Probablemente ni se haya dado cuenta de que convive con elementos propios del franquismo dentro de su ciudad; probablemente dé por hecho que esas placas que se sitúan encima o en los laterales de las puertas de los edificios son 'comunes'; probablemente ni se haya parado a leerlas.
La Falange prestó viviendas protegidas a los españoles más pobres durante gran parte de la dictadura. El objetivo de Franco era que “todos los españoles tuvieran un hogar con lumbre”, por lo que tardó poco en 'sacar pecho' y mostrar todo lo que hacía por sus compatriotas.
Pronto creó unas pequeñas placas con el yugo y las flechas que fueron colocadas por multitud de construcciones a lo largo y ancho del país. En ellas especificaba que dicho levantamiento se había producido gracias al 'Gobierno', dejando constancia de que el régimen franquista se tomaba muy en serio la vivienda social.
Lo que en los años 40 funcionó gracias al Instituto Nacional de la Vivienda (INV), en 1957 y en plena caída popular del franquismo, pasó a denominarse Ministerio de la Vivienda. Ahí cobró su máximo auge pasando a construir la mayor parte de viviendas de este tipo. Y de ahí es de donde vienen la mayor parte de las placas que en la actualidad todavía perduran en muchas ciudades.
Ley de Memoria Histórica
Pero el carácter de estas placas no es puramente 'representativo' ya que desde 2007 tener algún elemento a la vista perteneciente al franquismo supone ciertas 'desventajas'. La Ley de Memoria Histórica impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recoge que todos los edificios que conserven simbología de la época de la dictadura no podrán optar a subvenciones públicas de carácter municipal o autonómico orientadas a la rehabilitación de edificios.
Concretamente, esta ley plantea que las Administaciones públicas “tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar, la Guerra Civil y la represión de la Dictadura”. De esta forma, ayuntamientos como el de Santander comenzaron a aplicar esta nueva normativa, aunque de una forma muy paulatina.
El 1 de septiembre de 2016, ocho años más tarde de la retirada de la estatua del Ayuntamiento con Franco a lomos de un caballo, la ciudad comenzó a instalar placas nuevas en las calles para adaptar su nombre a la Ley de la Memoria Histórica. Lo hizo lentamente, y dejando mucho tiempo de por medio entre los cambios. Las calles de los Héroes de la Armada, la del Alzamiento o la de la Batalla del Ebro vieron cambiados sus nombres de forma progresiva y con pequeñas modificaciones. Así, pasaron a llamarse Calle de la Armada Española, Calle del Alzamiento de 1808 y Calle del Río Ebro.
Sin embargo, en lo que a las placas conmemorativas del INV o del Ministerio de la Vivienda de Franco se refiere, el Consistorio ha preferido no involucrarse. Por eso, en la actualidad hay alrededor de medio centenar de placas en la ciudad -según lo que ha podido comprobar este periódico-, destacando las calles Floranes, Juan XXIII, Cisneros o Fernando de los Ríos por contemplar la mayor cantidad de ellas.
Aunque Santander no es un caso aislado, destaca más por ser capital de una Comunidad Autonóma y por la casualidad de que la alcaldía está regida por un gobierno popular -siempre se han mantenido en contra de la Ley de Memoria Histórica-. Y es que a pesar de que esta jurisprudencia no menciona nada sobre retirar o camuflar lo que hay en las fincas privadas por mucho que pertenezcan al franquismo, hay algunos ayuntamientos que sí que han optado por moverse.
Torrelavega como ejemplo
Este es el caso de Torrelavega. La capital del Besaya se propuso en 2016 eliminar la totalidad de estas placas pese a que no fuese su competencia expresa, y a día de hoy solo quedan unas 17 de las 116 que había. Otto Oyarbide, concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento, relata que su trabajo ha consistido en informar a los vecinos -de las desventajas que supone tener este distintivo en cuanto a beneficios en subvenciones-, dar facilidades -que las retire gratuitamente el Ayuntamiento y pinte y acondicione ese espacio después- e insistir en caso de que no se retiren.
“En algunos casos hemos tenido que enviar hasta tres cartas para contar con la unanimidad de los propietarios, pero la mayoría de las veces lo quitan ellos sin necesidad de que intervengamos desde el Consistorio”, apunta. Y es que, que los propietarios estén de acuerdo es un requerimiento expreso para proceder a la retirada. Según explica Oyarbide, es “imprescindible” contar con la firma del 100% de los vecinos. “Esto lo hace complicado porque a veces uno no está localizable, o la casa pertenece a un banco”, informa el edil.
Respecto a la posibilidad de que alguna comunidad de vecinos no quisiese retirar su placa, el concejal apunta a que desde el Ayuntamiento “no se podría hacer nada”. “La Ley de Memoria Histórica es sobre edificios públicos, lo único que podemos hacer nosotros es facilitar el trámite de quitarlo para agilizarlo todo”, reitera. Por otro lado, incide en que al ser un tema “complicado” temían poder enfrentarse a quejas “pero no hay contestación negativa por parte de los vecinos a excepción de alguien de extrema derecha que llama quejándose, pero nada significativo”, señala.
A pesar de la masiva retirada de placas que ha llevado a cabo el Ayuntamiento, el concejal insiste en que el objetivo de la legislatura es “que no queden placas”, y que en el caso de que quede alguna “sea un caso muy concreto o por falta de identificación”, concluye.
Otros ayuntamientos como el de Vitoria han decidido imitar el modelo del de Torrelavega, mientras Santander prefiere evitar involucrarse en el tema. Este periódico intentó contactar con el Consistorio de la capital cántabra y solo recibió la siguiente respuesta: “Estas placas se ubican en edificios privados y no corresponde al Ayuntamiento su retirada. La institución ha retirado ya los monumentos que había en espacios públicos y ha cambiado progresivamente el nombre de varias calles. Se actúa por tanto en lo que respecta al ámbito público y en el ámbito privado no se puede intervenir”.
En este momento, las calles y los portales que disponen de placas franquistas son: Acebedos (10, 17), Vía Cornelia (27, 33), Perines (13), Alonso (2), Atalaya (29, 34), Fernando de los Ríos (56, 58), San Fernando (62), Vargas (61, 69), Floranes (52, 53,54, 55, 57), Guevara (2, 6), Alta, Mies del Valle (1, 3, 5), Juan XXIII (13, 20 y 22), Pérez del Molino (13), Jiménez Díaz (9), San Sebastián (14), Aguayos (1, 3), Honduras (4, 19), General Dávila (60), Cisneros (95, 98) y Enrique Gran (4).