PRC, PSOE, Podemos y Grupo Mixto se han unido para aprobar un dictamen de la comisión de investigación de Ecomasa, que se debatirá y votará en el Pleno del Parlamento el 28 de mayo y que pide a la Fiscalía que investigue el destino de los 18 millones de dinero público destinados al proyecto fallido de la fábrica de estufas de Maliaño e incorpora las conclusiones de estos cuatro grupos, aunque los regionalistas han suprimido de ellas su petición de dimisión como cargos públicos del expresidente de Cantabria Ignacio Diego y de la exconsejera de Economía Cristina Mazas.
El PP ha votado en contra de las propuestas de resolución de estos cuatro grupos y ha visto como las suyas no eran apoyadas por ninguno de ellos, aunque las mantiene como voto particular de cara al Pleno del día 28. Además, los populares han criticado al PRC por cambiar “radicalmente” sus conclusiones para conseguir los “votos” de otros grupos que les permitan sacarlas adelante.
En el dictamen de la comisión se considera, tal y como sostienen PRC, PSOE, Podemos y Cs, a Diego como máximo responsable político y se sostiene que si los trabajadores decidieron pasar de Teka a Ecomasa fue porque contaban con el “aval” del entonces presidente de Cantabria -y ahora diputado del PP- a este proyecto.
Además de a Diego, señalan también como responsables de lo ocurrido a Mazas, que era consejera de Economía (ahora es diputada) y al entonces titular de Industria, Eduardo Arasti, y también a Jorge Gómez de Cos, gerente del Instituto Cántabro de Finanzas de Cantabria (ICAF), una de las entidades públicas dependiente del Gobierno autonómico de la que salieron fondos para Ecomasa.
Así, por ejemplo, y en línea con otros grupos, el PRC sostiene que se ha producido una “gestión fraudulenta” que conllevó a una “clara malversación de fondos públicos” urdida entre Gómez de Cos y los promotores privados del proyecto, Jesús Lavín y Andrés de León, para “beneficiar” a estos empresarios y “perjudicar los intereses de los cántabros y de los trabajadores”.
El PSOE apunta que Gómez de Cos contribuyó en las operaciones financieras y en el “entramado” empresarial y societario que constituyeron De León y Lavín para “sacar dinero de Cantabria”, que en principio iba dirigido a apoyar la fábrica de estufas de Maliaño, y destinarlo a otras de las empresas del grupo.
Cs también ha criticado la actuación de Gómez de Cos y Podemos le ve “colaborador y cooperador necesario” de Lavín y de De León para que estos pudieran conocer las “debilidades” del Gobierno de Cantabria y de sus entidades públicas y conseguir dinero de los cántabros.
Respecto a las acusaciones de los otros grupos contra Gómez de Cos, el PP ha considerado que tienen “mucho delito” y ha opinado que solo el hecho de que se hayan dicho en sede parlamentaria les va a librar a estos partidos de que el afectado se querelle contra ellos.
Voto particular del PP
Los populares han visto rechazadas sus conclusiones al considerar que eran “noveladas”, como ha apuntado el PSOE, o que no podían extraerse de lo acontecido durante los dos años que ha durado la comisión de investigación de Ecomasa ni de las 43 comparecencias que ha incluido. “Las conclusiones que hace el PP son de otra comisión de investigación”, ha ironizado el diputado de Podemos José Ramón Blanco.
El PP se ha reafirmado en las conclusiones presentadas, que consideran que en la comisión de investigación sobre Ecomasa-Nestor Martin “ha quedado acreditado de forma concluyente” que la actuación pública ha sido “intachable, ajustada a derecho, sin ningún tipo de irregularidad, sujeta a las normas y prácticas comunes en este tipo de operaciones, no existiendo ni tan siquiera el carácter de excepcionalidad en ninguna de las actuaciones”.
Para el PP, a los que han “montado” la comisión de investigación de Ecomasa, que ha concluido este miércoles, les ha salido “el tiro por la culata”. “Han venido a buscar tres pies al gato y no han encontrado ni al gato”, ha afirmado Van den Eynde, que las conclusiones introducidas en el dictamen y que serán remitidas a la Fiscalía son “invenciones calenturientas” que tendrán el mismo “efecto” que si lo que se manda al Ministerio Fiscal es una “caja de sobaos”.
Los 'populares' han criticado los “cambios” introducidos por el PRC en sus conclusiones, en las que, por ejemplo, han pasado de señalar que lo sucedido con este proyecto era una “estafa” de 18 millones de dinero público de los cántabros y de 3,2 de los trabajadores despedidos de Teka que pasaron a la fábrica de estufas a llamarlo “operación que ha generado unas pérdidas” por ese montante.
“No es lo mismo estafa, que perder dinero”, ha subrayado el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Van den Eynde, que se ha preguntado “qué rigor” tenían las conclusiones del PRC “si las pueden cambiar por votos”. “Yo no hubiera cambiado mis conclusiones”, ha afirmado este diputado popular.
También los regionalistas han pasado de afirmar que hubo “intimidación, coacción y engaño” a los trabajadores de Teka para que pasaran a Ecomasa a decir que lo que hubo fue “intimidació, presiones y engaños” a éstos.
Mientras que para Van den Eynde, estos “cambios” del PRC a sus conclusiones supone un final “épico” a esta comisión de investigación, los regionalistas han minimizado la trascendencia de estas modificaciones.
Así, la diputada del PRC Rosa Valdés ha negado que estas modificaciones supongan haber cambiado las conclusiones y su compañero de grupo Francisco Ortiz ha defendido que se han hecho “en aras” de conseguir un acuerdo sobre las mismas y ha asegurado que, pese a haber suprimido estos términos, consideran que “realmente se estafó y se coaccionó a los trabajadores de Teka”.
Los trabajadores, víctimas de la estafa
Además del voto particular del PP, Podemos mantiene también un voto particular en relación a su petición de que los trabajadores despedidos de Teka que fueron a parar a Ecomasa sean considerados “víctimas” y “afectados” del “mal funcionamiento” de la Administración.
Esta solicitud de los podemitas ha contado con el apoyo del PP, no así con el de PRC, PSOE y el diputado de Cs, Rubén Gómez, por lo que ha sido rechazada en Comisión.
Los podemitas reclaman que se les debe prestar el apoyo necesario para que puedan conseguir por la vía judicial o extrajudicial el reintegro de as cantidades que no hubieran sido recuperadas a través del Fondo de Garantía Social. Y es que, a juicio de la formación morada, si esto no se introduce en el dictamen, la comisión “no habrá valido de nada”.
Podemos solo ha contado en esta petición con el apoyo del PP, no así del PSOE, PRC o del diputado de Ciudadanos al considerar que son los tribunales los que deben decidir sobre esta cuestión.
Con la sesión de este miércoles, ha concluido la comisión de investigación de Ecomasa impulsada en primera instancia por Podemos y cuya creación se aprobó por unanimidad en febrero de 2016 en el Parlamento y se constituyó el 1 de julio de ese año.