El nuevo ministro de Fomento, Íñigo de la Serna (PP), ha demostrado a lo largo de los casi diez años que lleva al frente del Ayuntamiento de Santander su preferencia por el urbanismo y las obras públicas. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de formación, ha hecho de las infraestructuras la bandera de su política municipal, lo que ha provocado duros enfrentamientos con la oposición, las organizaciones vecinales y los colectivos ecologistas, que critican su afán desmesurado por el ladrillo y el cemento.
En su carrera política, que comenzó como concejal de Medio Ambiente bajo las órdenes del histórico dirigente del PP de Cantabria Gonzalo Piñeiro, De la Serna suma grandes fiascos, siempre con el desarrollo urbano de la ciudad como protagonista. Al frente de la nueva cartera de Fomento deberá afrontar grandes retos en un momento económico delicado, pero deja a Santander con la incertidumbre de lo que supondrá para la ciudad la anulación de su plan urbanístico, así como una serie de conflictos aún sin resolver.
1. Enmienda a la totalidad de su política urbanística
1. Enmienda a la totalidad de su política urbanística
El Tribunal Supremo tumbará en los próximos días el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander y corregirá así la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que desestimó en junio de 2015 el recurso de la asociación ecologista ARCA contra el modelo urbanístico impulsado por el Partido Popular en la ciudad, aprobado en septiembre de 2012.
A falta de que se haga pública la sentencia de la Sección Quinta de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo, los magistrados han estimado por unanimidad el recurso de casación interpuesto por ARCA, que sostenía que era “injustificada” la necesidad de delimitar “una inmensa superficie” del suelo edificable.
ARCA calificaba de “irreal” el crecimiento poblacional previsto en el PGOU de Santander y consideraba que no era justificable la transformación de suelo no urbanizable en urbanizable. El nuevo modelo urbano impulsado por el equipo de Gobierno que lideraba el recién nombrado ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, preveía una población máxima de 261.000 habitantes en el horizonte de 2024, y para albergar esa población, estimaba que hacían falta 35.316 nuevas viviendas.
Las cifras, sin embargo, contrastan con la realidad, puesto que Santander ha ido perdiendo vecinos de forma progresiva. De hecho, la crisis poblacional que sufre la ciudad en los últimos años se agudizó a lo largo de 2015, con un éxodo masivo de los más jóvenes hacia otras localidades del entorno que provocó que la capital descendiera de los 175.000 habitantes por primera vez desde la década de los 80.
2. Amparo Pérez, una víctima del urbanismo salvaje
2. Amparo Pérez, una víctima del urbanismo salvaje
El momento más bajo de la popularidad de Íñigo de la Serna como alcalde de Santander llegó en febrero de 2015. Fue entonces cuando Amparo Pérez, la mujer a la que el Ayuntamiento de Santander expropió su vivienda para construir un nuevo vial de entrada a la ciudad, falleció tras meses de conflicto público con los responsables municipales.
La anciana de 86 años había ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla apenas una semana antes, el mismo día en que concluía el plazo otorgado por una resolución judicial para que desalojara su casa.
Tres días más tarde, la empresa que ejecutaba las obras procedió al derribo de la vivienda para continuar con los trabajos de construcción de la nueva conexión, ante la perplejidad de la familia, que permanecía junto a Amparo en la Residencia Cantabria.
Un informe médico, presentado por la familia a finales de enero, había alertado de los riesgos que conllevaban su traslado. La salud de Amparo había ido empeorando progresivamente a medida que se iba acercando la fecha límite para el desalojo. Fruto del nerviosismo y la tensión, la anciana tuvo que ser trasladada en varias ocasiones a su médico de cabecera, hasta que el día 4 de febrero ingresó en Urgencias para permanecer en estado de vigilancia.
El día antes, Amparo y su nieta Mar Santamaría, acompañadas por el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, habían mantenido una reunión con el alcalde de la ciudad. De este encuentro, el primero tras meses de conflicto, Amparo y su familia salieron con la idea de que el Ayuntamiento ralentizaría las obras hasta que se encontrara una solución acordada. Una idea que se vino abajo tras escuchar las declaraciones del regidor municipal ante los medios de comunicación.
