El presupuesto de Santander desata una tormenta política y social por los recortes impuestos por Vox: “Es un acto de venganza personal, puro revanchismo”

Entre el silencio y la indignación. Así han recibido las asociaciones afectadas por la retirada de ayudas municipales las consecuencias del pacto presupuestario en Santander entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Desde la petición de dimisión al único concejal de la formación de extrema derecha, Guillermo Pérez-Cosío, por parte de la Plataforma Gitana Romanés al 'no comment' de algunas de las organizaciones de mujeres que esperan recabar información oficial. En otros casos, las entidades sociales afectadas guardan silencio ya que se encuentran en contacto con el equipo de gobierno PP-Cs para estudiar alternativas o comprobar cómo evoluciona la situación.

Gitanos, saharauis, mujeres y refugiados políticos son los colectivos que, de una forma u otra, se han visto afectados por el acuerdo político en el Ayuntamiento de Santander en una coyuntura en la que se ha pasado de hacerse fotos y presumir de políticas solidarias a cerrar el grifo de la subvención. Según el acuerdo alcanzado, primero en comisión y luego en el plenario, el presupuesto de Santander para este año suprime o reduce, a iniciativa de Vox y con el parecer conforme del equipo de gobierno PP-Cs, una serie de ayudas que afectan a la Oficina de Atención a la Mujer (57% de reducción), los gastos para promoción de la mujer (2.500 euros), el convenio con Cruz Roja (25.000 euros), el convenio con la Plataforma de Asociaciones Gitanas Romanés (6.000 euros), el programa 'Vacaciones en paz' por el que los niños saharauis se desplazaban a Cantabria, programas de educación y migraciones o la ayuda a Casa de Europa (500 euros), entre otras partidas.

Para el concejal de Vox, Guillermo Pérez Cosío, “con las partidas suprimidas también hemos aumentado la asignación a entidades sociales que atienden a toda la población de Santander en situación de necesidad, sin dividir la ayuda entre mujeres u hombres, nacionales o extranjeros y payos o gitanos”. A cambio de estas supresiones o reducciones y de incrementar partidas como la del fomento de natalidad, Partido Popular y Ciudadanos obtuvieron el apoyo político que les faltaba para ver aprobado el presupuesto no sin antes experimentar la “humillación”, como así lo ha calificado algún portavoz municipal de la oposición, de tener que echar mano Gema Igual (PP) de su voto de calidad como alcaldesa, ya que ni siquiera Vox votó afirmativamente al final, sino que se abstuvo.

“Acto de revancha personal”

Alfredo Vargas, presidente de la Plataforma Romanés, que agrupa a asociaciones gitanas de Torrelavega, Camargo y Santander, así como a organizaciones de mujeres y jóvenes, tiene claro que la supresión de su partida es “un acto de venganza personal” de Pérez-Cosió tras una conversación telefónica de alto votaje entre ambos. Vargas ha acusado a Pérez-Cosío de “racista” y le ha pedido que dimita. “Es raro que nos trate de esa manera cuando lo hace sin conocimiento. Es una venganza personal hacia mí. Es puro revanchismo. Estuve hablando con él y tuvimos un enfrentamiento por teléfono. Consideramos que esta actitud es racista, un mensaje de odio que es lo que ha enviado este señor”, defiende Vargas.

“En el siglo XXI y en un estado democrático que haya personas como esta constituye una lacra de nuestra sociedad. Nosotros consideramos que este señor no puede estar en un cargo público por lo que pedimos su dimisión como concejal”, insiste el presidente de la Plataforma Romanés, una de las entidades afectadas por el recorte a petición de Vox.

¿Y cómo incidirá el recorte de la partida en el asociacionismo gitano? “No tenemos dinero para mantenimiento y estamos mirando cómo dar servicio a la población gitana, paya e inmigrante. Nosotros atendemos regularmente a 3.500 personas a las que damos servicios, desde una llamada telefónica y la tramitación de una ayuda, como la Renta Básica y el Ingreso Mínimo Vital, pasando por la recogida de alimentos, que proporcionamos incluso a gente del Barrio de Cazoña y labores de acompañamiento”, explica Vargas.

El convenio de la plataforma con el Ayuntamiento de Santander data de hace años. Con el correr del tiempo, la subvención ha pasado de los 4.000 euros iniciales a 6.000 euros. Con esta subvención se pagan los gastos corrientes (luz agua, internet, telefonía, papelería) de las instalaciones y en ocasiones no alcanza. La plataforma dispone de una oficina técnica, que hace las veces de sede, en la calle José María de Cossío de Santander, un Centro de Formación Profesional y un local para el reparto de alimentos, entre otras funciones, que está abierto todo el año. Actualmente hay 13 personas contratadas con fondos obtenidos de las ayudas del Gobierno de Cantabria y del Estado.

En la plataforma están estudiando ahora cómo enjugar el agujero presupuestario que se les ha abierto, pero protestan cuando se les recrimina ser un “chiringuito” que vive de subvenciones. La noticia “ha causado alarma social” y les han llamado de otros municipios para saber por qué se había suprimido el convenio, a lo que se ha contestado que fue “un acto de revanchismo personal”. También llamaron al presidente un concejal del PP y la propia alcaldesa para anunciarles que se veían “obligados” a rescindir el convenio para sacar adelante los presupuestos municipales. Vargas insiste que la ayuda “no es un derroche de dinero ni somos un chiringuito y damos un servicio que deberían prestar las administraciones”.

