La portada de mañana
Acceder
El caos ferroviario sacude España
Sánchez deja para septiembre la asignatura de la financiación catalana
OPINIÓN | '¿Los jóvenes lo tienen difícil? Pues en mis tiempos...', por Isaac Rosa

El PSOE denuncia que el Gobierno de Buruaga elimina otro organismo de participación, recortando garantías ambientales

La diputada socialista en el Parlamento de Cantabria, Nórak Cruz Dunne, ha denunciado que con la anunciada eliminación de la Comisión de Comprobación Ambiental el Gobierno de Buruaga vuelve a suprimir otro organismo de participación y debate importante para las políticas de protección ambiental.

Así se ha manifestado Cruz Dunne tras anunciar el Gobierno la desaparición de dicha Comisión en la que, ha aclarado, “se venía garantizando la participación de representantes de los municipios de Cantabria en el proceso de concesión de las autorizaciones ambientales que afectan directamente al bienestar de los vecinos y vecinas de los ayuntamientos”.

En este sentido, la socialista ha explicado que “nos preocupa que se elimine el organismo y que quede en manos únicas de una Dirección General del propio Gobierno la emisión de los informes de control ambiental de nuestra Comunidad”. Por lo que, ha continuado, “desde el Grupo Parlamentario Socialista plantearemos este debate en la cámara regional”, dado que, “la agilización de trámites no debe implicar en ningún caso, restar garantías tanto para la administración, como para la ciudadanía de Cantabria”.

La desaparición de la Comisión, ha planteado Nórak Cruz, “puede implicar que el proceso de emisión de informes pierda carácter público y participativo, un paso más del Gobierno del PP hacia la eliminación de la transparencia en la gestión”. Algo, según la diputada, “a lo que nos tienen acostumbrados, pero que se realiza a imagen y semejanza de lo que está ocurriendo en otras comunidades gobernadas por el PP, donde quieren hacer ver que la valoración ambiental es un proceso engorroso que hay que eliminar en vez de mejorar”.

La intención del Gobierno, ha dicho, “es disfrazar un relajamiento de los controles ambientales con el traje de la agilización de trámites, un problema que, de existir, tiene la solución ya contemplada pues la comisión tiene un mes para emitir un informe, sin que el incumplimiento de los plazos impida proseguir las actuaciones”.