El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se ha mostrado “muy preocupado” con los criterios de reparto de los 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas anunciados el fin de semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha planteado este lunes a los Gobiernos autonómicos.
Revilla, que ha mandado esta mañana un mensaje a Pedro Sánchez para trasladarle su preocupación, se teme que la “tarta principal” se la lleven Madrid y Barcelona.
En declaraciones a Europa Press, Revilla reivindica que el reparto no debe realizarse con criterios de población, sino teniendo en cuenta el coste efectivo de los servicios, conforme a la Ley de Financiación Autonómica vigente, porque de lo contrario Cantabria “saldrá muy perjudicada”.
El presidente insiste en que las características orográficas, la dispersión y el envejecimiento de la población hacen que en Cantabria el coste de los servicios, entre ellos la sanidad, sea “mucho más elevado”.
Revilla se teme que “la tarta principal” se la lleven Madrid y Barcelona, por lo que pide que se tenga en cuenta el coste efectivo de los servicios. También le preocupa la limitación del déficit al 0,2% porque “nos ahoga”.
Propuesta de la ministra
La ministra de Hacienda ha propuesto que en un primer abono de 6.000 millones, los ingresos en UCI que ha registrado cada autonomía pesen el 35% y los hospitalizados, otro 25%, es decir, el 60% en total, mientras que los casos de COVID-19 confirmados por PCR significarán un 20% y el otro 20% restante, el dato de población.
Según ha informado el Ministerio, Montero se ha comprometido a revisar su propuesta para que recoja también la opinión que han mostrado los consejeros. La medida que finalmente se decida se aprobará mediante real decreto por el Consejo de Ministros. Además, se convocará un Consejo de Política Fiscal y Financiera para mantener la coordinación, según el Gobierno.
Parte de ese dinero lo constituye un fondo de 10.000 millones no reembolsable para cubrir los gastos sanitarios, que no tendrán intereses ni aumentarán la deuda de las Comunidades. Los primeros 6.000 millones se dotarán a corto plazo y en el segundo semestre del año, se abonarán los otros 4.000.
Peso del criterio de población
En el primer tramo, según Hacienda, en el criterio de reparto entre autonomías pesarán más “las variables que reflejan el impacto sanitario”, puesto que los ingresos en UCI y hospitalizados representarán el 60% frente al 20%, la población. Para el segundo tramo, sin embargo, Hacienda propone que la población sea el criterio que tenga más relevancia y pese el 40%, los ingresos en UCI, un 30%, las hospitalizaciones supondrán un 20% y los positivos confirmados por PCR, el 10 por ciento restante.
Con respecto a la población, Montero ha dejado abierto para el debate cómo se define este concepto, si se tiene en cuenta la población ajustada o la población protegida equivalente, a petición de los consejeros. El Ministerio ha asegurado que son variables similares y que tienen en cuenta criterios como la población mayor de 65 años, la dispersión, el número de menores de 16 o la insularidad.
A este fondo se sumarán otros mil millones para gasto social, que se repartirán como los 300 millones del fondo social extraordinario que se aprobó en marzo. En este caso, la población es la variable que más cuenta, aunque también se incluyen otros criterios como mayores de 65 años, jóvenes o población dependiente.
La tercera parte de los ingresos anunciados por el Gobierno son otros 5.000 millones para cubrir la caída de ingresos propios de las autonomías. María Jesús Montero ha planteado que el reparto entre Comunidades, salga de una propuesta del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de las Gestión Tributaria.
El Ministerio ha defendido que se trata de un órgano colegiado, integrado por representantes de la Administración Tributaria del Estado y de las Comunidades Autónomas, así como Ceuta y Melilla, y que su papel es coordinar la gestión de los tributos cedidos.
Montero ha vuelto a defender el esfuerzo que a su juicio está haciendo el Gobierno para ayudar a las Comunidades ante la crisis provocada por la pandemia. Ha insistido en que por el sistema de financiación las CCAA recibirán lo previsto para 2020, sin tener en cuenta la caída que se va a producir del PIB. Según Hacienda, van a ingresar de hecho 9.500 millones más de lo que les correspondería si el sistema de financiación recogiera las nuevas cifras provocadas por la pandemia.