El Ayuntamiento de Santander se mantuvo firme y, al igual que había manifestado desde comienzos del conflicto, alegó que cualquier otra posibilidad sería prevaricación. La oferta del Consistorio, por una casa de 90 metros cuadrados y un terreno de 374 metros ubicados en la zona de expansión de la ciudad, era de 79.000 euros, una cantidad insuficiente para poder comprar otro inmueble, según argumentaba la familia.
Tras la aprobación del nuevo Plan General de Santander, la calificación de los terrenos sobre los que se hallaba la vivienda de Amparo habían pasado de urbanos a rústicos, lo que influyó negativamente en el valor fijado por el Jurado de Expropiación.
3. El Pilón, un barrio en pie de guerra
3. El Pilón, un barrio en pie de guerra
El Barrio de El Pilón era hasta hace apenas tres décadas el extrarradio de Santander. Situado en lo que originariamente se conocía como el Paseo del Alta, a unos cientos de metros del centro de la ciudad, las viviendas unifamiliares estaban rodeadas de prados con ganado y huertas de los vecinos. Ahora, sin embargo, una ubicación con vistas a la bahía y a un paso del casco urbano de la capital de Cantabria se ha convertido en un 'caramelo' para una constructora que pretende edificar dos torres de ocho alturas, con 140 viviendas y 200 garajes, que se levantarán literalmente sobre las casas de los actuales propietarios.
“Quieren rentabilizar el suelo. Esto es una especulación inmobiliaria de libro: lo que van a hacer con nosotros se llama robar”, aseguraba el año pasado a eldiario.es Belén Madrazo, una de las portavoces de la plataforma en la que se agruparon las cerca de veinte familias afectadas, que luchan por salvar sus viviendas de un derribo “inminente” como consecuencia de una operación urbanística aprobada por el Ayuntamiento de Santander que multiplicará por siete la densidad de población en el barrio.
La historia afecta a 16 pisos, cinco casas y dos negocios que están señalados en rojo por el Plan General de Ordenación Urbana que aprobó el Consistorio en el año 2012 con el voto favorable del Partido Popular y el Partido Regionalista de Cantabria, que prevé una unidad de actuación específica sobre los 9.921 metros cuadrados de El Pilón que podría sacar de su entorno a las 57 personas que viven actualmente en la zona.
Y es que mientras se redactaba el documento final del PGOU que se aprobó en el pleno municipal, una promotora que trabaja habitualmente en la ciudad fue adquiriendo terrenos en el barrio hasta ser propietaria de más del 50% del suelo. La ley otorga ahora al propietario mayoritario la posibilidad de tomar la iniciativa: el resto de vecinos puede adherirse a una Junta de Compensación y asumir la parte correspondiente de los gastos de urbanización o serán expropiados sin derecho a realojo, una circunstancia que se ha pretendido paliar recientemente con un cambio en la normativa autonómica.
4. El Cabildo, tres muertos y ninguna solución a la vista
4. El Cabildo, tres muertos y ninguna solución a la vista
A escasos cien metros del Ayuntamiento de Santander y de algunas de las principales arterias urbanas de la capital de Cantabria, la herida abierta en el barrio del Cabildo de Arriba sigue sin cicatrizar. Las reiteradas denuncias de los vecinos no generaron la alarma suficiente en las administraciones públicas, que solo fijaron su mirada en esta zona popular de la ciudad cuando el derrumbe de un edificio en diciembre de 2007 segó la vida a tres personas. Desde entonces, las promesas y actuaciones parciales no han cesado, pero siguen sin ser suficientes para cambiar la cara definitivamente al Cabildo.
Los vecinos, cansados de propuestas que no llevan a ninguna parte, levantan la voz continuamente y exigen soluciones urgentes, porque temen que la finalización del Plan Estatal de Vivienda ponga en peligro los pasos dados hasta el momento y deje a medio camino la tan ansiada remodelación.
5. Prado San Roque, otro caso de gentrificación
5. Prado San Roque, otro caso de gentrificación
Los vecinos de Prado San Roque miraron de reojo durante meses el caso de Amparo Pérez, la mujer de 86 años que falleció tras sufrir una orden de desalojo como consecuencia de la construcción de un nuevo vial entre la Avenida de Los Castros y la autovía S-20. Creen que pueden vivir su mismo caso en primera persona.
