El Ayuntamiento de Santander está viviendo una legislatura extremadamente convulsa, siempre rodeada de polémica, que deja situaciones que rozan el surrealismo casi cada semana. La última, el despido del trabajador auxiliar del grupo municipal de Ganemos, Francisco Seguido Sánchez, con residencia en Toledo y que no ha acudido a su puesto de trabajo ni un solo día desde que fue nombrado en el mes de enero, lo que ha destapado un presunto desvío de fondos públicos.
Y es que tal y como adelantó en exclusiva eldiario.es en junio de 2016, una decena de cargos electos y concejales en todo el país estaban sufriendo lo que tachaban de “prácticas mafiosas y chantajistas”, señalando directamente hacia el propietario de esta marca electoral, Julià de Fabián, como responsable de una “red de extorsión” para financiar irregularmente a este partido 'fantasma' a través de “testaferros” y “hombres de paja” a los que se contrataba en las instituciones, un modus operandi muy similar al destapado ahora en el Ayuntamiento de Santander.
La situación no era un hecho puntual, sino que se repitió de forma casi idéntica -y con los mismos nombres implicados- por todo el territorio, con casos semejantes en municipios de Madrid, Cataluña, País Vasco, Cantabria, Castilla La Mancha o La Rioja. De hecho, la inmensa mayoría de los ediles que levantaron la voz o no acataron las órdenes fueron expulsados mediante expedientes disciplinarios por no aceptar lo que consideraban “amenazas y extorsiones” de la cúpula del partido.
“Ganemos es una empresa política, una organización donde los objetivos económicos están por encima de cualquier otra cosa”. Así de contundente se expresaba entonces el concejal de Santander Antonio Mantecón, que en abril de 2016 fue expulsado de la estructura de esta formación política concebida como un partido instrumental mediante el que numerosas plataformas ciudadanas en toda España salvaron los escollos impuestos por el Ministerio del Interior para presentarse a las elecciones municipales de 2015.
Mantecón, que ahora ejerce como edil no adscrito después de ser apartado del grupo municipal del que fue cabeza de lista y portavoz desde el inicio de la legislatura, ha denunciado de forma insistente, tanto en la opinión pública como en los tribunales, que su situación dentro del Ayuntamiento se debe única y exclusivamente a “una represalia”, y ha acusado también a su excompañera Tatiana Yáñez de actuar en “connivencia” con Julià de Fabián para beneficiarse económicamente.
Contratación bajo sospecha
Esta concejala, que ahora integra en solitario el grupo municipal de Ganemos en Santander y con una trayectoria casi nula en la actividad política de la ciudad en los dos años y medio que lleva en el Consistorio, fue la que decidió la contratación de este auxiliar que ha cesado directamente la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial de Cantabria y que adelantó este miércoles El Diario Montañés.
Francisco Seguido fue nombrado el 18 de noviembre de 2016, y dicha designación fue publicada el 27 de enero de 2017, tomando posesión del cargo de auxiliar en el mismo mes de enero con un salario de 8.632,74 euros brutos, una cantidad que podría tener que devolver al constatarse que no ha ejercido sus funciones en todo este tiempo.
Según aclaran desde el Consistorio, los auxiliares -aunque son cargos de confianza de los concejales y no tienen un contrato laboral como tal- tienen una serie de obligaciones inherentes a su cargo. Entre ellas está la de presentarse en su puesto y ejercer sus funciones en el despacho del grupo municipal, en este caso de Ganemos. Sin embargo, el recién cesado nunca ha aparecido por allí, según todas las fuentes consultadas. De hecho, Francisco Seguido tiene su domicilio en la ciudad de Toledo, a casi 500 kilómetros de su supuesto lugar de trabajo.
Devolución del dinero
Antonio Mantecón, excompañero de Yáñez en el grupo municipal, ha cuestionado en declaraciones a este diario cómo es posible que el Ayuntamiento haya esperado todo un año para cesar al auxiliar a pesar de que sabían que no estaba trabajando y que no ha respondido a ninguno de los requerimientos que se han trasladado desde el Consistorio.
Para el concejal no adscrito, representante del partido municipalista Santander Sí Puede, “la única explicación es que había un pacto bajo cuerda para hacer la vista gorda, pero todo tiene un límite, y un año sin pisar el Ayuntamiento era demasiado”. “La otra opción era una negligencia absoluta y no es posible porque era de dominio público la situación del auxiliar toledano”, ha subrayado.
Para Mantecón, “ahora lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es obligar a que Ganemos o el propio auxiliar devuelvan el dinero cobrado indebidamente”. Según el edil, “se trata de dinero público desviado que debe volver a las arcas de la ciudad. De otra forma, estaríamos permitiendo una ilegalidad”, ha considerado.
Mantecón cree que “podría existir una posible financiación irregular de Ganemos y el Ayuntamiento debería responder sobre el o los titulares de las cuentas donde se ingresaba el salario del auxiliar”, por lo que el concejal entiende que lo más adecuado sería que “el Ayuntamiento se persone como acusación contra el auxiliar, la concejal Tatiana Yáñez y el propio partido Ganemos para que aclaren en sede judicial todas estas cuestiones”.
Mentiras y manipulaciones
Yáñez, que vuelve a estar bajo sospecha de haber colaborado con esta situación y de haber propiciado la expulsión de Mantecón aceptando las condiciones que le imponían desde Ganemos, no atiende habitualmente a la prensa, pero en este caso sí ha querido posicionarse y ha asegurado que “todo es falso o contextualmente falso”, aunque preguntada por si su auxiliar ha estado físicamente desempeñando su trabajo en el Ayuntamiento ha dicho que no puede dar “ese dato concreto”, del que hablará “dónde se tenga que abordar esta situación”.
Además, la portavoz del grupo municipal de Ganemos en Santander ha tachado de “falsos” los motivos aducidos por la alcaldesa y el equipo de Gobierno del PP para despedir a su auxiliar, que ha defendido que “ha cumplido escrupulosamente” con la labor que le corresponde por ley. “Es una estrategia política de la alcaldesa para atacar a su principal oponente político”, ha llegado a decir, a pesar de que a lo largo de la legislatura ha apuntalado en varias ocasiones la minoría que los populares tienen en el pleno.