La construcción del Centro Deportivo de Monte parece el 'cuento de nunca acabar'. La UTE Montemar acumula ya más de cinco años de retraso en la ejecución de la obra, que debía haber concluido en el año 2010 y que, sin embargo, a día de hoy se encuentra varada y a medio realizar. Por el momento, el Ayuntamiento de Santander ha saldado este lustro de demora con dos multas que, en conjunto, no llegan a los 3.000 euros.
La última sanción ha sido aprobada el pasado 15 de noviembre por la Junta de Gobierno local y asciende a 1.800 euros por una infracción que ha sido calificada de “muy grave”, según recoge el documento al que ha tenido acceso eldiario.es Cantabria. El Consistorio santanderino ha optado por una sanción económica y ha rehusado emplear el derecho que le otorga el pliego de condiciones de rescindir el contrato a la UTE, que está formada únicamente por Copsesa, la sociedad del exalcalde de Ramales de la Victoria, Domingo San Emeterio (PP).
El expediente sancionador se inició el pasado 15 de agosto y ahora se han resuelto las alegaciones presentadas por esta empresa, las cuales han sido desestimadas. Los técnicos municipales rechazan que la tardanza en la construcción se deba al retraso en la aprobación del nuevo Plan General de la ciudad, como esgrimía la constructora, sino que lo achacan a la modificación del proyecto de edificación inicial llevado a cabo por los promotores.
“La presentación de un proyecto reformado y de una concreción de equipamiento con posterioridad a la concesión de la licencia, obedecen a la exclusiva necesidad de los actuantes de materializar un edificio diferente del aprobado y que no tiene cabida con el planeamiento anterior y, en menor medida, de subsanar errores cometidos durante la ejecución de la obra (por lo que se refiere a la modificación de la cota de planta baja)”, destaca el informe elaborado por el arquitecto municipal.
Al mismo tiempo, el instructor del proceso recuerda que el contrato fue firmado el 26 de marzo de 2009, aunque el acta de replanteo, que determina el inicio oficial de las obras, se retrasó hasta el 16 de marzo de 2012 por motivos que no se especifican. En cualquier caso, subraya que se ha sobrepasado el periodo establecido y cita literalmente lo que dice el pliego de condiciones al respecto: “El plazo máximo de ejecución de la totalidad de las obras en instalaciones interiores y exteriores será de 20 meses a partir de la fecha de su comienzo. Estos plazos no podrán ser objeto de demora bajo ningún pretexto (…)”.
Estos hechos son considerados como una “falta muy grave” que, tal y como recoge el artículo 22 del contrato, “podrá ser sancionada con multa de hasta 1.800 euros, y/o con la resolución del contrato”.
Se trata de la segunda sanción a esta empresa en lo que va de año por el mismo motivo, ya que el pasado mes de febrero fue multada por la administración municipal con 900 euros. En aquella ocasión, la única alegación presentada por la concesionaria aludía a que había actuado “de buena fe” y justificaba que el retraso en la finalización de las obras se produjo “por causa ajena a su voluntad”. En este sentido, alegó que una de las empresas que formaban la UTE, Excavaciones Saiz S.A., entró en concurso de acreedores y abandonó el proyecto, lo que ocasionó demora en la ejecución de las obras.