El Ayuntamiento de Santander diseñó la reordenación urbana de esta zona, comprendida entre el funicular del Río de la Pila y el campo de fútbol Uco Alciturri. En este espacio, el Plan General de Ordenación Urbana proyectaba construir durante el primer cuatrienio un nuevo edificio de 56 viviendas -42 de protección oficial-, así como nuevas áreas verdes y dos zonas para futuros equipamientos.
Desde el equipo de Gobierno municipal destacan que con este proyecto se mejorará “notablemente” el entorno. Para llevar a cabo esta reforma urbana es necesario demoler varios inmuebles en los que viven cerca de una cuarentena de vecinos.
Según sus cálculos, tendrían que hacer frente a un desembolso de unos 70.000 euros, una cantidad que subrayan que ellos no puede permitirse. La mayoría de los afectados son personas mayores, humildes, con pensiones pequeñas, por lo que difícilmente podrían acceder a un crédito para abonar la diferencia entre el valor actual de sus casas y la nueva vivienda que les propone el Ayuntamiento.
6. Tetuán, una negligencia millonaria
6. Tetuán, una negligencia millonaria
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santander condenó el año pasado al Ayuntamiento de Santander a indemnizar a los 28 afectados por el incendio que acabó con un edificio en la calle Tetuán en octubre de 2008.
En total, la suma de los conceptos hasta ahora cuantificados asciende a 2.641.000 euros, a lo que habría que sumar los alquileres de los propietarios hasta que reciban toda su indemnización.
La sentencia dio la razón a los vecinos afectados, que desde 2011 mantenían un litigio con el Consistorio para determinar la responsabilidad patrimonial del suceso. Los vecinos denunciaron que el incendio se originó como consecuencia de una “deficiente” actuación del servicio de bomberos municipal en una deflagración que tuvo lugar horas antes en una de las viviendas del edificio.
Esta “negligencia” propició una pequeña explosión, que no causó heridos, pero que afectó a las viviendas contiguas y que obligó a desalojar tres portales del edificio como medida de prevención. Lo que los vecinos no sospechaban es que horas después, durante la madrugada, esa deflagración inicial desembocaría en un espectacular incendio que calcinó el inmueble.
Para el magistrado, la versión mantenida por el Ayuntamiento durante todo el conflicto era “carente de rigor científico y no se apoyaba en datos ni estudios”, y añadió, además, que estaba “claramente dirigida a desvirtuar posibles reclamaciones”.
7. Sobrecostes y bajas temerarias de constructoras
7. Sobrecostes y bajas temerarias de constructoras
Con Íñigo de la Serna al frente del Ayuntamiento de Santander, la empresa Copsesa, propiedad del exalcalde de Ramales de la Victoria, José Domingo San Emeterio (PP), ha ingresado de las arcas municipales al menos 13 millones de euros, de los cuales una quinta parte -2,6 millones- corresponden a modificados de obra, es decir, a incrementos del precio aprobados con posterioridad a la adjudicación del concurso público. Estas cuantías corresponden a trece adjudicaciones y a siete modificados, lo que supone que más de la mitad de las obras ejecutadas por Copsesa en Santander conllevaron sobrecostes.
Estos datos, a los que tuvo acceso eldiario.es hace casi dos años, corresponden a obras ejecutadas entre los años 2007 y 2013, con lo que no está contabilizado el último año y medio de la segunda legislatura de De la Serna como alcalde de la capital cántabra ni los meses transcurridos desde su reelección por tercera vez consecutiva.
Tampoco están incluidas las obras licitadas por las sociedades municipales dependientes del Ayuntamiento de Santander, como la Sociedad de Vivienda y Suelo o el Instituto Municipal de Deportes, con las que Copsesa también ha trabajado en estos años.
8. La “pesadilla” de las VPO de Santander
8. La “pesadilla” de las VPO de Santander
Humedades por todas las habitaciones, garajes y trasteros inundados, partes de la fachada que se desprenden con el viento, filtraciones de aire, deficiencias en las salidas de humos y en el saneamiento o rebaja en las calidades de los materiales son algunos de los cuantiosos defectos de construcción que están sufriendo los inquilinos de las viviendas de protección oficial promovidas por el Ayuntamiento de Santander en los barrios de Peñacastillo, Primero de Mayo, La Albericia y General Dávila.
