El fracaso del aparcamiento privado de Mendicouague, un empeño personal del ahora ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, durante su mandato como alcalde de Santander, planea de nuevo sobre las arcas municipales. La empresa concesionaria ha entrado en fase de liquidación y el rescate millonario con dinero público por parte del Consistorio es una opción más que probable.
Así al menos lo entienden los partidos de la oposición, que han salido en tromba a criticar la “chapuza con la marca PP” de un parking en el que la constructora invirtió 7,5 millones de euros a cambio de una concesión a 50 años. Esta infraestructura abrió sus puertas en diciembre de 2013, con solo 5 de las 405 plazas disponibles vendidas, y apenas tres años después se encuentra en una “situación insostenible” por su escasa demanda.
El equipo de Gobierno del PP, sin embargo, sigue defendiendo la utilidad del parking, -que reivindica como “una demanda de los propios vecinos, a pesar de las múltiples protestas en su contra durante los meses previos a su construcción- y asegura que los servicios jurídicos municipales consideran que ”no procede resolver el contrato de concesión“.
De hecho, la Junta de Gobierno Local ha acordado este miércoles dar traslado al Juzgado de lo Mercantil número 1 y a la administración concursal de las conclusiones del informe emitido por los técnicos del Ayuntamiento, que establece que la situación de liquidación de la empresa, APARCAMIENTO MENDICOUAGUE S.L., no exime del cumplimiento del contrato.
El informe jurídico, del que ha informado el Consistorio en un comunicado, señala que “no procede la resolución del contrato puesto que existen otras empresas adjudicatarias y suscriptoras del contrato, que están obligadas solidariamente a cumplirlo y que ni están en situación de insolvencia ni les es transmisible la situación de la empresa concursada”.
Tal como figura en el contrato formalizado en octubre de 2008, y a instancias de lo indicado por la Intervención municipal, las empresas SIECSA CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.A., ACTIUM S.L.U. y APARCAMIENTO MENDICOUAGUE S.L. “responden todas ellas de forma conjunta y solidaria de las obligaciones derivadas de dicho contrato”.
El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz, ha remarcado que, cuando se firmó el contrato, el Ayuntamiento tuvo la cautela de introducir ese requisito, de tal manera que, tanto la adjudicataria, como las dos empresas que constituyeron dicha sociedad, asumían el compromiso de responder “solidaria y conjuntamente” del cumplimiento del contrato.
“El rescate es irremediable”
A la espera de la decisión última de los tribunales, PRC, PSOE e Izquierda Unida han coincidido en que “el rescate es irremediable”. El portavoz del Grupo Municipal Regionalista de Santander, José María Fuentes-Pila, que fue el primero en denunciar los hechos, ha lamentado que el equipo de Gobierno haya optado por “no decir la verdad” sobre el aparcamiento de Mendicouague.
“La novedad es que la concesionaria ha iniciado su fase de liquidación y eso lleva, por ley y directamente, a la resolución del contrato, es decir, al rescate del aparcamiento”, ha afirmado Fuentes-Pila, para quien “si tenemos un teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras que no sabe eso, la anulación del PGOU podría ser el menor de nuestros problemas”.
Además, el regionalista ha lamentado que la alcaldesa, Gema Igual, a quien ha instado a “no esconderse ante la primera prueba política de su mandato”, no haya dado explicaciones “veraces e inmediatas” sobre una “chapuza que nos costará millones de euros”. “Creemos sinceramente que los santanderinos merecen una explicación directa y urgente de su alcaldesa, la responsable última de la gestión de este Ayuntamiento”, ha subrayado.
Gasto millonario
Según la normativa a la que alude Fuentes-Pila, el órgano de contratación, en este caso el Ayuntamiento, tendría que abonar al concesionario el importe de las inversiones realizadas por razón de la ejecución de las obras de construcción y la adquisición de bienes necesarios para la explotación de la concesión. A la hora de establecer la cuantía del rescate, se tendrá en cuenta el grado de amortización en función del tiempo restante para el término de la concesión.
“La cifra que se hizo pública fue de una inversión de 7,5 millones de euros y la concesión fue por cincuenta años, a contar desde la fecha de notificación del acuerdo de adjudicación, en agosto de 2008, por lo que restan más de cuarenta años”, ha explicado el portavoz regionalista, para quien, a falta de conocer los detalles, “queda claro que el rescate costará millones”.
Oposición vecinal
En la misma línea ha coincidido el secretario general del PSOE y portavoz municipal, Pedro Casares, que ha advertido además que otros aparcamientos subterráneos en Santander se encuentran “prácticamente vacíos” y pueden acabar en una situación “similar” a la que atraviesa el parking de Mendicouague.
Casares ha criticado en un comunicado que el aparcamiento de Mendicouague fue “un empeño personal” del anterior alcalde, Íñigo de la Serna, que “contó desde el principio con la oposición de los vecinos, los grupos municipales y las asociaciones”.
“Esta situación viene a confirmar lo que llevamos muchos años denunciando, que el PP ha convertido Santander en un gran aparcamiento privado en el que es prácticamente obligatorio pagar para aparcar”, ha criticado el líder socialista en la ciudad.
“Un fracaso más”
Por su parte, el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Santander, Miguel Saro, ha considerado que el pago del “rescate” del aparcamiento subterráneo de Mendicouague es “un fracaso más” del equipo de Gobierno del PP.
Saro ha indicado en un comunicado que “los vecinos ya expusieron en su momento que no era necesario dicho aparcamiento, e incluso grupos políticos y asociaciones hicieron frente a esta propuesta”. “Lo que ha quedado demostrado es que el PP no tiene ningún tipo de estrategia política en materia de movilidad urbana”.
Para IU, “lo peor” de este escenario es que “no se han solucionado los problemas de masificación y déficit de aparcamiento en la zona”, sumando ahora el pago al que todos los santanderinos tendrán que hacer frente por la quiebra de la empresa adjudicataria.