¿Podré acceder con mi coche al centro de Santander a partir del año que viene? ¿Necesitaré una etiqueta? ¿Cuáles son las calles que tendrán restricciones al tráfico?
En teoría los vehículos de gasolina con más de 20 años de antiguedad y los de díesel con más de 15 años no podrán acceder a las zonas de acceso restringido que en 2023 empezarán a implantarse en las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes. En Cantabria, son Santander y Torrelavega, aunque en lo que atañe a la capital, no habrá consecuencias por la sencilla razón de que los trabajos van muy retrasados. A tres meses de que acabe el plazo para definir en la capital cántabra una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la que se aplique la nueva Ley de Cambio Climático aún no se ha dibujado siquiera el perímetro afectado.
En todo caso, la respuesta a los interrogantes dependerá a quién se pregunte. Si se pregunta al legislador o a un burócrata de la Unión Europea, en 2023 muchos vehículos a motor no podrán acceder al centro porque la ley lo dice. Si se pregunta a un funcionario de Correos, organismo que vende las etiquetas para los vehículos al precio de cinco euros, quien no lleve una será multado a partir del 1 de enero. Si se pregunta al Ayuntamiento de Santander, la ZBE no estará operativa ese día porque antes de definir una zona hay que tomar mediciones, para lo cual se requieren sensores y programas informáticos, lo cual requiere financiación europea, la cual acaba de solicitarse. Si se pregunta a una organización ecologista, la respuesta será que, en la práctica, la ZBE no servirá para nada como no han servido para gran cosa las Áreas 30 de reducción de la velocidad del tráfico en la ciudad.
El objetivo de la ley es la descarbonización efectiva del tráfico en 2050, siguiendo el patrón marcado por Europa. Sin embargo, en Santander la información sobre los planes brilla por su ausencia hasta el punto de que el portavoz del equipo de gobierno, Javier Ceruti (Cs), reconoce públicamente desconocer la situación actual, remitiendo a los populares, competentes en el área de Movilidad Sostenible, para cualquier inrfomación
El tráfico emite diversos tóxicos al aire que respiran los ciudadanos. Los tubos de escape liberan dióxido de nitrógeno (NO2) o micropartículas (PM 2,5 o PM 10). Además, los gases del tráfico provocan que la radiación solar reaccione sobre ellos para dar ozono troposférico, otro agente lesivo para la salud humana.
Según la Ley de Cambio Climático, las Zonas de Bajas Emisiones deberían estar definidas y ser operativas antes de que acabe 2023. En Cantabria, dos ciudades de más de 50.000 habitantes, Santander y Torrelavega, están obligadas a hacerlo. Torrelavega tiene hechos los deberes con una zona definida; Santander tiene la asignatura pendiente a tres meses de concluir el año.
La Movilidad es competencia del PP en Santander y públicamente centra sus gestiones en la adquisición de dispositivos de control, recurriendo para ello a fondos europeos. Para la ZBE, ha solicitado la plataforma de gestión y control, una vez que en la primera convocatoria lo hizo con los sensores, “de modo que ahora pueda recoger los datos, analizar la evolución del tráfico y desplegar las acciones que fueran necesarias”, ha informado el concejal del área, César Díaz (PP). El presupuesto de esta iniciativa es de 380.028 euros, sin IVA, y Santander pide a Europa el 90%, 342.025 euros.
César Díaz, concejal de Movilidad Sostenible, defendió ante el pleno este jueves la postura de su Grupo, que es la de apoyar una petición de aplazamiento del calendario de implantación, al tiempo que se contrata una asistencia que examine las vertientes jurídica y técnica de la Zona de Bajas Emisiones. En la parte técnica iría la política de compra de sensores y plataformas, con cargo a los fondos europeos de recuperación, mientras que la jurídica pretende que la Justicia no eche abajo la planificación que se haga, como ha ocurrido en Barcelona.