Los problemas son tan graves y tan numerosos que dos comunidades de vecinos ya demandaron ante los tribunales a la promotora -la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) de Santander-, y otras tres han iniciado los trámites para hacerlo. Una docena de afectados de varias promociones cuentan que están “hartos de la falta de respuesta” de la empresa pública, a la que acusan de “dar largas y lavarse las manos” en lugar de reclamar a las constructoras que acometan los trabajos necesarios para corregir las importantes patologías que afectan a la habitabilidad de los inmuebles.
La Sociedad de Vivienda y Suelo ya ha sido condenada en al menos una ocasión a pagar una indemnización a una comunidad de vecinos por deficiencias en la construcción del edificio. En concreto, a los propietarios de las 126 viviendas de protección oficial construidas en el año 2009 en Peñacastillo, a los que tuvo que abonar unos 150.000 euros más las costas procesales.
9. El fallido proyecto de la senda costera
9. El fallido proyecto de la senda costera
La Demarcación de Costas del Gobierno de España y el Ayuntamiento de Santander-ambas administraciones gobernadas por el PP- iniciaron a comienzos de la primavera de 2014, en la senda peatonal de 10 kilómetros de longitud que transcurre entre el Faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar, unas obras con el ánimo de “poner en valor” un “elemento turístico de primer orden”, según expresó el alcalde, Íñigo de la Serna, durante la presentación del proyecto.
Sin embargo, aquella actuación que, en palabras del jefe de Costas, José Antonio Osorio, iba a ser “mínima”, se desveló como “totalmente desproporcionada” a juicio de los vecinos. Los habituales de la zona no daban crédito a lo que estaban viendo: kilómetros de vallas que impedían ver el horizonte y la fuerza del mar, formaciones geológicas aniquiladas, construcciones de madera “sin sentido”, movimientos de tierra, maquinaria pesada, hormigón, morios destruidos...
En octubre de 2014, la Demarcación de Costas se vio obligada a paralizar los trabajos en la senda costera de Santander después de una intensa movilización ciudadana, que denunció una actuación “excesivamente agresiva” con la naturaleza. Los restos de la obra permanecieron sobre una zona protegida durante meses y supusieron un gasto total de 635.000 euros, el 65% del presupuesto inicial del proyecto, que se adjudicó en 978.600 euros.
10. Los otros 'agujeros' en las cuentas públicas
10. Los otros 'agujeros' en las cuentas públicas
La dimisión este verano de la concejala de Empleo y Desarrollo Empresarial de Santander, Noelia Espinosa (PP),acusada de apropiación indebida de fondos públicos en la sociedad municipal Santurban por parte del equipo de Gobierno del que formaba parte despertó las críticas unánimes de la oposición en el Ayuntamiento, que lleva años denunciando la “opacidad” y “falta de fiscalización” en las cuentas de estos organismos dependientes del Consistorio santanderino.
En esa lista negra ocupa un lugar de preferencia el desfalco de más un millón de euros por parte de una empleada de Mercasantander, sociedad participada por el Ayuntamiento de Santander (51%) y la firma nacional Mercasa (49%). Paloma González-Tarrío, gerente de la compañía, se apropió en total de más de 1,1 millones de euros para jugar en casinos online entre 2002 y 2007, utilizando ese dinero “como si fuera suyo”, según recogió la sentencia que la condenó a cuatro años y cuatro meses de cárcel.
Más recientemente fue la sociedad municipal Cementerio Jardín, de la que el Ayuntamiento de Santander es el socio mayoritario, la que estuvo en el disparadero. El pasado mes de septiembre, el Tribunal de Cuentas abrió juicio por la presunta sustracción de 108.442 euros por parte de una empleada en los años 2009 y 2010, aunque las sospechas amplían hasta los 176.700 euros el presunto desfalco cometido en diversos ejercicios. En 2011 también se detectaron facturas cobradas y no ingresadas en caja de esta empresa pública por importe de 38.000 euros, lo que la convierte en reincidente.
En esta legislatura, antes de la crisis desatada en Santurban, fue el Instituto Municipal de Deportes (IMD) de Santander el que suspendió cautelarmente la adjudicación de un contrato de suministro de vestuario, cuyo valor era de 16.443 euros más IVA, al detectar “irregularidades”.