El portavoz del equipo de Gobierno municipal, Antonio Gómez, ha anunciado que el Ayuntamiento de Santander no recurrirá la sentencia y que ha reclamado ya, en la mañana de hoy, a la compañía aseguradora que haga efectiva de manera inmediata la indemnización a los afectados por el incendio de Tetuán, una cantidad “muy inferior a la que planteaban los demandantes”.
Gómez ha indicado que, frente a la reclamación de más de 10 millones de euros, según los cálculos de los afectados, la sentencia fija una indemnización global que asciende a alrededor de 2,5 millones de euros. “Esta cifra no sobrepasa los 3 millones de euros de franquicia del seguro de responsabilidad civil que tiene el Ayuntamiento, por lo que esa cantidad quedará cubierta por el seguro”, ha señalado.
Además, ha defendido la actuación de los bomberos municipales y ha hecho hincapié en que la sentencia “no atribuye negligencia al servicio de extinción, ni en el tiempo de respuesta, ni en los medios, ni en el funcionamiento de los hidrantes, ni en las mismas labores de extinción, y reconoce además el correcto funcionamiento del servicio de vigilancia de la Policía Local en la custodia del edificio”.
Ha destacado que, en la sentencia, se establece que “el problema no ha estado nunca en el servicio de vigilancia de la Policía Local” y que “en cuanto al servicio de extinción, tampoco cabe hablar de negligencia ni en el tiempo de respuesta, ni en los medios, ni en el funcionamiento de los hidrantes”. Asimismo, el juez afirma que “no hay pruebas de la insuficiencia de las dotaciones o el retraso en acudir a las llamadas”.
“El juez considera que la responsabilidad se ciñe a no haber detectado un posible fuego oculto derivado de la explosión de gas, que tampoco establece como causa acreditada, sino posible, del incendio posterior”, ha apuntado el portavoz, quien ha defendido que los bomberos “actuaron con absoluta profesionalidad, siguiendo el protocolo requerido para casos como el que se produjo en Tetuán”.
En este sentido, Gómez ha detallado que, una vez recibido el aviso, los bomberos acudieron inmediatamente al lugar del incendio, donde lo primero que hicieron fue acceder al inmueble para atender a los heridos y facilitar su rápida evacuación, así como dar indicaciones a las compañías suministradoras para que se cortase la luz y el gas del inmueble, a la vez que, manualmente, se encargaron de cerrar las llaves de paso de aquellas viviendas que habían resultado afectadas por el siniestro.
Según ha explicado, los bomberos procedieron a extinguir los focos de fuego creados por la explosión, retiraron un colchón y unas cortinas que constituían esos focos de fuego, y humedecieron todas las zonas afectadas por la explosión, en prevención de posibles nuevos conatos.
Además, asegura que todas las piezas de la vivienda en la que tuvo lugar la explosión fueron revisadas en diferentes ocasiones a lo largo de las cinco horas y media en que los bomberos permanecieron en el interior del inmueble y no se encontraron marcas o restos de fuego, ni en paredes, ni en techos, ni en enseres distintos a los ya indicados.
Esa revisión se llevó a cabo por distintos efectivos del Cuerpo, que de manera simultánea a la realización de los trabajos de apuntalamiento, abrieron nuevos huecos en los falsos techos, y pasaron de manera minuciosa la cámara térmica y la de detección de gases, por todas las zonas del inmueble afectadas por la explosión, asegurando de forma idónea el escenario de la deflagración.
A través de un comunicado, insiste en que en esos trabajos se prestó especial atención a los falsos techos del pasillo y salita de la fachada norte, y los bomberos observaron que los espacios del bajo cubierta no se habían visto afectados por el incendio causado por la deflagración.
“Una vez terminadas esas labores y antes de abandonar el inmueble, se revisó éste planta por planta por el jefe de bomberos y por el arquitecto municipal, y el estado del inmueble llevó a los técnicos a concluir que no era posible que los vecinos volviesen a ocupar sus viviendas, por lo que el edificio quedó custodiado por la Policía Local”, afirma el portavoz.
Gómez, que ha recordado que, en la causa seguida por la vía penal, se desestimó la responsabilidad del Ayuntamiento, y ha indicado que, desde el primer momento, el equipo de Gobierno “se puso a disposición de los afectados, arbitrando medidas como realojos y ayudas económicas, además de mantener reuniones constantes para analizar las opciones existentes sobre el edificio y ofrecer soluciones viables a lo que los vecinos decidieran”.
Por otra parte, ha valorado el trabajo realizado por el órgano judicial que ha dictado la sentencia, vista la complejidad del proceso, y ha reiterado la puesta a disposición de los afectados por parte del equipo de Gobierno municipal.