Todas estas políticas implican retraso. Este es asumido por el PP, que en la Federación Española de Municipios (FEMP) pide una moratoria en la implantación de la ley. Esta ampliación de plazos se justifica, a juicio de César Díaz, en que la legislación no es lo suficientemente precisa a la hora de trasladar obligaciones a los ayuntamientos.
El PSOE está convencido de que el Partido Popular no moverá ficha realmente hasta pasadas las elecciones del año que viene. La insistencia en recabar sensores de medición y plataformas de control entraña, a su juicio, una estrategia dilatoria para no definir un Santander Centro hasta que no haya datos mensurables, pero los socialistas entienden que, si es así, podría haberse iniciado el proceso mucho antes, y que en todo caso sí que hay datos: los que ofrecen las estaciones de medición de la calidad del aire repartidas por la ciudad.
La 'supermanzana' fue en 2020 la gran propuesta socialista para 2023. Se trata de un área regulada estrictamente, en donde los vehículos que transiten serían los de carga y descarga, con horarios, y los de los residentes poco menos que para aparcar. El PSOE intentó promover un 'ensayo' en El Alisal, pero la iniciativa no prosperó, entre otras cosas por la oposición de la asociación vecinal. Sin embargo no ha desechado la idea y coincide con la Asociación del Ensanche en que una zona limitada por las calles Casimiro Sainz, Santa Lucía, Martillo y Paseo de Pereda se convierta en 'supermanzana'.
“Estamos de nuevo ante el fracaso del PP en sus políticas de movilidad. Siempre hemos dicho que el PP no puede liderar la transformación necesaria en movilidad porque su modelo es el de siempre y su estrategia es no avanzar -ha afirmado Daniel Fernández, portavoz socialista-. Por eso está dilatando la toma de decisiones, porque tiene pánico a tomarlas antes de las elecciones. Pero si no quiere situar al Ayuntamiento de Santander en la desobediencia institucional tiene que cumplir la Ley, que obliga a definir la Zona de Bajas Emisiones antes de que finalice 2023”.
Los ecologistas no están siendo consultados sobre cómo será el diseño final de la Zona de Bajas Emisiones, aunque por experiencia no esperan gran cosa de la implantación efectiva de esta política europea. En primer lugar, porque los antecedentes así se lo confirman: la reciente implantación de las nuevas velocidades máximas permitidas para el tráfico, con límites que salvo excepciones no superan los 30 kilómetros a la hora, no están teniendo reflejo en las calles, ni mucho menos en las libretas de multas de la Policía Local.
El precedente para organizaciones como Ecologistas en Acción, no es bueno. Pero la crítica va más allá y se cuestiona el propio etiquetado, que algunas organizaciones como Greenpeace tildan de 'eco-tongo', ya que se hace pasar por ecológico lo que aún sigue contaminando. Para estos grupos el etiquetado es un coladero por el que se hará pasar por 'verde' lo que seguirá contaminando.
“El caso es que lo del etiquetado es una obra maestra del lavado verde -se asegura desde Greenpeace-. Resulta que la Dirección General de Tráfico (DGT) desde hace tiempo califica a los vehículos a gas y microhíbridos como 'eco' a pesar de que la aportación eléctrica es mínima. Y no solo eso, los híbridos enchufables están etiquetados como 'cero emisiones' pese a que cuentan con motor de combustión y tubo de escape”.
En consecuencia han formulado un etiquetado alternativo, cuyas posibilidades de prosperar son prácticamente nulas.
Para los ecologistas, la pieza clave de todas las políticas de movilidad se encuentra en un barrio que tiene el hándicap de que por él pasan las principales vías de entrada y salida de Santander: el barrio de Castilla-Hermida. Intervenir en él con medidas para pacificar el tráfico y establecer controles ambientales son la prueba del algodón de hasta qué punto se toma en serio una administración la descarbonización del tráfico.
