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El Gobierno de Cantabria oficializó este lunes el acuerdo con Ciudadanos que le garantiza la aprobación de las cuentas de 2017 después de varias semanas de duras negociaciones a varias bandas. El Ejecutivo autonómico resolvió el rompecabezas, pero el trabajo está lejos de finalizar, porque el bipartito debe encajar ahora las 80 medidas que incluye el documento en el proyecto de presupuestos que tiene previsto aprobar esta misma semana.
La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo que dirige el socialista Juan José Sota tendrá que hacer encaje de bolillos para conseguir el más difícil todavía: cuadrar los números para aprobar las nuevas disposiciones de gasto que recoge el pacto con la formación naranja con menos recursos, dado que una de las líneas rojas de C's fue la retirada de la reforma fiscal planteada por el Gobierno, que cifran en unos 24 millones de euros aproximadamente.
Y es que la falta de concreción del acuerdo es una de las características más criticadas por la oposición tras conocer el detalle de las propuestas, que apenas dejan cifras ni incluyen una valoración económica. Su impacto final sobre las cuentas, por tanto, es una incógnita que deberá despejarse en las próximas horas.
De hecho, los compromisos quedan pendientes en muchos casos de la “disponibilidad presupuestaria” o están ligados a una normativa que se escapa de las competencias del Gobierno de Cantabria, como ocurre con los aumentos de plantilla en Sanidad o en Intervención, que deberán obedecer a la tasa de reposición que establezca el Gobierno de Mariano Rajoy en los próximos Presupuestos Generales del Estado.
Reducción de los ingresos
Ciudadanos situó como principal caballo de batalla en su diálogo con el bipartito la reforma fiscal, algo que recoge el acuerdo en sus dos primeros puntos, donde insisten en “no incrementar los impuestos manteniendo el mismo marco tributario que en los presupuestos de 2016 (IRPF, Sucesiones, Patrimonio, Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados), lo que implica la no creación de nuevos impuestos”, así como “la congelación de las tasas”.
En su primera comparecencia pública para presentar el acuerdo, ni el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla (PRC); ni la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos (PSOE), ni el diputado y portavoz Rubén Gómez (C's) aclararon de dónde se recortaría o cómo podría afectar al proyecto de presupuestos una medida que ha sido alabada por la patronal y que conllevará una evidente merma en los ingresos previstos.
Las empresas públicas bajo la lupa
Desde Ciudadanos habían insistido a lo largo de todo el periodo negociador en que el Gobierno podría compensar esta reducción económica 'atacando' directamente al grueso de las empresas públicas, que la formación de Albert Rivera sitúa como fuente de todos los males en la Administración pública y que, finalmente, no tendrán gran repercusión en las cuentas.
De momento, el único compromiso en este sentido es el que recoge la firma de una convenio con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) con el fin de “analizar y evaluar la reestructuración de las empresas y fundaciones públicas para evitar duplicidades y reducir los costes de la estructura pública, con el objetivo de alcanzar una reducción de al menos el 25%”.
Lo que sí ha arañado Ciudadanos en el pacto presupuestario es un protocolo para someter a un mayor control a las empresas públicas, ya que el Gobierno se compromete a “modificar las normativas necesarias para incluir, sin remuneración alguna, a los representantes de los grupos parlamentarios en los consejos de administración” de sociedades como Cantur, MARE, Sodercan, SICAN, Gesvican, el FIS o el 112 Cantabria.
Además de esta medida que busca “profundizar en la transparencia y control de la actividad pública”, se pondrá en marcha un protocolo de seguimiento de todas las subvenciones y ayudas concedidas por las empresas y fundaciones dependientes del Gobierno autonómico para “proceder a evaluar su eficacia y eficiencia”.
Grandes apuestas
La redacción del documento final rubricado por PRC, PSOE y Ciudadanos no concreta muchas de las medidas a tomar a lo largo de 2017, aunque sí hace mención a algunas de las grandes apuestas en las que coinciden todos los partidos implicados, como es el objetivo de “garantizar la gratuidad de los libros de Primaria a partir del curso 2017-2018”, un compromiso que se haría extensible en el curso siguiente a Secundaria.
