La futura planta de biogás de Hazas de Cesto acumula alegaciones en su contra

Ecologistas en Acción, Podemos y Cantabristas han presentado en los últimos días distintas alegaciones al proyecto de la empresa Verdalia Bioenergy para construir una planta de biogás en Hazas de Cesto.

Según Ecologistas en Acción, existen “deficiencias notables” para tramitar la Autorización Ambiental Integrada (AAI) para esta planta de tratamiento de purines y otros residuos para su transformación en biometano y biofertilizante orgánico.

Podemos también ha presentado alegaciones al proyecto de construcción de esta “macroplanta” al entender que “no es acorde con la Hoja de Ruta del Biogás del Ministerio para la Transición Ecológica, no tiene encaje urbanístico y pasa por encima de los intereses de los vecinos de la zona”

Por su parte, Cantabristas ha presentado una veintena de argumentos de tipo económico, ambiental, social, urbanístico y de ordenación del territorio para pedir la anulación y archivo del proyecto, dada también “la fuerte oposición vecinal tanto en el término municipal de Hazas de Cesto como en el municipio limítrofe de Ribamontán al Monte”.

Ecologistas en Acción

“De entrada, no mostramos oposición a la instalación de la planta de tratamiento de purines, pero sí que detectamos algunas situaciones anómalas en la tramitación de la AAI de la misma, como son la necesidad de que se someta al procedimiento de Evaluación Ambiental simplificada y se emita una nueva Resolución de la Administración regional donde se declare que el proyecto también es de interés social”, ha señalado Ecologistas en Acción en un comunicado.

Ecologistas en Acción ha argumentado que la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, recoge que entre los proyectos que han de estar sometidos a evaluación ambiental simplificada las instalaciones destinadas a la valorización de residuos (incluyendo el almacenamiento fuera del lugar de producción) que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial.

Sostiene que el proyecto “utiliza la misma documentación urbanística” que tramitó en su día otra empresa, Biofertilizantes Green Gass, presentando una resolución del Gobierno de Cantabria donde declaraba el interés social de la actividad de valorización de residuos en los mismos terrenos que el proyecto de Verdalia Bioenergy“.

Para Ecologistas en Acción, el nuevo proyecto “adolece de una falta de resolución urbanística propia que establezca el interés social, en los mismos términos que la otorgada para el proyecto de Biofertilizantes Green Gass”.

Por otro lado, entiende que para el acopio de purines y su traslado a la planta no se deben utilizar las carreteras locales de los municipios de Ribamontán al Mar y Ribamontán al Monte para acceder a las instalaciones por el trasiego de vehículos e impactos ambientales derivados de su paso por localidades de escasa población y en su lugar se deben utilizar vías de media y alta capacidad, de forma idéntica a las que se utilizan para el traslado de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) a la planta contigua de tratamiento de Meruelo.

Podemos

Podemos también ha presentado alegaciones al proyecto de construcción de esta “macroplanta” al entender que “no es acorde con la Hoja de Ruta del Biogás del Ministerio para la Transición Ecológica, no tiene encaje urbanístico y pasa por encima de los intereses de los vecinos de la zona”.

Para el partido, el proyecto “no cumple con la normativa urbanística, aporta una evaluación ambiental insuficiente y se olvida de los derechos de los vecinos de la zona”. Ha argumentado en un comunicado que “los promotores presentan una evaluación ambiental simplificada, justificando este hecho en que se trata de una planta de tratamiento de residuos”.

Sin embargo, según Podemos, “además de ser una planta de tratamiento de residuos, es una planta de producción de hidrocarburos, por lo que la evaluación presentada no se ajusta a los requerimientos legales”.

Además, señala que el proyecto “omite la obligación legal de situar los almacenamientos de residuos no peligrosos a una distancia superior a 2.000 metros de los núcleos de población”.

Para Podemos, la planta “no se ajusta” a la normativa urbanística de Cantabria al no cumplir con los requisitos necesarios para la construcción en suelo rústico. Según el partido, “el proyecto cuenta con una más que cuestionable declaración de interés social” y entiende que esta declaración por sí misma “no debería ser suficiente”.

En este sentido, ha recordado que, para eso, la Ley del Suelo prevé la figura del Plan Singular de Interés Regional (PSIR). En este sentido, señala que la Ley del Suelo de Cantabria establece que “cuando se proyecten sobre suelos que los planes y normas de ordenación territorial o urbanística o la legislación sectorial sujeten a un régimen incompatible con su transformación mediante la urbanización, los Proyectos Singulares de Interés Regional legitimarán los actos y usos específicos que sean de interés público o social o que hayan de emplazarse en el medio rural”.

El responsable de Medio Rural de Podemos Cantabria, Pablo Gómez, considera que “no es de recibo que en un proyecto de estas características la evaluación ambiental no tenga en cuenta que en el entorno existen viviendas”.

Para Podemos, la planta “genera muchas incertidumbres” ya que, a su juicio, “no se ajusta a un modelo de economía circular en el que el residuo se aprovecha y repercute de forma positiva en la economía de la zona, sino todo lo contrario”.

“Aquí ganará un fondo buitre, y es posible que el ganadero local termine pagando a la planta la retirada del abono y, además, tenga que comprar después el fertilizante”, ha argumentado.

Cantabristas

También Cantabristas ha presentado alegaciones al proyecto que se encuentra actualmente en fase de autorización ambiental. Así, la formación política ha indicado que ha presentado una veintena de argumentos de tipo económico, ambiental, social, urbanístico y de ordenación del territorio a partir de los cuales solicita la anulación y archivo del proyecto que recogen el sentir de “la fuerte oposición vecinal al proyecto tanto en el término municipal de Hazas de Cesto como en el municipio limítrofe de Ribamontán al Monte”.

Desde Cantabristas consideran que existen una serie de factores que ponen en cuestión la viabilidad de esta instalación, entre los que destacan “las importantes afecciones al entorno en cuanto al aumento del tráfico rodado, la gestión de los vertidos, malos olores, emisiones y contaminación atmosférica”, considerando que “no se han contemplado alternativas más razonables, como la puesta en marcha de instalaciones de tratamiento de purines de menor tamaño y que atiendan a una demanda específica del entorno”.

Desde la formación creen que “una instalación de estas características debería estar integrada dentro de una estrategia de transformación del sector primario hacia un modelo que priorice la ganadería extensiva y ecológica, frente al modelo de la concentración en grandes instalaciones ganaderas, que son las principales generadoras de los residuos para cuyo tratamiento se destinaría esta planta”.

Por otra parte, las alegaciones de Cantabristas apuntan también hacia el hecho de que la ubicación de la “macroplanta de biogás” está planteada en suelo rústico, “fuera de toda ordenación territorial y de las normativas municipales”.

Asimismo, señala a “la falta de motivación y justificación del interés social de la instalación, cuya aprobación se demoró más allá del plazo establecido”, en relación con la Declaración de Interés General y Utilidad Pública firmada en noviembre de 2021.