- El Tribunal Supremo confirmó la anulación del plan urbanístico que obliga al Ayuntamiento a devolver 7 millones a Caja Cantabria, entre otras cuestiones
Los grupos municipales socialista y regionalista del Ayuntamiento de Santander exigen explicaciones al equipo de Gobierno municipal (PP) sobre las consecuencias que tendrá para la capital cántabra la anulación del plan urbanístico por parte del Tribunal Supremo. Para ello han registrado este viernes de forma conjunta una solicitud en el Registro del Ayuntamiento dirigida a la alcaldesa, Gema Igual, con el objetivo de que convoque un pleno extraordinario.
Los portavoces de ambas formaciones, Pedro Casares (PSOE) y José María Fuentes-Pila (PRC), han hecho hincapié en la “falta de transparencia” del equipo de Gobierno en torno a este asunto y, por tanto, con esta iniciativa pretenden “poner punto y final a este engaño”. “Nos dijeron que este Plan no iba a tener prácticamente ninguna consecuencia”, ha reprochado Fuentes-Pila.
Así de rotundos se han mostrado ante los medios denunciando la “situación insostenible” que rodea al PGOU, “la incertidumbre que están generando entre los ciudadanos” y expresando su pretensión de “empezar a construir el futuro de Santander con la verdad”. En este sentido, han denunciado que la última Comisión Urbanística en la que se informó sobre este asunto fue “hace diez meses”.
Tal y como han manifestado, han analizado el borrador de los presupuestos para 2018 en el que “figuran, al menos, tres millones de euros como consecuencia de la anulación del Plan General”. Según ha puntualizado el secretario general del PSOE de Santander, “dos millones” van a ir destinados a la compensación del convenio urbanístico con Caja Cantabria, en relación a la recalifición de los terrenos de la Residencia de Cazoña, cuyo cómputo total asciende a siete.
Asimismo, ha detallado que el documento recoge “medio millón para empezar a redactar otro PGOU y otro medio millón para un proyecto anulado que no sabemos cuál es”. “¿Cuánto más nos va a costar?”, ha cuestionado Casares.
Como consecuencia de “la falta de respuestas por parte del PP”, tal y como ha señalado el portavoz socialista, “ante una situación de suma gravedad y ante el mayor reto político de Santander, nos hemos visto obligados a pedir ese pleno extraordinario”.
Para esta solicitud se han amparado en el artículo 32 del Reglamento orgánico que establece que “se celebrará sesión extraordinaria cuando así lo decida el alcalde o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación”.
Así pues, piden a la alcaldesa que convoque el pleno “lo antes posible”. No obstante, el Reglamento estima que dispone de un plazo de 15 días hábiles para hacerlo y, en caso de que no lo lleve a cabo, tras diez días hábiles posteriores a la fecha límite quedaría convocado automáticamente. Por tanto, la sesión extraordinaria se celebraría como tarde a finales del mes de noviembre.
Anulación
En noviembre del pasado año, el Tribunal Supremo confirmó la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander, en contra de la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que desestimó en junio de 2015 el recurso de la asociación ecologista ARCA contra este modelo urbanístico.
Los magistrados consideraron que “no estaba garantizada la suficiencia de los recursos hídricos necesarios para abastecer a la población”, al haberse anulado el proyecto de Bitrasvase del Ebro.