40 años de autonomía de Cantabria y sumando

La autonomía de Cantabria acaba de cumplir 40 años, una edad que generalmente identificamos con la madurez. Y así es en el caso de nuestra Comunidad Autónoma, que inicia su cuarta década de historia madura y plenamente consolidada, conocida y reconocida dentro de España y con un apoyo popular incuestionable, después de haberse revelado como el mejor instrumento para satisfacer y defender las necesidades de los cántabros.

La entrada en vigor de nuestro Estatuto de Autonomía en 1982 culminó siete años de lucha iniciados en 1975, cuando comenzaba a perfilarse la construcción de la España democrática y algunos nos atrevimos a defender la idea de un país descentralizado, en el que Cantabria tenía que asumir el protagonismo que le correspondía como autonomía, en base a su personalidad histórica, su identidad cultural y la voluntad política de dirigir sus propios asuntos.

Aquella visión que marcaría para siempre mi vida personal y profesional no contó en los primeros momentos con demasiados adeptos, pero acabó derivando en un movimiento popular sin precedentes, que acabó venciendo las reticencias y los recelos iniciales. Las reivindicaciones ciudadanas despertaron la conciencia política que se canalizó, una vez instaurada la democracia con la aprobación de la Constitución en 1978, a través de los ayuntamientos, que por abrumadora mayoría impulsaron el procedimiento necesario para que Cantabria accediera a la autonomía.

La aprobación del Estatuto en 1982 supuso la recuperación del nombre histórico de nuestra tierra y la asunción de las primeras competencias necesarias para responder desde la cercanía y el conocimiento a las necesidades y problemas de nuestra ciudadanía. 40 años después, la experiencia ha confirmado lo que defendíamos desde el principio: los problemas se resuelven mejor desde el conocimiento y la cercanía. Nadie conoce mejor que nosotros mismos lo que necesitamos en cada momento.

Por eso el Estatuto de Autonomía ha vivido ya cuatro reformas. Las primeras, en 1991 y 1994, fueron adaptando nuestra ley fundamental al sentir autonómico. La tercera, fruto del llamado Pacto de Carmona y aprobada en 1998, fue de mayor trascendencia y supuso un significativo salto adelante. No solo eliminó para siempre la posibilidad de anexión a otra autonomía, reafirmando que Cantabria era, es y será ya para siempre una realidad irreversible, sino que también sentó las bases para organizar mejor el autogobierno, blindar nuestro gran hospital Valdecilla como referencia sanitaria nacional y crear nuevas instituciones que aún tenemos que desarrollar. Más recientemente, en 2021, aprobamos una cuarta reforma, para eliminar el fuero especial de diputados, consejeros y presidente, por ser un privilegio trasnochado y que no tiene razón de ser en el mundo contemporáneo.

La aprobación del Estatuto en 1982 supuso la recuperación del nombre histórico de nuestra tierra y la asunción de las primeras competencias necesarias para responder desde la cercanía y el conocimiento a las necesidades y problemas de nuestra ciudadanía

Pero el camino no está agotado y aún tenemos que seguir trabajando para adaptar nuestro Estatuto a las necesidades de la sociedad actual. Es necesario desarrollar instituciones ya previstas, como el Defensor del Pueblo o la Comarca, una figura esencial para garantizar a toda la ciudadanía los servicios públicos esenciales con la máxima calidad y al mejor coste posible, a partir de la colaboración entre municipios. Y debemos empezar a pensar, con serenidad y vocación de consenso, en una nueva reforma para dotarnos de más instrumentos de autogobierno con el fin de responder mejor a las necesidades de los ciudadanos en momentos excepcionales.

Como hemos visto durante la gestión de la pandemia, aquellas comunidades autónomas que han dotado a sus gobiernos de la capacidad de elaborar decretos-leyes han podido responder con más agilidad a los problemas, legislando en materias fundamentales como la sanidad en un momento de tanta dificultad. Los cántabros necesitamos también esa herramienta para contar con una plena capacidad de respuesta jurídico-legislativa.

Tenemos que crear un Tribunal de Cuentas propio para un mejor control del dinero público y dotar al Presidente de Cantabria, como institución, de una mejor capacidad para convocar elecciones anticipadas ante posibles situaciones de desgobierno o ante la falta de apoyos parlamentarios para ejecutar las políticas, sin estar sujetos a la limitación de cuatro años de mandato. Son pocas las autonomías que aún mantienen ese límite, que puede resultar claramente disfuncional tanto desde el punto de vista económico como democrático.

Con 40 años cumplidos, está claro que Cantabria puede ir más allá y aumentar su nivel de autogobierno, incorporando nuevas competencias. Competencias lógicas y necesarias, como la administración de las cuencas hidrográficas que se encuentran en nuestro territorio, acompañadas obviamente de una financiación adecuada para garantizar un mejor funcionamiento organizativo e institucional.

Cuatro décadas después, aún tenemos retos por delante y podemos superarlos con consenso, a partir de un debate sereno y plural, con voluntad de alcanzar acuerdos políticos y con el apoyo mayoritario de la sociedad. Así fue cómo se gestó nuestro Estatuto y todas las reformas impulsadas hasta ahora, y así estoy seguro de que seguiremos haciéndolo en el futuro.

Tengo el privilegio de haber participado en primera línea de todo lo ocurrido en Cantabria en estos 40 años de autonomía y, sinceramente, no puedo sentirme más orgulloso, de lo conseguido hasta ahora y del espléndido futuro que estoy seguro tenemos por delante.

La autonomía de Cantabria acaba de cumplir 40 años, una edad que generalmente identificamos con la madurez. Y así es en el caso de nuestra Comunidad Autónoma, que inicia su cuarta década de historia madura y plenamente consolidada, conocida y reconocida dentro de España y con un apoyo popular incuestionable, después de haberse revelado como el mejor instrumento para satisfacer y defender las necesidades de los cántabros.

La entrada en vigor de nuestro Estatuto de Autonomía en 1982 culminó siete años de lucha iniciados en 1975, cuando comenzaba a perfilarse la construcción de la España democrática y algunos nos atrevimos a defender la idea de un país descentralizado, en el que Cantabria tenía que asumir el protagonismo que le correspondía como autonomía, en base a su personalidad histórica, su identidad cultural y la voluntad política de dirigir sus propios asuntos.