Biogás, así no: el capitalismo verde vuelve a la carga

A finales de agosto, vecinas y vecinos de Cabezón de la Sal se desayunaban con la noticia, sin demasiada información específica, de que lo bastante cerca de sus casas como para pauperizar notablemente su calidad de vida se pretendía —aún se pretende— colocar una planta de biogás. Como ya ocurriera —y sigue ocurriendo— en otras plantas similares —en Arenas de Iguña quieren colocar otra—, con buena parte de los molinos eólicos o con muchas de las plantaciones solares, el valor ecológico de una actuación queda herido de muerte si se saca de la ecuación el bienestar de las comunidades humanas y animales, y esto ocurre cuando es el puro negocio quien capitanea la imprescindible transición ecológica a la que estamos abocadas. Es el capitalismo, amigues, el capitalismo verde, para más señas. 

Rápidamente se organizaron: es un alivio constatar cómo aprenden a las comunidades a autogestionarse cuando algo amenaza sus condiciones de vida y es de justicia reconocer cuánto nos han formado en Cantabria experiencias anteriores de agresiones del capitalismo verde, especialmente la victoriosa lucha contra el fracking, como ya se ha visto en la oposición a los desmanes de la especulación eólica. Quienes finalmente se han denominado Coordinadora contra la planta de biogás de Cabezón de la Sal, vecinas y vecinos afectados, convocaron en tiempo récord a expertas, técnicos, organizaciones de afectados en otros lugares y al propio vecindario, para entre todas tratar de clarificar la situación: por supuesto, no se trataba, ni mucho menos, de oponerse al proyecto sin más, se deseaba entender en qué consiste y qué ventajas e inconvenientes apareja la propuesta. Invitaron también a la empresa y al Ayuntamiento, que no aparecieron en esa ocasión. 

Por desgracia, en la convocatoria conocieron el alto impacto de proyectos de este tipo cuando se organizan priorizando los beneficios empresariales a costa del bienestar de las comunidades afectadas, algo que, por otro lado, atenta contra cualquier planteamiento digno de ser calificado como “ecológico”. Y tampoco podrá ser así calificado si, como es el caso, nada tiene que ver con la economía circular y si los beneficiados de la gestión de residuos y de la producción del biogás no son los productores de esos residuos —ganaderos, principalmente— ni los vecinos de las comarcas donde se instalan. Además, hay que tener cuidado porque este tipo de plantas suelen ir de la mano de macrogranjas, ya que el problema de purines no lo genera, precisamente, la ganadería extensiva, que es la que mayoritariamente se practica en Cantabria —beneficiando al medio rural: fijando población, manteniendo la biodiversidad y proporcionando mayor bienestar animal— sino la industrial.  El capitalismo verde devora la ecología real y es tarea de todes que la transición ecológica no mute en un mero nicho de mercado, ajeno al bienestar de todos los elementos que integran los ecosistemas. 

Una posterior reunión con la empresa, auspiciada por el Ayuntamiento, no resolvió en absoluto las dudas de vecinas y vecinos, que han presentado 1.100 alegaciones cuestionando el proyecto. Desgraciadamente, antes de que el pueblo se pusiera en marcha, la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, comandada por Guillermo Blanco, consideró de interés, cabría preguntarse para quién, autorizar una planta de biogás demasiado cerca de casas donde vive gente: se conoce que no tuvo tiempo de informarse cómo sufren los vecindarios de Rivas, Getafe y Vallecas, por ejemplo, el hedor insufrible de la planta de Valdemíngómez, que cualquiera que circule por la zona puede comprobar que es incompatible con la vida cotidiana. Porque, además del tráfico de camiones pesados, el incremento del consumo de agua en las zonas o el aumento de los casos de problemas respiratorios, los olores insoportables son un efecto directo de colocar plantas de biogás demasiado grandes cerca de poblaciones, uno que destroza su existencia diaria. Y la Coordinadora cuenta con un informe de la Agencia Estatal de Meteorología que constata el predominio en la zona de los vientos procedentes del oeste que llevarían el mal olor de la planta al corazón de las zonas residenciales.

