La repetición de las elecciones generales seis meses después de la última cita con las urnas viene cargada de polémica política y también laboral. Un conflicto con los trabajadores en el seno del Instituto Nacional de Estadística (INE), el organismo que se encarga de la gestión del censo y de los trámites necesarios para votar por correo, hace peligrar el desarrollo de estos comicios, que se enfrentan a situaciones tan poco habituales como el hecho de que las solicitudes para ejercer el voto a distancia se hayan multiplicado por cinco en los primeros días hábiles.
La decisión de la dirección del INE de suprimir las retribuciones del personal implicado en el proceso, así como los cambios inesperados en sus condiciones de trabajo, han generado “gran malestar” y “protestas generalizadas” entre la plantilla de la institución. Además, los sindicatos consideran “grave y sospechoso” que se tome estas medidas sabiendo el “importante incremento” de las solicitudes de voto por correo, por lo que señalan a razones políticas y no económicas la imposición de estos recortes.
“El presidente del INE ha decretado eliminar de un plumazo retribuciones que percibían los trabajadores laborales con motivo de los trabajos extraordinarios de elecciones, cuestión que se llevaba haciendo con normalidad desde hace dos décadas”, señalan desde Comisiones Obreras y UGT. Para justificar esta decisión se utilizan dos motivos: un informe de la Intervención Delegada, que no se ha facilitado a los representantes sindicales, y un requerimiento de la Inspección de Trabajo de una provincia.
La resolución de Gregorio Izquierdo, el máximo responsable del INE, se hizo pública varios días después de convocadas las elecciones y cuando parte del personal estaba trabajando los sábados y partiendo su jornada para atender el período de exposición del censo y presentación de reclamaciones, lo que, según los sindicatos, “constituye una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, si nos atenemos a la tan cacareada legalidad que alardean cumplir”.
El INE ha rehusado reunirse con la representación sindical, que desde hace años lleva planteado la necesidad de que existiera un acuerdo marco para estos procesos y para la contratación del personal preciso con las condiciones legales establecidas. Ahora se encuentran ante un escenario en el que se modifican las retribuciones una vez comenzado el proceso electoral y sin previo aviso.
Desde los sindicatos CCOO y UGT solicitan que, en lugar de pagar horas extraordinarias, se contrate a un mayor número de desempleados, “valorando a la vez la dedicación, el esfuerzo, el aumento de cargas de trabajo, la intensidad del trabajo, la disponibilidad horaria, la responsabilidad y la especialidad del trabajo en elecciones, así como las funciones o tareas diferentes, como viene haciéndose desde hace decenas de años, por medio del complemento de productividad, cantidad y calidad que ahora se elimina”.
Protesta ante la Junta Electoral Central
Ante esta situación, 43 delegados provinciales de la Oficina del Censo Electoral han elevado una protesta ante la Junta Electoral Central, que se encarga del cumplimiento de la legalidad en los comicios, reclamando una “intervención inmediata”. En el escrito, al que ha tenido acceso eldiario.es, se insiste en el problema de la eliminación de esas retribuciones al personal laboral fijo del INE.
Según explican, esta decisión establece unos topes retributivos inferiores en casi un 60% respecto de los que se han venido empleando en procesos anteriores. “Este cambio en el sistema retributivo, sin precedentes a lo largo de decenas de procesos electorales, afecta a cientos de personas y va a tener consecuencias muy negativas (algunas en este momento impredecibles) en la organización de los trabajos electorales. En particular, va a provocar que un alto porcentaje del personal laboral no esté dispuesto a participar en los trabajos propios de elecciones fuera de la jornada habitual, que incluye fines de semana, días festivos y el día de la votación”, resalta el escrito.
Además, los delegados provinciales subrayan que la contratación de personal eventual “no resuelve en absoluto el problema y es poco operativa en este momento, dado que las bases que regulan el procedimiento de contratación establecen plazos de más de tres semanas para poder disponer de estos efectivos, pero sobre todo es ineficiente porque, además de no poder trabajar en domingos y días festivos, estos contratados no pueden asumir muchas de las tareas de especial responsabilidad que realiza el personal propio por no tener la adecuada formación”.
En esta misma comunicación insisten en que “la inestabilidad provocada por la decisión del INE conlleva un riesgo evidente de que el servicio que debe prestar no quede garantizado con la eficacia, calidad y cumplimiento de los plazos estrictos que la normativa electoral impone”. En particular, señalan que pueden provocarse incumplimientos en plazos tan relevantes como los del envío del voto por correo o, como mínimo, un importante retraso en los períodos de tramitación habituales.
Además, el presupuesto con el que cuentan las delegaciones provinciales para organizar los trabajos electorales procede del Ministerio del Interior y es idéntico al de las anteriores elecciones generales, por lo que la decisión de la dirección del INE va a provocar la aparente paradoja de que, disponiendo de los mismos medios económicos, no puedan utilizarse.