Luis Cuena, portavoz de Ecologistas en Acción en Cantabria, es escéptico al respecto. Cree que, al igual que está pasando con el Área 30, ocurrirá con las ZBE: implantación lenta y cumplimiento nulo. A su juicio, la ZBE que finalmente se defina no cogerá el toro por los cuernos, es decir, se aplicará en Castilla-Hermida, sino que se celebrará en el ensanche, en un área residencial entre Puertochico y la Avenida de los Castros, que excluya la calle Marqués de la Hermida y la calle Castilla.
Más allá de áreas geográficas, Cuena entiende que la regulación más problemática será la que afecte a las zonas de carga y descarga, es decir, a la operativa de las empresas de transporte dentro de una ZBE.
Los regionalistas consideran, por su parte, que la Mesa de Movilidad en la capital es un 'florero' que se convoca solo para informar de la política decidida ya por los órganos ejecutivos sin una participación real ni búsqueda de consensos.
Para el concejal regionalista, Jesús Goñi, la Mesa de Movilidad no puede ser un espacio “en exclusiva” para que el concejal delegado comparezca ante el resto de grupos de la oposición y colectivos interesados en la movilidad “y limitarse a escuchar a éste sobre decisiones que indica están ya tomadas, sin haber informado previamente de ello ni de otras acciones adoptadas en esta materia”.
Unidas por Santander es abiertamente partidaria de la aplicación de la ley, pero “no puede ser que el 80% del espacio urbano esté ocupado por coches”, ha valorado el único concejal de la formación Miguel Saro. Este también critica que no haya información ni participación.
“La realidad es que, a dos meses de implantarse la zona de bajas emisiones, aún no tenemos el desarrollo reglamentario que sería necesario en Santander para dar seguridad jurídica a este instrumento. Queremos conocer cuáles son los planes del Ayuntamiento para realizar nuestras aportaciones, pero nuestras propuestas son ya conocidas por todos: debe primar la salud de los vecinos y reordenarse el espacio urbano para el bienestar de los vecinos”.
Saro ha agregado que “la implantación de la zona de bajas emisiones debe venir acompañada sin falta de un refuerzo de la red de transporte público, con buenas frecuencias, eficaz y lo más barato posible. De hecho, nosotros abogamos por su gratuidad, a ser posible”.
Vox es partidario de retrasar la aplicación de la Ley y postergarla más allá de 2023 porque “llega en el peor momento”. La formación de Santiago Abascal no precisa cuándo sería un buen momento para ella.
“Va a suponer un importante sacrificio para el comercio y las personas con economía más modesta que van a ver prohibido el acceso al centro con sus vehículos con motor de explosión -ha declarado a este medio el concejal Guillermo Pérez-Cosío-. A todos estos inconvenientes se suma la crisis económica y social por la que atravesamos, con un incremento muy considerable del coste energético, también de la energía eléctrica que mueve los vehículos más ecológicos”.
Verdes Equo Cantabria ha creado un grupo de trabajo para hacer propuestas en Santander y Torrelavega sobre los planteamientos y premisas que se deberían seguir en la implantación de ZBE. Según Gabriel Moreno, coportavoz, independientemente de las mediciones, sería a priori fácil “identificar las calles de la ciudad que soportan más tráfico. Calles con mayor tráfico como Marqués de la Hermida y Castilla, Paseo de Pereda, Zona Marítima, túnel de Tetuán, Cervantes, Jerónimo Sainz de la Maza, entre otras, son zonas de la ciudad que a bote pronto deberían estar incluidas en la ZBE de Santander”, ha propuesto.
“Seguramente sea el mayor reto al que se enfrentan los consistorios en cuanto a la planificación de las ciudades”, asegura la coportavoz Dolores Póliz. “que exige de un análisis y participación amplios de toda la sociedad, colectivos de movilidad, asociaciones vecinales, comerciantes… para sensibilizar de la importancia y necesidad de las ZBE y adoptar un modelo de ciudades sanas y saludables”.
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