Cantabria ha llegado este jueves a los 200 fallecidos por coronavirus tras fallecer una persona más en las últimas horas. Además, hay 1.758 personas que han superado la enfermedad, 62 más que ayer.
Asimismo, hay registradas un total de 2.642 personas que han dado positivo por COVID-19, 2.220 determinadas mediante la prueba PCR y 422 a través de test serológicos de detección de anticuerpos.
Los estudiantes de la Universidad Europea del Atlántico (Uneatlántico) se han movilizado para mostrar su “disconformidad” con los nuevos plazos de finalización del curso establecidos por la dirección como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Y es que los integrantes de este colectivo acusan al rectorado de tratarlos como “marionetas” tras haber decidido unilateralmente ampliar el periodo lectivo durante el mes de junio y celebrar los exámenes de manera presencial en julio.
Sergio Martorell, delegado estudiantil de esta Universidad, explica que 12 días más tarde de que se decretara el estado de alarma recibieron un comunicado en el que se les informaba de las medidas que iba a adoptar Uneatlántico. La dirección del centro proponía cursar una sola asignatura cada 15 días lectivos de forma online e impartir de manera presencial las que quedasen durante los meses de mayo y junio, lo que implicaría trasladar los exámenes a la tercera semana de julio.
La Consejería de Sanidad contabiliza este viernes un total de 2.665 personas que han dado positivo por COVID-19, 2.232 diagnosticadas mediante la prueba PCR y 433 a través de test serológicos de detección de anticuerpos.
Del total de casos detectados, 678 permanecen activos, 38 hospitalizados y 640 en cuarentena domiciliaria. Además, hay 1.786 personas que han superado la enfermedad, 28 más que ayer, y 201 fallecidos con SARS-CoV-2, 1 más que en la jornada precedente.
La Consejería de Políticas Sociales y representantes del sector de la dependencia comenzarán el próximo martes, 12 de mayo, en intentar consensuar la desescalada en residencias de mayores, dependientes y personas con discapacidad o centros de día y en otros ámbitos de los Servicios Sociales.
Así lo ha avanzado este jueves Ignacio Fernández, presidente de CERMI, entidad que trabaja con personas con discapacidad, durante su comparecencia en la comisión especial creada en el Parlamento de Cantabria sobre el COVID-19, que en la jornada de hoy ha tenido como protagonistas a los representantes de las residencias.
El Consejo de Gobierno de Cantabria ha aprobado este jueves un decreto para subvencionar con 200.000 euros la compra por las cooperativas agroalimentarias regionales de productos perecederos con el fin de donarlos a entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la atención de personas vulnerables, como el Banco de Alimentos de Cantabria o la Cocina Económica.
De esta forma, al mismo tiempo se abastece a familias de alimentos básicos y se da salida a los excedentes que los productores cántabros no han podido comercializar en el mercado como consecuencia de las limitaciones provocadas por el coronavirus.
Después de ser uno de los temas principales en las comisiones de seguimiento del coronavirus que se han ido sucediendo a lo largo de las últimas semanas en el Parlamento, este jueves ha llegado el turno de las residencias. Representantes de LARES y FED, así como de CERMI y Padre Menni, han ilustrado los problemas a los que se han enfrentado estando con el sector de la población más afectado por la COVID-19.
El principal para la patronal (LARES y FED), ha sido la falta de atención sanitaria desde el Servicio Cántabro de Salud, ya que, en palabras de la presidenta de LARES, Gema de la Concha, “hay centros donde los médicos no van”. “La mayor parte de la atención ha sido a través de llamadas telefónicas, y así no se puede valorar a personas frágiles”, ha explicado. Asimismo, ha apelado a que medicalizar las residencias “no resuelve el problema”, porque cada vez que el SCS “abre listas, nuestros profesionales cambian de trabajo”.
Tras conocer el reparto por comunidades del fondo extraordinario de 16.000 millones de euros aprobado este fin de semana por el Gobierno de España para ayudar a las regiones a hacer frente a los gastos provocados por la crisis sanitaria, Cantabria ha mostrado su “disconformidad”.
Y es que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado esta semana a la consejera de Economía, María Sánchez, a través de una videoconferencia, los criterios de reparto de este fondo, de manera que a la comunidad, en base a ellos, le corresponderían en torno a 180 millones.
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, el doctor Fernando Simón, ha anunciado hoy que las comunidades autónomas que cambien de fase lo sabrán entre el viernes por la noche y el sábado. La fecha prevista para pasar de la Fase 0 actual a la Fase 1 es el próximo 11 de mayo.
Cantabria ha llegado este jueves a los 200 fallecidos por coronavirus tras fallecer una persona más en las últimas horas. Además, hay 1.758 personas que han superado la enfermedad, 62 más que ayer.
Asimismo, hay registradas un total de 2.642 personas que han dado positivo por COVID-19, 2.220 determinadas mediante la prueba PCR y 422 a través de test serológicos de detección de anticuerpos.
En un comunicado, el sindicato considera “intolerable” que la Consejería de Educación “se desentienda por completo de su responsabilidad de garantizar la seguridad y protección de los docentes y del personal de administración y servicios y sólo se limite a remitir una instrucción en la que insta a los trabajadores a que se busquen la vida y los adquieran ellos mismos por su cuenta”.
El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha recibido un total de 7.983 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), en los que están incluidas 40.287 personas, desde que se inició la crisis sanitaria por el COVID-19.
Así lo ha informado hoy la Delegación del Gobierno en Cantabria, que ha indicado que el SEPE ha pagado más de 51 millones de euros en prestaciones en Cantabria a un total de 57.135 personas, entre las que se encuentran los trabajadores afectados por ERTE.