El Ayuntamiento de Torrelavega ha perdido la vía de expropiación para mantener sus instalaciones deportivas del complejo Óscar Freire tras rechazarse el recurso de apelación contra la orden de desahucio promovida por Snice, propietaria de los terrenos. Dado que no cabe nuevo recurso, el juzgado que resolvió en primera instancia dictará una fecha para ejecutar el desahucio, que también afecta a una sede de Amica (Padre Coll), según ha informado Iván Martínez, portavoz de ACPT en el Consistorio.
El Ayuntamiento de Torrelavega ha invertido hasta el momento cerca de cuatro millones de euros en dotar las instalaciones deportivas, por las que pasan miles de personas mensualmente y son uno de los principales recursos deportivos del municipio. La única vía que queda abierta para evitar el desmantelamiento es iniciar un proceso negociador con Sniace por el cual el Ayuntamiento pudiera seguir manteniendo el complejo a cambio de desarrollar el aprovechamiento comercial de los terrenos no productivos de la empresa, explica Martínez. Dicho aprovechamiento no supera el 20% de dichos terrenos, según se contempla en el Plan General de Ordenación Urbana, aprobado inicialmente la pasada legislatura.
El primer teniente de alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero (PSOE), ha confirmado que hay una línea de diálogo abierta con Sniace, sin entrar en el fondo de las conversaciones, aunque el concejal de Obras se muestra seguro de que no se tenga que cumplir la sentencia de desalojo del complejo deportivo Óscar Freire. “La postura municipal es hablar con Sniace”, ha dicho. “Independientemente de esa sentencia, el Ayuntamiento no ha dejado de hablar con Sniace”, por lo que “ha habido contactos y los va a seguir habiendo (...). Esperamos que no lo haga (por la ejecución del desahucio) y esperamos que fruto de esta diálogo, fruto del buen entendimiento que en este momento hay con Sniace, los alumnos y las personas que practican deporte lo puedan seguir haciendo”.
ACPT es muy crítico con el equipo de gobierno municipal y en concreto con su actual alcalde, Javier López Estrada, a quien acusa de no haber desarrollado el mandato del pleno de la Corporación (febrero de 2018) para agilizar los trámites de expropiación cuando era concejal de Obras.
“El Ayuntamiento de Torrelavega interpuso este recurso para ganar el tiempo suficiente para poder acometer la expropiación en tiempo y forma”, asegura Martínez. “Pero el responsable político de esta operación, Javier López Estrada, entonces concejal de Obras y hoy alcalde de la ciudad, no ha mostrado ningún tipo de diligencia ni interés por llevar a cabo este acuerdo plenario de expropiación de febrero de 2018”.
ACPT considera que el alcalde de la ciudad es más partidario de desarrollar la vía negociadora con Sniace para el desarrollo de suelo de uso terciario que explorar la vía expropiatoria “como si de un consejero más de la misma se tratase, en vez de un portavoz de la voluntad del pleno del Ayuntamiento”, apostilló Martínez.
La ocupación por el Ayuntamiento de los terrenos del Óscar Freire deriva de los acuerdos alcanzados en 1999 por los que la empresa compensaba de este modo la deuda que mantenía. Concluido el convenio, la cesión entró en un limbo, que concluyó cuando Sniace pidió el desalojo. Dado el carácter de equipamiento público que tienen las instalaciones, el Ayuntamiento optó por la vía expropiatoria, como así lo mandató el plenario. Transcurrido el tiempo, esta vía ha quedado sin desarrollarse y se abre un proceso paralelo: por un lado el juzgado dictará fecha para el desalojo mientras a nivel político puede llegarse a un acuerdo con la empresa promotora del mismo.
La sentencia de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial, de 19 de junio de 2019, aparte de desestimar íntegramente el recurso, impone las costas procesales al Ayuntamiento de Torrelavega. La sentencia recurrida fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Torrelavega que había declarado resuelto el contrato de arrendamiento entre Sniace y el Ayuntamiento de los terrenos correspondientes al polideportivo Óscar Freire y el edificio de escuelas de la plaza San Gil, por expiración del plazo contractual, y ordenó en consecuencia el desahucio de los mismos, informa ACPT.
“Está en estos momentos en grave peligro la continuidad de poder seguir utilizando el complejo Oscar Freire como una zona deportiva pública. Tenemos que tener en cuenta que este entorno es usado por más de un millar de niños y niñas semanalmente. Si el proceso de expropiación no se hubiese paralizado políticamente, en contra de lo manifestado por el Pleno, en estos momentos ya hubiese finalizado y estos terrenos serian de propiedad municipal”, ha concluido Iván Martínez.