La Fiscalía de Cantabria ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por uno de los vecinos afectados por el incendio de Tetuán en la que acusa al alcalde de Santander, Íñigo de la Serna (PP), de un presunto delito de prevaricación por omisión al incumplir la moción aprobada, el pasado mes de julio, por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento en la que se instaba al Consistorio a redactar una declaración institucional de apoyo a la treintena de familias que perdieron sus viviendas en aquel siniestro como consecuencia de la deficiente actuación de los servicios municipales de bomberos, así como a elaborar un protocolo de actuación para situaciones de emergencia.
El escrito remitido a la Fiscalía, al que ha tenido acceso eldiario.es Cantabria, comienza haciendo un repaso cronológico de los hechos desde que el 8 de octubre del año 2008 se produjera en la calle Tetuán una explosión de gas fortuita que, horas más tarde, desencadenó en un terrible incendio que calcinó dos inmuebles, los números 41 y 45.
Los afectados llevaron el caso a los tribunales al entender que se había producido una actuación negligente por parte de los servicios municipales de bomberos, una tesis que desde el equipo de Gobierno siempre han rechazado al entender que la actuación del cuerpo fue ejemplar, según ha asegurado en reiteradas ocasiones el alcalde.
Las discrepancias entre ambas posturas propiciaron un enfrentamiento entre el equipo de Gobierno municipal y los vecinos, que nunca han sentido el respaldo de su Ayuntamiento pese a que el trágico suceso les dejó en la calle y a muchos pagando la hipoteca de una casa que quedó pasto de las llamas. Es más, sostienen que han sido “pisoteados” por los responsables de la Administración local, tal y como relataron a este diario.
Así, el 18 de marzo de 2015, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander condenó al Ayuntamiento a indemnizar con cerca de 3 millones de euros a los 28 afectados como responsable patrimonial del suceso. La sentencia ratificó el planteamiento de los estudios encargados por los vecinos, estimando que los bomberos no limpiaron adecuadamente los rescoldos de la explosión de gas, lo que provocó el incendio, y, al mismo tiempo, cuestionó que no quedara ningún un retén de vigilancia. De este modo, el juez consideró probado que su actuación “no fue conforme al estándar”.
Pese al dictamen judicial, De la Serna continuó defendiendo la labor “ejemplar” de los bomberos, negando que hubiese habido negligencia en la extinción ni falta de recursos ni medios. Unas declaraciones que dejaron perplejos e indignados a los vecinos, cansados de un “calvario” que se prolongaba ya casi siete años.
Tras el fallo, el Grupo Socialista presentó ese mismo mes de marzo una moción al Pleno en la que instaba al Ayuntamiento a reconocer su responsabilidad en el siniestro y a pedir perdón a las familias. El PP, que gozaba de mayoría absoluta, tumbó la iniciativa acusando al portavoz del PSOE de “demagogia”.
Cuatro meses más tarde, después de las elecciones municipales que dejaron al PP gobernando pero esta vez en minoría, el PRC presentó de nuevo una moción que esta vez sí salió adelante por unanimidad y en la que reclamaba al equipo de Gobierno redactar un protocolo de actuación para situaciones de emergencia, así como “realizar una declaración institucional de apoyo a los afectados por el incendio”.
Tiempo “más que justo”
La denuncia señala que ha pasado un tiempo “más que justo y prudencial” para que los populares pudieran haber aprobado ya ese manifiesto que, según subrayan, “no supone para el Ayuntamiento ni consignar una partida presupuestaria extraordinaria ni modificar ninguna ordenanza vigente”. Además, destaca que en septiembre ya preguntaron en el pleno por los plazos sin obtener una respuesta satisfactoria y que en diciembre, incluso, entregaron un borrador.
De este modo, “está totalmente injustificada esta demora en su redacción y denota lo que llevo denunciando públicamente estos siete años: su falta de responsabilidad y humanidad ante este hecho tan grave acaecido bajo su mandato”, afirma el afectado apuntando al alcalde como máximo responsable de la Corporación.
Por todo ello, entiende que “cabe incurrir en responsabilidad por prevaricación en su modalidad de comisión por omisión”, ya que “es imperativo realizar una determinada actuación administrativa y su omisión tiene efectos equivalentes a la denegación”.
En un escrito con fecha de 26 de enero, la Fiscalía admite la denuncia a trámite y acuerda abrir diligencias de investigación contra el alcalde con el fin de esclarecer los hechos.