Una auditoría forense realizada por la firma Ernest & Young sobre Ecomasa, por encargo expreso de la sociedad pública Sodercan, destapó las primeras sospechas sobre la actuación de Jorge Gómez de Cos al frente del Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), que impulsó y avaló desde este organismo público la inyección de casi 18 millones de euros por parte del Gobierno de Cantabria durante la pasada legislatura en un proyecto ruinoso, que se encuentra en pleno proceso de liquidación, con todos sus trabajadores despedidos y con sus promotores imputados por estafa, fraude y aprobación indebida.
Ese contundente informe sobre el entramado empresarial de Andrés de León y Jesús Lavín -dueños de la empresa que comercializaba sus productos bajo la firma Nestor Martin- llevó al actual Ejecutivo a denunciar ante la Fiscalía de Cantabria la desaparición de las aportaciones millonarias de dinero público realizadas con el consentimiento del antiguo director gerente del ICAF, que ahora se encuentra en el ojo del huracán tras destaparse las relaciones personales y empresariales de Gómez de Cos con uno de los propietarios de Ecomasa, del que fue socio mancomunado hasta pocos meses antes de dar luz verde a la inversión pública en la empresa de su amigo.
La vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos (PSOE), ya denunció que el ICAF no había analizado correctamente el plan de viabilidad de la fábrica de estufas, la actividad para la que fue creada Ecomasa. Según apuntó en la rueda de prensa en la que confirmó que el Ejecutivo iba a emprender acciones legales, el proyecto que presentaron a la entidad pública preveía copar el 60% del mercado español y el 20% del mercado europeo en su primer año de producción. “Si el ICAF o Sodercan hubieran analizado el proyecto, se hubieran dado cuenta de que era totalmente inviable”, sentenció Díaz Tezanos.
Según publica este jueves El Diario Montañés, el alto cargo del Gobierno nombrado por el Partido Popular, encargado de analizar la viabilidad del proyecto en el que se embarcaron los trabajadores despedidos de Teka aportando sus finiquitos por un valor superior a los tres millones de euros, cesó en sus responsabilidades de administrador mancomunado en la empresa que compartía con Jesús Lavín poco después de su toma de posesión en el ICAF, cediendo el puesto en esta sociedad limitada a su hermano.
Una relación que el actual consejero de Industria de Cantabria, Francisco Martín (PRC), ha calificado como “preocupante”, aunque ha querido mostrarse “tremendamente prudente” en sus declaraciones ante los medios de comunicación a la espera de que se pronuncie la justicia. De hecho, ha expresado su “confianza absoluta” en el proceso judicial abierto y en que la Fiscalía actúe “con diligencia” para esclarecer lo ocurrido en torno al proyecto y a la inversión realizada por parte del Gobierno de dirigía Ignacio Diego (PP).
Martín también ha reconocido que esta nueva conexión destapada por la auditoría “empieza a indicar una tendencia” en torno a Ecomasa, en proceso de liquidación después de que la pasada legislatura recibiera 18 millones de euros de ayudas del Ejecutivo autonómico, una inversión que desde el bipartito PRC-PSOE esperan recuperar cuando concluya la investigación que se ha abierto al respecto.
Hombre de confianza de Ignacio Diego
El nombramiento de Jorge Gómez de Cos al frente del ICAF en agosto de 2011, que se encarga de la financiación pública de empresas y proyectos considerados “estratégicos” para la comunidad autónoma, tuvo el sello del líder de los populares cántabros. Ignacio Diego designó como máximo responsable del organismo a este licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Cantabria con experiencia en compañías como Price Waterhouse, Bravo Enterprises, Alacer Gestión o Candemat, donde coincidió con el expresidente de Cantabria.
La dirección del ICAF parece abonada al escándalo, ya que el predecesor de Gómez de Cos al frente de la institución, Luis Egusquiza, también llevó a cabo una gestión muy polémica y está imputado por su participación en la venta del Racing al indio Ahsan Ali Syed, en un proceso judicial que continúa abierto.
Una inversión en el extranjero
Los promotores del proyecto de Ecomasa, Andrés de León y Jesús Lavín, se sentaron este pasado miércoles por primera vez en el banquillo de los acusados. Ambos están imputados por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, otro de estafa, un tercero por apropiación indebida y otro más por fraude en la percepción de subvenciones y ayudas públicas, en un procedimiento judicial incoado a instancias de una querella criminal presentada por los propios trabajadores el pasado mes de mayo, tal y como adelantó eldiario.es Cantabria.
Los empleados siempre han sospechado que tanto el dinero que ellos aportaron como el invertido por el Ejecutivo autonómico se había destinado a otros fines y no al funcionamiento de Ecomasa, algo que su abogada dice haber confirmado en esa primera comparecencia ante el juez.
Según la letrada María Teresa Ortiz, los exgestores de Ecomasa aseguraron en su declaración que “el Gobierno de Cantabria sabía que el dinero del primer préstamo no era para la planta de estufas de Maliaño, sino para invertir en el extranjero”. De hecho, la representante legal de la plantilla ha explicado que Andrés de León y Jesús Lavín reconocieron que el Instituto Cántabro de Finanzas conocía de esta circunstancia “desde el primer momento”, algo que está “documentado en las escrituras del préstamo” y que refuerza la tesis de los trabajadores.
A la instrucción de esta querella se suma ahora la denuncia presentada la pasada semana por el Ejecutivo autonómico ante la Fiscalía para que investigue los indicios de delito detectados en la auditoría de la empresa y de los que se pueden derivar responsabilidades tanto de los administradores de la empresa, Andrés de León y Jesús Lavín, como de los responsables políticos que dieron luz verde a las inyecciones de capital.