La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) encontrará este martes un aliado de excepción en Cantabria con el apoyo expreso de la máxima autoridad de la comunidad autónoma a su propuesta de sacar adelante una Ley de Vivienda que ponga freno a la emergencia habitacional. El presidente, Miguel Ángel Revilla (PRC), firmará un compromiso de apoyo a las demandas del colectivo antidesahucios y sumará a su partido a una reivindicación que ya habían suscrito otras formaciones políticas como Podemos.
El documento será rubricado por el secretario general de PRC y la presidenta de PAH Santander, María Antonia Luengo, en un acto en la Sala Polivalente del Parlamento de Cantabria, y que contará con la presencia de varios miembros de la plataforma, del consejero de Obras Públicas y Vivienda de Cantabria, José María Mazón, y del portavoz parlamentario regionalista, Pedro Hernando.
Según han reconocido desde la PAH a lo largo de la legislatura, en Cantabria se han hecho “avances” en materia de vivienda pública y alquiler social durante los últimos años. Además, la plataforma ha defendido en reiteradas ocasiones la labor de la Oficina de Intermediación Hipotecaria y Emergencia Habitacional que puso en marcha el bipartito PRC-PSOE presidido por Revilla, pero insisten en que todas estas medidas “son insuficientes” y piden al Ejecutivo que reafirme sus buenas intenciones con partidas presupuestarias reflejadas en las próximas cuentas públicas.
Ahora, con el apoyo explícito del máximo responsable del Gobierno de Cantabria, desde la PAH confían en que la iniciativa estatal que están impulsado para poner sobre la mesa “cinco propuestas por el derecho a la vivienda y contra los desahucios” tenga un reflejo equivalente en Cantabria.
La Ley de Vivienda que plantea la PAH para que sea tramitada en el Congreso de los Diputados incluye medidas como la dación en pago retroactiva, el alquiler asequible, el fin de los desahucios, la vivienda social y unos suministros básicos garantizados, todo ello con el objetivo de “apuntalar el Derecho Universal a la Vivienda”.
Más fondos públicos
En una reunión previa la pasada primavera, tanto el presidente de Cantabria como el consejero de Obras Públicas y Vivienda, ambos regionalistas, habían mostrado su interés de estudiar el articulado de esta ley y ratificaron su intención de incrementar los recursos de la Oficina de Intermediación Hipotecaria y Emergencia Habitacional.
Según los datos difundidos por el Gobierno de Cantabria, este organismo público atendió el pasado año un total de 174 casos, de los cuales 82 se encontraban en una situación de emergencia que les impedía el acceso a una vivienda digna. En concreto, 45 tenían el procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado o finalizado y a 37 se les había abierto el trámite de desahucio de alquiler o era previsible por impago.
Sobre el informe de esta Oficina, el consejero señaló en una intervención reciente que el año pasado se evitó que 26 familias fueran desahuciadas de sus viviendas, 5 por incumplimiento del pago de la hipoteca y 21 por impago de alquiler, y que se alojó a 22 familias en el parque público de alquiler.