La Fiscalía de Cantabria ha solicitado un año de cárcel por un presunto delito de acoso laboral a una subordinada para el jefe de la Oficina contra la Violencia de Género de la Policía Local de Santander, con rango de sargento y que desempeña funciones como las de supervisar la unidad de vigilancia y protección de las víctimas.
Tras el periodo de instrucción, la Audiencia de Cantabria ya había detectado indicios de delito en la actuación de este mando policial por incurrir en “trato degradante, lesiones, infidelidad de custodia de documentos y falso testimonio en causa judicial”, a lo que ahora se suma la petición de un año de prisión por parte del Ministerio Público, que le atribuye un presunto delito de acoso laboral.
Según ha adelantado la Agencia EFE, queda pendiente que se señale fecha para celebrar el juicio contra el acusado, puesto que tanto la Fiscalía como el magistrado que ha instruido el caso han advertido pruebas suficientes para juzgar el acoso a una agente en su puesto de trabajo y se ha ordenado continuar el procedimiento en su contra.
La agente querellante denunció que este responsable de la Policía Local de Santander la había acosado laboralmente, que la había incoado expedientes sancionadores sin motivo, que la había relegado a funciones administrativas y que tenía con ella un trato diferente que con el resto de sus compañeros.
El auto previo también aludía a sanciones que el sargento impuso a la agente, a seguimientos y a actos de aislamiento. Por ejemplo, se recogía que a la agente no se le facilitó ni ordenador ni mesa, o que tenía que comunicar cada salida del centro de trabajo, cuando otros policías no tenían obligación de hacerlo.
“Humillación, denigración y aislamiento”
En base a los testimonios de otros compañeros de la denunciante, testigos diarios de las actuaciones de este sargento bajo sospecha, la Audiencia de Cantabria rechazó la pasada primavera los argumentos de la defensa del mando policial, que insistía en que “no hay pruebas del supuesto acoso laboral”.
Sin embargo, la sala sí que advirtió que existen indicios más que probados de actos de “humillación, denigración o aislamiento” hacia la querellante, que debía asumir órdenes y actuaciones que “solo eran adoptadas para ella”, como que la agente tuviera que pedir permiso incluso para salir a tomar café.
Además, la resolución insistía en las consecuencias que ha tenido todo este proceso para la denunciante, que sufre un “trastorno adaptativo mixto ansioso depresivo” a consecuencia de los hechos, según consta en un informe forense, y puso de relieve que todos los expedientes sancionadores que se iniciaron contra ella por parte de su superior jerárquico fueron “archivados o revocados”, lo que prueba, a criterio de la autoridad judicial, “la ausencia de motivación”.