“Las sesiones se celebrarán a puerta cerrada, debiendo tener presente los miembros de la Corporación el deber de reserva respecto de las informaciones que allí se traten con el fin de no interferir en el desarrollo de los expedientes administrativos en curso y en aras a garantizar el interés general, por el que ha de velar la Administración pública.”
De este modo, y apoyándose en el carácter no público de las comisiones municipales, el PP ha hecho llegar a los demás grupos su propuesta de que la Comisión Especial que analizará la ejecución por Ascán-Geaser de la contrata de recogida de residuos y limpieza viaria sea a puerta cerrada y secreta. Tampoco tendrán que comparecer personas que puedan ser citadas de empresas externas ni ex altos cargos públicos que ahora no sean funcionarios o técnicos municipales. La propuesta ya ha despertado las primeras reacciones en contra, como la de Miguel Saro, portavoz de Unidas por Santander (UxS).
“De acuerdo con lo previsto en el Reglamento Orgánico del Pleno, así como en el informe emitido por la Secretaría General del Pleno, a las sesiones de la Comisión podrán acudir funcionarios o personal técnico, previamente convocado, para escuchar su criterio o informe, y no serán públicas en cumplimiento de lo previsto en el artículo 227.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROF)”, justifica el PP en un comunicado.
En su propuesta de acuerdo, que se debatirá este jueves en pleno, se establece que la Comisión Especial celebrará su primera reunión en el mes de noviembre y fijará, de manera autónoma, la periodicidad así como los días y horarios de las siguientes sesiones.
Por su parte, los diferentes grupos municipales, en el plazo máximo de tres días hábiles contados desde la adopción del posible acuerdo del pleno, deberán designar a los integrantes de las Comisión Especial, comunicándolo a la Secretaría General del Pleno.
“Esta propuesta es fruto de una decisión meditada, se ciñe a la normativa municipal respetando escrupulosamente el Reglamento Orgánico del Pleno, y permitirá a todos los representantes municipales conocer con detalle los aspectos del contrato que consideren, por lo que se trata del instrumento idóneo para abordar este asunto con garantías, rigor y transparencia”, ha concluido la alcaldesa Gema Igual.
Unidas por Santander (UxS) no piensa igual y denuncia la nueva vuelta de tuerca que pretende el Partido Popular en la fiscalización del contrato de recogida de basuras y limpieza viaria de la ciudad, cuyos reiterados incumplimientos han llevado a anunciar la resolución del mismo.
“La alcaldesa de Santander ha rizado el rizo, puesto que pretende ahora, además de hacer las labores de Gobierno, hacer las labores de la oposición”, ha asegurado el concejal Miguel Saro, que considera una “burla” “pretender hacer creer a los vecinos de Santander que ”ella misma va a ser quien controle su pasada labor en el Gobierno“.
La alcaldesa de Santander ha rizado el rizo, puesto que pretende ahora, además de hacer las labores de Gobierno, hacer las labores de la oposición
“Pretenden que creamos que el Partido Popular va a ser quien fiscalice e investigue las labores que realizaron sus concejales y su propia formación en la anterior ejecución del contrato, y la connivencia que hubo entre concejales del equipo de Gobierno y las empresas concesionarias actuales como Ascan, así como la falta de control del contrato por esos mismos concejales”, ha denunciado Saro.
Además, será el propio Partido Popular, al ejercer la presidencia, quien ponga las limitaciones de la comisión que juzgará su gestión, creándola “a su propuesta y conveniencia, con los mínimos criterios de transparencia y publicidad y citando a la menor gente posible”.
En el expediente de creación de esta comisión, el Partido Popular no ha dado lugar a la transparencia y la publicidad, si no que “los concejales deberemos guardar secreto sobre lo que allí se debata”. Además, también señala que “podrán ser citados exclusivamente los funcionarios actuales del Ayuntamiento de Santander”, al contrario de lo que pretenden los partidos de la oposición.
“No queremos que la alcaldesa oculte a ninguno de los intervinientes en el contrato bajo la alfombra para que no pueda dar la cara”, ha asegurado Saro, que apunta a que es lo que sucedería si ella, o quien ella decida, es la que ostenta la dirección de la comisión.
“Quieren convertir la comisión de control en un paripé que no responda a las necesidades que pedimos y a los principios básicos que debe seguir que son: transparencia, para que el debate sea conocido en directo por los vecinos, y margen para convocar a todas las personas que consideremos que hayan intervenido durante toda la función del contrato y su licitación”, reclama Saro.
El edil ha insistido en que “los vecinos de Santander tienen derecho a conocer el por qué este contrato ha provocado en los primeros cinco años de su ejecución un perjuicio de más de siete millones de euros y un incumplimiento que estamos viendo en las calles ya pasados ocho años del inicio”.
Una situación, recuerda Saro, que “no se va a resolver solamente por el expediente de resolución del contrato”, si no que va a exigir “todos los recursos municipales y las mayores capacidades de los funcionarios para evitar que un posible resultado lesivo para el Ayuntamiento, tras la impugnación que ha iniciado la empresa y que va a dar mucha guerra”, ha finalizado.