Pero, peor aún si cabe, la corporación local de Cabezón, la política de proximidad, más cercana, se supone, a las necesidades de la zona, también dio su visto bueno al proyecto y solo después de la movilización popular, y a la vista de la inexistencia de licencia ambiental en vigor para el proyecto, archivaron de forma provisional los expedientes a la espera de la obtención y presentación de las licencias preceptivas, dando a la empresa promotora, Biogenera Innovación SL, un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

De estos primeros pasos, se desprende que las administraciones han de ser estrechamente vigiladas o no defienden, como sería su deber, los intereses de los vecindarios, colocando por delante los de las industrias que eventualmente lleguen con proyectos a su zona. No es algo raro, no, es el neoliberalismo, que se caracteriza porque los gobiernos están, en sus diferentes capas, al servicio de las empresas, del capital, y no de la gente. Cabezón por el clima, que forma parte de la Coordinadora, alerta, por cierto, de que en Cantabria se están tramitando este tipo de plantas mediante un ardid administrativo, calificándolas como proyectos “de interés social”, lo cual hace que los servicios técnicos de los Ayuntamientos ni siquiera puedan alegar en contra. La Coordinadora tiene la intención de promover una Iniciativa Legislativa Popular para reclamar una ley autonómica reguladora de este tipo de instalaciones, y ya ha registrado una solicitud ante la Mesa del Parlamento de Cantabria.

La transición energética es una prioridad ante la crisis climática mundial, pero la solución no se encuentra en proyectos de energías renovables de grandes empresas, sino, sobre todo, en la incorporación activa de la ciudadanía en su desarrollo y en la toma de decisiones. Son las  acciones a pequeña escala, distribuidas, descentralizadas y democráticas las que pueden impulsar una transición justa y una alternativa real tanto en los pueblos como en las ciudades. Una verdadera ecología ha de tener en cuenta las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno y no puede plantearse desde un capitalismo verde que no duda en cargar todo peso sobre los hombros del ya maltratado mundo rural —la España vaciada—. Por fortuna, Cantabria es ‘verde’ en un amplio sentido y su población está despierta para defenderla, con lo que nos toca exigir que la clase política entienda que, como decía el gran jefe siux, Caballo Loco: “Uno no vende la tierra por la que camina su pueblo”.  

A finales de agosto, vecinas y vecinos de Cabezón de la Sal se desayunaban con la noticia, sin demasiada información específica, de que lo bastante cerca de sus casas como para pauperizar notablemente su calidad de vida se pretendía —aún se pretende— colocar una planta de biogás. Como ya ocurriera —y sigue ocurriendo— en otras plantas similares —en Arenas de Iguña quieren colocar otra—, con buena parte de los molinos eólicos o con muchas de las plantaciones solares, el valor ecológico de una actuación queda herido de muerte si se saca de la ecuación el bienestar de las comunidades humanas y animales, y esto ocurre cuando es el puro negocio quien capitanea la imprescindible transición ecológica a la que estamos abocadas. Es el capitalismo, amigues, el capitalismo verde, para más señas. 

Rápidamente se organizaron: es un alivio constatar cómo aprenden a las comunidades a autogestionarse cuando algo amenaza sus condiciones de vida y es de justicia reconocer cuánto nos han formado en Cantabria experiencias anteriores de agresiones del capitalismo verde, especialmente la victoriosa lucha contra el fracking, como ya se ha visto en la oposición a los desmanes de la especulación eólica. Quienes finalmente se han denominado Coordinadora contra la planta de biogás de Cabezón de la Sal, vecinas y vecinos afectados, convocaron en tiempo récord a expertas, técnicos, organizaciones de afectados en otros lugares y al propio vecindario, para entre todas tratar de clarificar la situación: por supuesto, no se trataba, ni mucho menos, de oponerse al proyecto sin más, se deseaba entender en qué consiste y qué ventajas e inconvenientes apareja la propuesta. Invitaron también a la empresa y al Ayuntamiento, que no aparecieron en esa ocasión.