Tras conocer el reparto por comunidades del fondo extraordinario de 16.000 millones de euros aprobado este fin de semana por el Gobierno de España para ayudar a las regiones a hacer frente a los gastos provocados por la crisis sanitaria, Cantabria ha mostrado su “disconformidad”.
Y es que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado esta semana a la consejera de Economía, María Sánchez, a través de una videoconferencia, los criterios de reparto de este fondo, de manera que a la comunidad, en base a ellos, le corresponderían en torno a 180 millones.
Para Cantabria, y así se lo ha hecho saber la titular de Economía del Ejecutivo autonómico, este reparto “no es justo”. Es por ello que, tal y como ha anunciado este jueves el vicepresidente y portavoz del bipartito, Pablo Zuloaga, el Gobierno ha enviado una carta a la ministra en la que se recogen las reivindicaciones de la región sobre este aspecto.
“Somos una de las comunidades que más invierte en sanidad por habitante de manera habitual y por eso entendemos que otros criterios de reparto deberían de ser más justos para que nuestra comunidad reciba el dinero que merece para hacer frente al gasto extraordinario que hemos tenido por el coronavirus”, ha argumentado Zuloaga.
Así pues, la consejera de Economía plantea que “para comunidades uniprovinciales con un tamaño como el de Cantabria haya un fondo mínimo que palíe los efectos de la crisis sobre nuestra sanidad pública por encima de los 200 millones”. En este sentido, María Sánchez también ha solicitado una reunión bilateral para trasladar a la ministra esta petición “de manera formal”. “Apelamos al Gobierno de España a atender nuestra reivindicación”, ha insistido Zuloaga.
No es una sorpresa que Cantabria discrepe con este reparto puesto que este martes, el presidente, Miguel Ángel Revilla, ya alertó de que la región podría salir “muy perjudicada” temiendo que Madrid y Barcelona se lleven “la tarta principal” de este fondo. En este sentido, el líder del Ejecutivo reivindicó que el reparto no debe realizarse con criterios de población, sino teniendo en cuenta el coste efectivo de los servicios, conforme a la Ley de Financiación Autonómica vigente.