabria”.
El documento del mes recoge el momento en que Mario García Oliva, miembro entonces de Izquierda Democrática, leyó un manifiesto en nombre de todos grupos que se iniciaba así: “Los factores geográficos, culturales, sociales y económicos que posee nuestro pueblo, definen Cantabria como una entidad regional con personalidad propia claramente diferenciada de los demás”. A su derecha, entre otros, podemos reconocer a ¿?; Agustín Gregorio Gómez Acosta (PTE); Benito Huerta (ID); Ambrosio Calzada (alcalde de Cabezón); ¿?; Félix José Martínez Churiaque (CSUT); Miguel Ángel Revilla (ADIC) ; ¿?; y Manuel González Morante? (ORT). A su izquierda, ¿?; Martín Silván (PCE); José López Coterillo (CCOO); Chelo Palacios (UGT); ¿?.
La conversión de Cantabria en comunidad autónoma uniprovincial se iba perfilando. La firma del 'Compromiso Autonómico' antes de las elecciones municipales de 1979 por parte de PSOE, PCE, PRC, PTE y ORT, sería el siguiente gran paso.
Tras la muerte del dictador se inició el proceso de democratización de la sociedad española, lo que conllevó la sustitución de los obsoletos instrumentos de control socio-políticos por otros más acordes a los nuevos tiempos. Entre otros muchos aspectos de interés puestos en solfa tras la nueva situación reaparecía -pues no era una cuestión nueva aunque lo pareciera por el tiempo que llevaba arrinconada- la cuestión territorial del Estado: cómo encajar los diferentes anhelos regionalistas y nacionalistas. No olvidemos que este tema se convirtió en uno de los caballos de batalla de los demócratas españoles para luchar contra el Estado opresor que soportaban durante demasiados años.
Fruto de todo esto, se incluyó en la Constitución española de 1978 la existencia de España como nación, junto con el reconocimiento de estatutos de autonomía para los diversos territorios del Estado. Como es bien sabido, esto se desarrolló a través de dos vías claramente diferenciadas: por un lado, las comunidades consideradas históricas (un reconocimiento a las reclamaciones más “fuertes” de Cataluña, Galicia y Euskadi, más la incorporación de Andalucía), a través del artículo 151, a quienes se les concedía mayores cotas de autogobierno y el reconocimiento de su singularidad cultural; por otro lado, el resto de las regiones, quienes irían por una vía más lenta y con menores reconocimientos, se acogerían al artículo 143 de la Constitución española. Por si la inclusión de Cantabria en este segundo grupo pudiera acarrear para alguien la sensación de un cierto fracaso, es preciso valorar el enorme esfuerzo que supuso su simple reconocimiento como autonomía, dadas las inercias “centralistas” o “castellanistas” existentes, no solo a nivel estatal, incluso en el propio ámbito regional.