Un año y medio después de la puesta en marcha de la comisión de investigación de Ecomasa, y tras escuchar a medio centenar de comparecientes, que han desfilado a lo largo de todo este tiempo por el Parlamento de Cantabria, los partidos políticos con representación en la Cámara han llegado a las mismas conclusiones que traían de casa: todos ellos -con la excepción lógica del PP- culpan a Ignacio Diego y a su equipo económico de la pérdida de 18 millones de euros de dinero público, “dilapidados” en el fallido proyecto empresarial de Andrés de León y Jesús Lavín.
Mientras PRC, PSOE, Podemos, y en menor medida, Ciudadanos, señalan al expresidente de Cantabria y a algunos de sus cargos políticos más cercanos bajo su Gobierno de la “estafa” y la “malversación de fondos” que se produjo en la ruinosa fábrica de estufas de Maliaño, el PP considera “intachable” la actuación pública en esta operación y pide “el mismo grado de responsabilidad que se aplicó a Revilla en el caso GFB, Racing, Cantur o Nueva Papelera del Besaya”.
Es decir, que todos se mantienen en sus posiciones iniciales, pero dejan en manos de la justicia que depure las responsabilidades de cada uno de los actores de este culebrón que marcó la pasada legislatura, y que tiene como víctimas principales a los trabajadores que aportaron a través de las indemnizaciones por el despido de Teka cerca de 3,2 millones de euros que acabaron o en la basura o en los bolsillos de los empresarios, con la falsa promesa de asegurarse así un puesto de trabajo que nunca llego a ser tal.
Los que más dureza han empleado en sus conclusiones han sido los regionalistas, que han llegado a exigir la dimisión del anterior líder del PP, Ignacio Diego, como máximo responsable político del fallido proyecto, así como la de la exconsejera de Economía, Cristina Mazas, de los cargos públicos que ostentan en la actualidad, es decir, que entreguen sus actas de diputados.
También pretenden que la Fiscalía investigue los hechos para conocer el destino del dinero inyectado en esta empresa con el objeto de que sea devuelto, y depurar responsabilidades penales si se apreciase la comisión de algún delito, ya que consideran que la de Ecomasa fue una “operación fraudulenta” perpetrada por los dueños de la sociedad con la “connivencia” del Gobierno del Partido Popular.
El PRC sostiene que el anterior Ejecutivo dio 18 millones de euros a un proyecto “inexistente” porque Ecomasa “carecía de plan de negocio, ni estudio de mercado, ni petición formal de aval ni de crédito, ni soporte documental”, y su gestión estuvo caracterizada por “la improvisación, falta de clientes y mala administración”.
Los regionalistas consideran “acreditada” la participación y vinculación directa del Gobierno de Cantabria, a través de la figura del gerente del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), Jorge Gómez de Cos, “en el entramado financiero urdido para obtener la financiación pública y beneficiar a De León y Lavín”, que fueron descritos por Diego como “empresarios de éxito” y “con garantías”.
Además de a todos los citados, el PSOE incluye en su crítica al exconsejero de Industria y máximo responsable de Sodercan durante la pasada legislatura, el también popular Eduardo Arasti, al tiempo que solicita que el dictamen de la comisión de investigación se eleve a la Fiscalía para que investigue “el paradero de los 12 millones de euros que se pierden en el entramado empresarial”, lo que, a juicio de los socialistas, “sería de vital importancia para intentar recuperar el dinero publico”.
En sus conclusiones, el PSOE considera que ha quedado demostrada la implicación del Gobierno de Cantabria y que “la aventura empresarial de Ecomasa fue una decisión política, que no estaba planificada y con un elevado riesgo para la recuperación del dinero publico, que no se tuvo en cuenta por parte del ICAF ni de Sodercan”.
Compensaciones para la plantilla
Por su parte, Podemos pide en sus conclusiones que se reconozca a los trabajadores del fallido proyecto empresarial la condición de “afectados por un funcionamiento anómalo de la administración” y se les abonen las indemnizaciones a quienes no la hayan obtenido a través del Fogasa.
El partido morado, que impulsó la comisión de investigación, entiende que se debe reconocer que los 3,2 millones de euros que Teka aportó al proyecto provenían de las indemnizaciones por despido de los trabajadores que se incorporaron posteriormente a Ecomasa, algo que en vía judicial se ha desestimado.
José Ramón Blanco, que ha actuado como portavoz de Podemos en la comisión, responsabiliza del fracaso al entonces presidente por autorizar y promover “un proyecto basado en ilusiones y esperanzas”, cuando “justamente por ello, debería haberse preocupado de exigir toda clase de informes financieros, de mercado y de viabilidad”. “Sin embargo, hipotecó la vida de muchos trabajadores por un power point de 15 páginas”, señala la formación morada en sus conclusiones.
Desde Podemos también se considera necesario una revisión de las normas jurídicas y administrativas para garantizar la devolución de las ayudas económicas que conceden organismos públicos como Sodercan y el ICAF a empresas, una línea en la que también incide Ciudadanos, que llama la atención acerca del “negligente control” que se llevó a cabo y señala la “carencia de controles por parte de la administración”.
“Actuación intachable”
Las divergencias en las conclusiones extraídas en esta comisión de investigación surgen únicamente desde la bancada popular, donde no se escatiman adjetivos para salvar la cara y defender la gestión del anterior Gobierno, que llegan a ensalzar sin ningún tipo de autocrítica: “La actuación pública ha sido intachable, ajustada a derecho, sin ningún tipo de irregularidad, sujeta a las normas y prácticas comunes en este tipo de operaciones, no existiendo ni tan siquiera el carácter de excepcionalidad en ninguna de las actuaciones”, refleja el PP en sus conclusiones.
De hecho, su portavoz, Eduardo Van den Eynde, ha solicitado que se aplique al expresidente cántabro, Ignacio Diego, “el mismo grado de responsabilidad política que se aplicó a Miguel Ángel Revilla por el caso GFB, Racing, Cantur y Nueva Papelera del Besaya”, actuaciones todas ellas muy cuestionadas sin embargo desde sus filas durante años.
El PP entiende que no existen más responsabilidades que las de carácter político, y que estas deben ser matizadas en función del contexto en que se gestó y se puso en marcha el proyecto. “La responsabilidad política ha sido plenamente reconocida por los miembros del Gobierno, en virtud de sus competencias y sus efectos han sido depurados en las urnas, como corresponde a cualquier acto político desarrollado dentro de la absoluta legalidad”, recalca Van den Eynde.
En esta estrategia de minimizar el fracaso empresarial y político de Ecomasa, el PP llega a defender que la cuantificación de la pérdida de la aportación pública a raíz de la quiebra de la sociedad “ha sido magnificada por intereses políticos” y señala que cuando se habla de 18 millones de euros de dinero público “no se tiene en consideración” que existió una actividad empresarial durante varios años, “con el consiguiente retorno de una parte sustancial de la aportación pública”.