La exdirectiva de la empresa Sniace deberá responder en pleno ante la justicia por un presunto delito continuado contra el medio ambiente y los recursos naturales como consecuencia de los vertidos contaminantes que la fábrica ubicada en Torrelavega realizó entre los años 2008 y 2010 en el río Saja. Todo el Consejo de Administración de la compañía en aquella época, incluido su presidente, Blas Mezquita, se sentará en el banquillo y tendrá que afrontar un juicio oral para el que está pendiente de fijar fecha.
Según ha adelantado la Cadena SER este lunes, el Juzgado de Instrucción número 1 de Torrelavega toma esta decisión después de que la Audiencia Provincial de Cantabria estimara los recursos de apelación interpuestos por el fiscal y Ecologistas en Acción contra una resolución judicial previa, de marzo de 2016, dictada en el marco de esta causa y que eximía de responsabilidad a los directivos de la papelera.
Así, con este nuevo auto consultado por eldiario.es, continúa el procedimiento iniciado en su día contra la dirección de Sniace, integrada además de por Blas Mezquita y los cántabros Manuel Huerta y Jesús Manuel Zaballa, por los igualmente consejeros Julio García, Víctor Manuel Guzmán, Juan Hernández y Antonio Temes, además del director de Operaciones del grupo, Francisco González Payno.
Ahora, la Fiscalía y la acusación particular reclaman una pena de 16 meses de cárcel y una multa de 6.000 euros para cada uno de los ocho directivos imputados en el caso, mientras que la Abogacía del Estado solicita además una indemnización de 50 millones de euros, a abonar de forma conjunta entre todos los imputados o, de forma subsidiaria, por la empresa Sniace como responsable de esos vertidos.
Ecologistas en Acción, que llevó a los tribunales los vertidos que se produjeron entre 2008 y 2010, confía en que “se haga justicia aunque sea diez años tarde”. Los hechos fueron denunciados inicialmente por los vecinos de Duález, que vienen advirtiendo desde hace años que “sufren de forma directa y cotidiana esta y otras irregularidades en el funcionamiento de dicha industria”.
Y es que los vertidos al cauce del Saja se habían producido sin la autorización de la entonces Confederación Hidrográfica del Norte y los mismos presentaban elevados niveles de distintas sustancias contaminantes, entre ellas, metales pesados, que “contravenían la normativa protectora del medio ambiente”, ya que “resultan nocivos para el ecosistema fluvial y pueden acarrear riesgos en la salud de las personas”.
La defensa del Consejo de Administración de Sniace se había basado en el desconocimiento de los hechos por parte de sus integrantes, que alegaban que “ninguno se encargaba específicamente de cuestiones medioambientales en esos años”. Esgrimían así que eran decisiones adoptadas por los “técnicos”, ajenas a ellos, derivando de este modo cualquier responsabilidad en el director de Operaciones.
Sin embargo, en esas fechas la Confederación había impuesto a Sniace una sanción por falta “muy grave” -con multa de 600.000 euros e indemnización de 500.000- por unos hechos similares. Pese a todo, los vertidos continuaron “sin que el Consejo de Administración de Sniace hiciera nada al respecto” y sin que los mismos estuvieran amparados por la Autorización Ambiental Integrada.