Cantabria cuenta con una amplia tradición conservera. La anchoa del cantábrico es uno de los productos estrella de la Comunidad Autónoma y con el que se la identifica más allá de sus fronteras. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Además de las condiciones precarias que padece este sector feminizado, las empresas llevan a cabo como una “práctica generalizada” trasladar la materia prima a otros países para desarrollar la mayor parte del proceso productivo allí, ahorrar costes, y traerla de vuelta para su envasado final aquí.
Tradicionalmente, las fábricas han existido en esta zona porque se podía faenar cerca de la costa y, de esta forma, todo el proceso productivo se desarrollaba en las mismas. “Se desvisceraba el pescado, se metía en barriles en salazón, se esperaban seis meses y una vez maduro se fileteaba”, explica Mónica Rodríguez, miembro de la Ejecutiva de Industria de CCOO. No obstante, durante el cierre del caladero del Cantábrico por motivos de saturación pesquera que hizo peligrar la supervivencia de la especie, los empresarios comenzaron a traer la materia prima “semitransformada” de otros países.
“Todo el proceso de escaldado, cortado y fileteado ya venía hecho de los países de origen, por lo que aquí lo único que se hacía era meterlo en latas”, expone Rodríguez. Una vez reabierto el caladero, a las empresas les sigue saliendo rentable mandar la materia prima del Cantábrico a países como Marruecos, Perú o Chile a filetearla y desviscerarla, y traerla posteriormente de vuelta para su enlatado. “Es imposible competir en costes con países en desarrollo con mano de obra más barata”, señala esta representante sindical.
Como consecuencia de ello, en esos casos se produce un “engaño” en las etiquetas. Y es que, tal y como apunta Rodríguez, “no es pesca del Cantábrico o elaborada aquí”, por lo que no es del todo correcta esa referencia que aparece en las mismas. Para evitar esta práctica, desde el sindicato aseguran que llevan muchos años reclamando una Indicación Geográfica Protegida (IGP) para la anchoa del cantábrico, un sello de calidad que se encuentra en proceso de creación.
“Con la IGP se garantizaría que todo el proceso productivo se hiciese en las fábricas de la cornisa cantábrica, de forma que subiría la carga de trabajo en nuestra Comunidad”, asegura Jesús Gallo, responsable de pesca de CCOO. La mayoría son mujeres con contratos de fijas-discontinuas -solamente las contratan cuando hay trabajo-, y, actualmente, la tarea que genera más empleo, que es el fileteado del bocarte, se realiza fuera. “El número de jornadas que trabajan está bajando escandalosamente”, subraya Gallo.
“Lo que hay que hacer, además de no engañar al consumidor, es promocionar la calidad que se le puede dar aquí, que es un valor añadido”, resalta Rodríguez, sobre una anchoa que se ha pescado en el Cantábrico y que se ha transformado en las fábricas cántabras, que cuentan muchos años de tradición y con mujeres que “toda la vida han trabajado en ello y que saben”.
“Está costando”
A pesar de que tanto el Gobierno de Cantabria como la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria están de acuerdo en impulsar la IGP, tal y como aseguran desde este sindicato, “está costando” que salga adelante. Desde la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA), organismo autónomo dependiente de la Consejería de Medio Rural, señalan a este medio que se han reunido con los puertos de Santoña, Laredo, Colindres, así como con la Asociación de Conserveros (Consesa) para valorar la posibilidad de la realización del pliego de condiciones.
La idea, según detalla Fernando Mier, director de la ODECA, es elaborar “un borrador para que se pueda debatir con los sectores implicados la posibilidad de implementarlo hacia la solicitud de una denominación”. En este momento “estamos sembrando y recogiendo pareceres”, explica. “Quisiéramos hacerlo lo más pronto posible ya que es un tema muy importante para esta comunidad autónoma”, subraya sobre esta IGP que también abarcaría a las comunidades limítrofes de Asturias y País Vasco, con las que también han mantenido conversaciones sobre este asunto.
Mier asegura que el consejero, Jesús Oria, “está totalmente convencido de este sistema de protección, que en la Europa del libre mercado es el único que queda”, y para el que la propia UE “es muy exigente”. “Necesitamos tener una base muy fuerte y creo que el sector está avanzando en ese sentido”, recalca el máximo responsable de la ODECA, poniendo en valor el trabajo de la Administración que “sirve de correa de transmisión para informar y tratar de convencer a los productores”, con el objetivo de “llevarlo a cabo entre todos”.