Unanimidad entre algunas de las principales organizaciones de defensa del patrimonio de Cantabria: el proyecto auspiciado por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica para la restauración de la ermita de San Juan de Socueva, en Arredondo, incluye “actuaciones potencial y manifiestamente dañinas”, según un informe redactado por la Asociación Cántabra para la Defensa del Patrimonio Subterráneo (ACDPS). Similar opinión tiene la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), que en una nota de prensa ha calificado de “sentencia de muerte” el proyecto, obra de la Oficina Técnica de la Dirección General de Cultura.
Por su parte, la Asociación de Conservadores y Restauradores de España (ACRE) ha presentado un recurso de reposición contra el pliego, no solo por cuestiones metodológicas y de conservación, sino por el incumplimiento, a su entender de la Ley de Contratos del Sector Público. También la asociación Cailagua, ubicada en la comarca del Asón, critica la “escasa sensibilidad” de la restauración propuesta.
Todas estas entidades inciden en la importancia histórica y patrimonial de San Juan de Socueva. Ubicada en un farallón rocoso que domina dicho barrio, un estudio realizado en 2017 por diversos arqueólogos entre los que se encontraban el fallecido Ramón Bohigas, Emilio Muñoz o Mariano Serna, demostró que la ermita semirrupestre data de la segunda mitad del siglo VII, siendo sin lugar a dudas una pieza fundamental para el estudio de aspectos tales como las dinámicas históricas de la etapa visigótica o la introducción del cristianismo en la zona cantábrica.
Carencias técnicas y procedimentales
Todas estas asociaciones ven “graves defectos” tanto técnicos como procedimentales en el proyecto recién licitado. Así, desde el punto de vista de la idoneidad de las obras propuestas, desde la ACDPS se critica el lavado con agua a presión y detergente proyectado, dado que en el conjunto se han citado manifestaciones parietales como grabados y restos de pinturas rojas. Tampoco se considera pertinente el relleno con mortero de los huecos existentes entre la mampostería, y menos sin un estudio previo de los mismos.
La propuesta de fijar con pernos metálicos el altar es asimismo objeto de crítica. “Hay que aclarar que se trata de un peculiar altar, formado por una mesa y una columnilla con un encaje macho-hembra que nunca ha necesitado de otro tipo de sustentación”, señalan desde la ACDPS.
La reforma del acceso al conjunto histórico también forma parte del proyecto, en el que denuncian que no deja de resultar contradictorio que, al tiempo que se afirma que la ermita se encuentra en “un paraje natural de extraordinaria belleza que se debe mantener inalterado lo máximo posible”, se propone el uso de “todo-uno” para el camino.
Desde el punto de vista procedimental, estas asociaciones consideran que son múltiples las irregularidades del proyecto. Además de la “errónea clasificación” de la obra como de ingeniería civil, inciden en que “incumple la Ley de Contratos del Sector Público, al no señalar el precio por hora de la mano de obra, como es preceptivo”. Asimismo, la falta de publicación de los integrantes de la Mesa de Contratación sería otro incumplimiento de dicha normativa.
A su juicio, otro ejemplo del “escaso rigor” del proyecto sería que “se ha usado el corta-pega, tal y como demuestran las referencias en el mismo al Proyecto de Cálculo Estructural y de Instalaciones de la Casa de Cultura de Baena”.
Finalmente, consideran que otra “carencia notoria” del proyecto es la ausencia de técnicos en Conservación o Restauración de bienes culturales -el verdadero propósito del proyecto-, dado que “se desconoce la formación en dichas materias de los firmantes del proyecto”. De hecho, señalan, la figura de Conservador-Restaurador está ausente en la adscripción de medios que deben cumplir las empresas participantes en la licitación.
Desde la ACDPS se recuerda que este proyecto es “reciclado” de otro anterior, firmado por los entonces titulares del Servicio Técnico de Arquitectura de la Consejería, actualmente jubilados. Dicho proyecto, que esta entidad consideró “muy agresivo”, fue rechazado en su momento por la Comisión Técnica de Patrimonio Construido.
Una ermita milenaria
La importancia patrimonial e histórica de San Juan de Socueva nunca se ha visto acompañada por el interés de las autoridades competentes para proteger este singular edificio. Declarada Bien de Interés Cultural en 1985, ya en 1990 Virgilio Fernández avisaba del enorme deterioro del edificio. En esa década, el visitante que se acercaba al entonces poco conocido edificio, tenía que sacar de su interior a las cabras que allí se refugiaban para poder apreciar su famoso arco.
Por esos años, la ACDPS y la Federación Cántabra de Espeleología (FCE) llevaron a cabo una intervención que evitó que el porche del siglo XIX que precede a la ermita semirrupestre se desplomara, publicando un detallado estudio sobre el edificio. En 2003, la ACDPS realizó una propuesta de rehabilitación muy diferente de la presentada por la Dirección General. Actualmente hay una monografía en imprenta que será publicada hacia finales de 2020, y que recoge años de investigaciones por parte de la ACDPS, con la colaboración de la FCE.
Sin embargo, durante todos estos años lo único que se acometió, al margen de campañas de limpieza organizadas por la mencionada asociación, fue una breve mejora del camino de acceso. Ni Ayuntamiento, ni Consejería, ni Obispado mostraron ningún interés en el mantenimiento del edificio, que en 2007 entraba en la Lista Roja del Patrimonio amenazado de Hispania Nostra.
Hubo que esperar hasta 2017, casi 30 años después de las primeras voces de alarma, a que la Consejería de Cultura anunciara una inversión de 66.000 euros en la rehabilitación del edificio. Pese a ello, el procedimiento se ralentizó, mientras los visitantes -que ahora podían acceder hasta las inmediaciones de la ermita en coche, a través de una pista asfaltada- eran testigos del espectáculo de ver el altar milenario manchado por las velas, fruto de las visitas ofertadas por empresas de “meditación trascendental”. El rechazo por parte de la Comisión Técnica de Patrimonio Construido obligó a modificar el proyecto, lo que supuso que, en el actual y definitivo, el coste ascendiera a 78.522,09 euros, casi un 19% más de lo inicialmente presupuestado.
Finalmente, en marzo, el Ayuntamiento de Arredondo decidió el cierre del recinto -hasta entonces, de acceso libre- ante el riesgo de derrumbe, a la espera de que el proyecto de la Consejería se llevara a cabo. Un proyecto que, a juicio de muchos expertos, necesita de tantas reformas como la propia ermita.