El arqueólogo Ángel Armendáriz es uno de los investigadores que llevó a cabo en 2010 un mapa de fosas de personas desaparecidas de forma violenta en Cantabria durante la Guerra Civil y sus posteriores años de represión franquista. “Los resultados son espectaculares: se conocían siete y hemos inventariado 150”, resalta a este medio.
Se trató de un encargo del Gobierno de Cantabria -entonces también constituido por el bipartito PRC-PSOE-, y sus resultados, tras cinco meses de trabajo, se remitieron al propio Ejecutivo. Tal y como describe Armendáriz, se manejaron todas las fuentes de documentación disponibles: archivos y registros de todo tipo, testimonios orales, bibliografía e investigaciones previas realizadas por instituciones públicas, asociaciones, historiadores y particulares.
No obstante, este mapa quedó en el cajón del olvido durante los años posteriores en los que Ignacio Diego (PP) estuvo al frente del Gobierno. “No se ha hecho gran cosa con él, pero ahora parece que se está reactivando el interés por el asunto”, señala el también profesor del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Cantabria que ha participado en el acto de presentación del segundo anuario de Desmemoriados.
El estudio, tal y como recoge el propio documento, “considera fosas y víctimas de ambos bandos” pero “la gran mayoría se relaciona con la represión del bando triunfador en la contienda”. “En pocos casos se trata de víctimas fallecidas en acciones militares”, recalca. “Generalmente, los cadáveres fueron enterrados por los propios asesinos (en ocasiones haciendo cavar antes la fosa a las víctimas), pero otras veces permanecieron insepultos hasta su localización y compasiva inhumación por vecinos de la zona”, explica.
“Las fosas se ubican, con frecuencia, en lugares anónimos: campos, prados, riberas de ríos y cunetas o zonas próximas a las carreteras”, detalla este arqueólogo en su trabajo. Sin embargo, “buen número de ellas se encuentra en el interior (a veces en el área civil) o zonas exteriores de los cementerios, cuyas tapias en ocasiones -como en el santanderino de Ciriego- sirvieron también como lugar de ejecución”, expone.
Así pues, esclarece que “en torno a 40 cementerios cántabros albergan inhumaciones de este tipo y en algunos de ellos se han levantado recientemente monumentos conmemorativos”. En otras ocasiones, “como también ocurre en otras zonas kársticas españolas”, este arqueólogo señala que “los cadáveres fueron sencillamente arrojados a torcas o simas naturales”.
“Desinterés”
Armendáriz asegura que aunque los resultados de la investigación “son bastante destacados todavía queda bastante trabajo por hacer”. “Ha habido un cierto desinterés, no solo del Gobierno de Cantabria, sino también del de España”, lamenta, al tiempo que recuerda que el Gobierno de Mariano Rajoy no destina presupuesto para la recuperación de la Memoria Histórica.
A nivel autonómico, el PSOE anunció recientemente que impulsará la ley de Memoria Histórica, uno de sus compromisos de Gobierno todavía incumplidos a estas alturas de legislatura. La Consejería de Cultura, según explicó a este medio, trabaja sobre una iniciativa legislativa similar a la que desarrolló Andalucía, una de las normas más avanzadas de todo el país.
En este sentido, el recién elegido secretario general socialista, Pablo Zuloaga, cifró hace mes y medio en 7.000 las familias que no saben dónde tienen enterrados a sus muertos por la represión franquista, y recalcó que la Ley de Memoria Histórica de Cantabria “traerá verdad, justicia y reparación para todas las víctimas”.