Ayuda a refugiados políticos

Por otra parte, el convenio con Cruz Roja impugnado por Vox afecta directamente a las personas que solicitan protección internacional, es decir, a refugiados políticos que piden asilo, sin afectar a inmigrantes de tipo económico. Este colectivo de refugiados recibe ayuda de la ONG porque en algunos casos se les deniega la solicitud al no ser acreditada suficientemente su condición. Mientras se tramita su solicitud están provisionalmente dentro de la legalidad en España, pero quedan fuera del paraguas institucional cuando se le deniega la solicitud. Cruz Roja les ayuda en ese momento cubriendo sus necesidades básicas e incluso tramitando billetes de avión, ya que han de salir del país. “Cruz Roja está en las guerras pero no hacemos la guerra”, afirma Alfonso Alonso, presidente de esta organización en Cantabria. “Somos parte de la solución, no el problema”, recuerda.

Sin saber por qué ha ocurrido esto, Cruz Roja está estudiando qué hacer ahora, si dar prioridad a unos programas sobre otros o aplicar la merma de 25.000 euros a todos proporcionalmente. En todo caso, “esperaremos prudentemente”, dicen, ya que es su intención es mantener contacto con el equipo de gobierno para encontrar alternativas. “No tenemos ni idea del motivo”, insiste Alonso, quien añade que Cruz Roja no fue informada. “Nuestra actividad no tiene vinculación con ningún partido. Es una actividad noble y ni por lo más remoto lo hubiéramos esperado. Vamos seguir con nuestros principios y seguiremos atendiendo a nuestros colectivos independientemente de su color”.

Quien sí tiene claro por qué se ha retirado la financiación es el portavoz de Vox. En una nota de prensa hecha pública este pasado jueves, Pérez-Cosío basa su rechazo en que, partiendo de que Cruz Roja ya recibe ayudas del Gobierno de Cantabria y del Estado, “la prioridad debe ser combatir a las mafias que trafican con personas y evitar el efecto llamada que se provoca fomentando políticas de agasajo a quienes entran en España sin cumplir las leyes”.

Vacaciones en Paz

La visita de niños saharauis a Cantabria ya tuvo que suspenderse en 2020 por la pandemia y es muy difícil que vuelvan a acudir este verano. Pero con la supresión de la partida es seguro que no vendrán. Desde la entidad que promueve este programa de 'Vacaciones en Paz' se indica que este año “estamos a la espera de la comunicación por parte del Frente Polisario y del Gobierno de la RASD para el desarrollo del mismo en este contexto de pandemia”. Asimismo, la organización está a la espera de reunirse con la Concejalía de Cooperación “para conocer las causas y ver las posibles propuestas de cara futuro”.

La alcaldesa de Santander siempre ha ensalzado la labor de reivindicación y solidaridad que ha venido prestando con el pueblo saharaui. En 2019 se mostraba partidaria de “seguir concienciando a los ciudadanos de lo que está pasando” y de la necesidad de poner solución a la situación en la que se encuentran los refugiados saharauis. En aquel entonces subrayaba que el Ayuntamiento de Santander es sensible a la situación de los campamentos saharauis y, por ello, es “continua” la colaboración.

“Intolerancia, machismo y odio a la mujer”

La Asociación de Amas de Casa 'Altamira' (Araccua), que presta asesoramiento en la Oficina de la Mujer de Santander, no ha querido hacer valoraciones sobre los cambios que también le afectan. Tampoco las ha hecho la Asamblea de Mujeres de Cantabria (AMC), que está a la espera de tener “constancia oficial” de lo aprobado antes de pronunciarse.

Quienes sí se han manifestado de forma contundente son las Asambleas Feministas Abiertas de Cantabria, para quienes “estas concesiones aceptadas por el PP son un claro ataque al feminismo y convierten a los presupuestos en un arma política de extrema derecha cargada de mensajes de intolerancia y odio hacia las mujeres, pero también hacia las personas migrantes y minorías étnicas”. Tras criticar que se supriman partidas al tiempo que se incrementan las vinculadas a la Iglesia católica (Cáritas, Cocina Económica y Banco de Alimentos), este grupo añade que “las familias, diversas, se defienden con más derechos, libertades y servicios públicos universales y no con programas de marcado carácter heteropatriarcal”.

“Queremos decirle a Gema Igual que los derechos de las mujeres, nuestros derechos, no se negocian, no hay diálogo posible ante unos presupuestos cargados de ideología de extrema derecha y mensajes machistas y racistas. Queremos mandarle un claro y contundente mensaje al PP, Ciudadanos y a Vox de que vamos a enfrentar estas políticas y que no vamos a quedarnos calladas. Nos queréis calladas pero nos tendréis en frente, tomaremos las calles para mantener la lucha feminista como prioridad en la agenda política y social”, advierten en un comunicado.

También se ha pronunciado la directora general de este área en el Gobierno de Cantabria. Consuelo Gutiérrez lamenta que la reducción de la partida presupuestaria a la Oficina de la Mujer de Santander se pueda deber a una propuesta de Vox, un partido que “no logra entender que las situaciones históricas de discriminación deben ser abordadas no solo desde políticas generales sino también con acciones de apoyo específico a los colectivos afectados, tal y como indica nuestra Constitución y es criterio de Tribunal Constitucional”. “Vox no admite las políticas de acción positiva. No entiende que para acelerar la reducción de las brechas de discriminación de género hay que hacer políticas específicas de apoyo”, concluye.