Más allá de la reivindicación salarial

El conflicto que vive la enseñanza pública de Cantabria trasciende con mucho la legítima reivindicación de mejoras salariales. Es cierto que, en el contexto de una serie de adecuaciones retributivas para muchos colectivos profesionales dependientes del Gobierno cántabro, el sector docente ha quedado marginado en los presupuestos del 2025. Sin embargo, y con independencia de los agravios comparativos, el malestar del profesorado viene de más lejos. La Administración educativa no supo valorar en su momento el esfuerzo que tuvieron que hacer los enseñantes en 2020, improvisando una educación a distancia durante los dramáticos meses del confinamiento, ni el desgaste que supuso, al curso siguiente, el tener que impartir las clases respetando las medidas de seguridad que las autoridades sanitarias fueron estableciendo para poder recuperar y mantener la actividad lectiva presencial. Un profesorado que salió exhausto de la pandemia tuvo que enfrentarse, acto seguido, con unos cambios muy profundos en todo lo relacionado con las programaciones didácticas, currículos, evaluaciones, etc., derivados del apresurado desarrollo reglamentario y aplicación práctica de la nueva ley educativa. 

Los retos y dificultades a los que se han enfrentado los docentes de Cantabria han sido muchos desde hace cuatro años. Sin embargo, a tenor de los excelentes resultados alcanzados por nuestra Comunidad en evaluaciones internacionales como las últimas pruebas PISA, podemos afirmar que el sistema educativo cántabro es uno de los mejores del Estado español. Los únicos que parecen no haberse enterado de esto son las autoridades educativas que, en lugar de reconocer y prestigiar (también salarialmente) la labor de nuestros enseñantes, se han dedicado a exigirles cada vez más. Las labores burocráticas se han multiplicado en este cuatrienio, la administración de los centros educativos aumenta su complejidad año a año, y el profesorado vive diariamente agobiado por un papeleo asfixiante que, no ayuda, sino todo lo contrario, a planificar lo estrictamente educativo. 

El actual consejero de Educación prometió diálogo y mejoras de las condiciones laborales. En año y medio al frente de este Departamento, sólo ha puesto en marcha una medida: la reducción de horas lectivas para el profesorado mayor de 55 años que, en este primer curso, solamente ha beneficiado a setenta y seis personas. Un triste consuelo para los más de ocho mil docentes de la red pública que han esperado, hasta la tramitación de los presupuestos de 2025, con la esperanza de verse reconocidos en conjunto mediante alguna mejora general en sus condiciones laborales. La reciente aprobación por el Parlamento de Cantabria de una proposición no de Ley, que instaba al Gobierno a negociar con la Junta de Personal Docente la actualización de las retribuciones de todo el profesorado, operando en el componente general del complemento específico, fue un paso esperanzador en la buena dirección. No obstante, la Consejería de Educación ha cortado de raíz esta vía y no parece dispuesta a aceptar las propuestas del legislativo cántabro. De hecho, no solo se niega a incluir ninguna partida presupuestaria para empezar adecuar las retribuciones de los docentes en 2025, sino que ya advierte que, si lo hace en el futuro, no lo hará de manera general y lineal como reivindica la Junta de Personal y le propone el Parlamento de Cantabria. 

Se comprende, por tanto, la irritación de los representantes sindicales, el malestar del colectivo docente y el desconcierto general de la comunidad educativa, que contempla cómo este Gobierno hace crecer por encima de la media el presupuesto destinado a la enseñanza privada, en lugar de hacer justicia reconociendo salarialmente la magnífica labor del profesorado durante estos últimos años. Escuchar a un diputado del Partido Popular jactarse, en sede parlamentaria, de que nunca la enseñanza privada concertada ha estado mejor financiada en nuestra Comunidad Autónoma que con los presupuestos de 2025, a la vez que el consejero niega cualquier mejora para los enseñantes de la pública, es toda una declaración de intenciones cuyas consecuencias, quizás, el consejero y quienes le susurran al oído no han sopesado bastante. 

Seguramente, la Administración educativa quiera ganar la batalla del relato aireando demagógicamente las cifras de las retribuciones del profesorado y argumentando que Cantabria está en el pelotón de cabeza del conjunto de Comunidades Autónomas, pero, seguramente no explicará que eso sólo es así en el inicio de la carrera profesional, y que los docentes de esta Comunidad caen por debajo de la media estatal a medida que van adquiriendo antigüedad. Iniciar esta batalla de cifras es no comprender que un servicio público de primer orden requiere profesionales cada vez mejor retribuidos. Dicho de otra manera: la calidad del sistema educativo y las condiciones laborales de los enseñantes no son las dos opciones de una disyuntiva, sino las dos caras inseparables de una misma moneda.

El conflicto que vive la enseñanza pública de Cantabria trasciende con mucho la legítima reivindicación de mejoras salariales. Es cierto que, en el contexto de una serie de adecuaciones retributivas para muchos colectivos profesionales dependientes del Gobierno cántabro, el sector docente ha quedado marginado en los presupuestos del 2025. Sin embargo, y con independencia de los agravios comparativos, el malestar del profesorado viene de más lejos. La Administración educativa no supo valorar en su momento el esfuerzo que tuvieron que hacer los enseñantes en 2020, improvisando una educación a distancia durante los dramáticos meses del confinamiento, ni el desgaste que supuso, al curso siguiente, el tener que impartir las clases respetando las medidas de seguridad que las autoridades sanitarias fueron estableciendo para poder recuperar y mantener la actividad lectiva presencial. Un profesorado que salió exhausto de la pandemia tuvo que enfrentarse, acto seguido, con unos cambios muy profundos en todo lo relacionado con las programaciones didácticas, currículos, evaluaciones, etc., derivados del apresurado desarrollo reglamentario y aplicación práctica de la nueva ley educativa. 

Los retos y dificultades a los que se han enfrentado los docentes de Cantabria han sido muchos desde hace cuatro años. Sin embargo, a tenor de los excelentes resultados alcanzados por nuestra Comunidad en evaluaciones internacionales como las últimas pruebas PISA, podemos afirmar que el sistema educativo cántabro es uno de los mejores del Estado español. Los únicos que parecen no haberse enterado de esto son las autoridades educativas que, en lugar de reconocer y prestigiar (también salarialmente) la labor de nuestros enseñantes, se han dedicado a exigirles cada vez más. Las labores burocráticas se han multiplicado en este cuatrienio, la administración de los centros educativos aumenta su complejidad año a año, y el profesorado vive diariamente agobiado por un papeleo asfixiante que, no ayuda, sino todo lo contrario, a planificar lo estrictamente educativo.