Precisamente en el ámbito educativo se potencian muchas de las políticas que ha venido desarrollando el socialista Ramón Ruiz y su equipo desde que se hicieron cargo de este departamento en 2015, como la apertura de los comedores escolares en periodos no lectivos, el desarrollo de la escolarización pública temprana de 0-1 años, o las becas de acceso a la Universidad para los estudiantes con menos recursos.
También tendrá un coste económico relevante para el Gobierno una de las reivindicaciones de Ciudadanos, que reclama que se complemente la ayuda estatal de autónomos incrementando el periodo de tarifa plana de 6 a 18 meses, una medida que no cuantifican y a la que añaden el compromiso de “aumentar y dotar las partidas presupuestarias de fomento del emprendimiento”.
Promesas en el aire
Algunas otras promesas de este acuerdo de la formación naranja con el bipartito son mucho más inconcretas y solo se esbozan en el documento, como los compromisos de aumentar, con respecto al presupuesto de 2016, la dotación para la prevención de incendios, la partida destinada a la transparencia en la Administración pública o el dinero invertido en el mantenimiento y reforma de los edificios del ámbito judicial.
En materia social, por ejemplo, el pacto firmado promete “aumentar la dotación económica en teleasistencia”, “elaborar un sistema de ayudas que fomente la natalidad”, “incrementar la dotación en políticas de igualdad” o “aumentar gradualmente el número de plazas para personas dependientes” sin más precisión ni detalle.
El 0,1% del presupuesto total
Entre las 80 propuestas que recoge el documento definitivo hay pocas medidas que incluyan una dotación económica específica. Solo ocho iniciativas recogen una partida concreta, cuya inversión supone en total 3,3 millones de euros de un presupuesto que superará ampliamente los 2.000 millones de euros, es decir, que afectarán a poco más del 0,1% de las cuentas para el año que viene.
Entre ellas, destaca la inclusión de una partida ampliable para la adquisición de viviendas en los grandes núcleos de población con destino al alquiler social por importe de un millón de euros, así como otra destinada al pago de la prima nacional complementaria por vaca nodriza para hacer frente al compromiso adquirido de abonar las cantidades que se adeudan a los ganaderos con una cuantía ligeramente superior al millón de euros.
También se incluye un nuevo Plan de Apoyo para los Proyectos de Innovación Tecnológica con una dotación de 500.000 euros; se establece una partida de 150.000 euros para elaborar un Plan Industrial para Cantabria 2030; se crea una nueva partida para el Plan de Promoción de la Carne de Tudanca con una dotación de 180.000 euros; se aumenta en 300.000 euros el dinero destinado al Plan de Acción contra el Plumero; se aprueban 150.000 euros para los planes de dinamización y desarrollo rural; y se aumenta el presupuesto para gastos de funcionamiento de la Federación de Asociaciones de Criadores de Razas Bovinas de Aptitud Cárnica en 10.000 euros.
Sodercan, el Racing o el PGOU quedan fuera
Revilla y Gómez insistieron durante la firma del acuerdo que otros temas instalados en el debate público durante los últimos meses, como las ayudas públicas al Racing, la vuelta de Sodercan a la Consejería de Industria o la búsqueda de soluciones al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander tras su anulación por parte del Tribunal Supremo “quedan fuera” de la negociación a no estar ligados directamente al presupuesto.
Sin embargo, todos los implicados han hecho una excepción a esta premisa. Los partidos firmantes del acuerdo se han comprometido a “impulsar y aprobar en el Parlamento de Cantabria en el primer trimestre del año la reforma del Estatuto de Autonomía en lo relativo a los artículos que hacen referencia al aforamiento de los diputados y miembros del Gobierno de Cantabria”, una propuesta que abanderó Ciudadanos y que tampoco tiene ninguna influencia directa sobre los presupuestos.