Nuestros pueblos necesitan vida, no más viviendas

Hace un año se creaba el Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamiento. Dos meses después, constituían la Comisión Especializada sobre Cohesión Territorial y Despoblamiento, que decía continuar con el Plan de Desarrollo Rural (2014-2020). Como ocurriera con la Ley de Comarcas, las NUR o el PROT, el Gobierno parece seguir la máxima napoleónica de crear comisiones para demorar eternamente la cuestión.

La razón es evidente: un rural planificado, cuidado y dinámico, como tienen en otras muchas regiones europeas, dificultaría el jugoso (en comisiones) tejemaneje urbanístico que ya perpetraron en el litoral y ahora pretenden replicar en los valles del interior, Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo mediante.

“Todo por el pueblo pero sin los pueblerinos”, es el lema. Constituyen un organismo tras otro con sede en Peña Herbosa, desde donde el Ejecutivo, la patronal y compañía se reúnen para indicar lo que el rural cántabro necesita, sin contar con la opinión de quienes viven y se organizan en nuestros pueblos.

Así sale lo que sale, como la consideración de mi villa (Argoños), que ha sufrido un terrible ‘boom’ urbanístico y multiplicado por dos su población en lo que llevamos de siglo, como “en riesgo de despoblación”, con la bajada del IRPF como medida estrella, cuando desde hace unos años el centro de salud sólo abre los días pares. El caso es rentabilizar en el medio urbano titulares en prensa con la “sostenibilidad” o el “equilibrio territorial” de un rural cuyo apoyo cuenta cada vez menos y cuyo gobierno se sostiene con fórmulas más caciquiles que mediáticas.

Todo por el pueblo pero sin los pueblerinos, es el lema

Ahora impulsan otra orden, “con el fin de reconocer la especial trascendencia de los centros educativos rurales en la revitalización social, económica y cultural de estas zonas que presentan especial desventaja socioeducativa”. Incluso señalan bien los déficits cuando definen las escuelas que se beneficiarán, por “no disponer en su entorno próximo de servicios culturales, educativos y de cuidados alternativos a la primera infancia”. El problema es que no plantean nada de entidad que pueda resolver esa carencia de servicios.

La escuela sería fundamental si de verdad se pretendiera revitalizar nuestros pueblos. Requeriría una apuesta real, pero los centros educativos podrían aportar sus aulas, bibliotecas, pistas deportivas, salas de ordenadores y salones de actos para todo tipo de actividades sociales, culturales y deportivas que necesitamos. La plantilla de monitores que se responsabilizara de estas actividades podría además dinamizar los pueblos y favorecer la conciliación durante los periodos de descanso de nuestro calendario escolar. Se trata de generar una simbiosis entre los recursos educativos y el resto, de forma que los esfuerzos de las distintas administraciones se retroalimenten y remen en la misma dirección.

Como ocurre con el problema de la vivienda, el edificio está, pues en los últimos 35 años se han cerrado más de 50 escuelas en nuestra Comunidad: Bárcena de Pie de Concha, Barros, Bejes, Calseca, Cerrazo, Cicera, Dobres, La Lastra, Ledantes, Matienzo, Novales, Pembes, Resconorio, Riclones, Luena, Aguayo, Miera, Tudanca, Valdició, Villapresente… la lista es tan extensa como deprimente, y se concentra especialmente en las comarcas más rurales, como Liébana, Saja-Nansa, Pas-Miera o Campoo.

Sin embargo, la orden de la Consejería regionalista se queda en simples flecos, no plantea ni como enunciado bonito la posible reapertura de uno solo de estos centros educativos. Si de verdad quisieran revitalizar el rural cántabro, sería el único camino, porque nadie va a criar ni a mudarse a hacerlo en un pueblo donde sus hijos tengan que andar un buen cacho y perder dos horas de autobús cada uno de sus días, donde no hay biblioteca, acceso a internet, instalaciones deportivas ni espacios para desarrollar sus inquietudes.

Y si en alguna de sus consejerías, direcciones generales, consejos y comisiones donde se reúnen para decir lo que el rural necesita tuvieran la deferencia de invitar a la gente del rural, se lo diríamos.

Hace un año se creaba el Consejo Asesor para la Lucha contra el Despoblamiento. Dos meses después, constituían la Comisión Especializada sobre Cohesión Territorial y Despoblamiento, que decía continuar con el Plan de Desarrollo Rural (2014-2020). Como ocurriera con la Ley de Comarcas, las NUR o el PROT, el Gobierno parece seguir la máxima napoleónica de crear comisiones para demorar eternamente la cuestión.

La razón es evidente: un rural planificado, cuidado y dinámico, como tienen en otras muchas regiones europeas, dificultaría el jugoso (en comisiones) tejemaneje urbanístico que ya perpetraron en el litoral y ahora pretenden replicar en los valles del interior, Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo mediante.