La sensibilidad en torno al desarrollo de la energía eólica y el fracking está a flor de piel en Cantabria. Colectivos ecologistas, organizaciones en defensa de la conservación de la naturaleza y el patrimonio histórico, movimientos sociales y vecinos de las zonas señaladas como lugares estratégicos para la instalación de parques eólicos o sondeos para extraer gas a través de la fractura hidráulica vigilan cada movimiento de la Administración y de las empresas implicadas para poner freno a los excesos que se puedan producir.
Y ante este escenario, la última alerta se ha desatado por el anuncio por parte del Gobierno de Cantabria de un contrato para mejorar los accesos a varias localidades de Valdeprado del Río y Valderredible -municipios en los que existen numerosos permisos relacionados tanto con el fracking como con la energía eólica- que supondrá una inversión superior a los 2,7 millones de euros.
En concreto, el Consejo de Gobierno autorízó la semana pasada un contrato para mejorar los accesos a Arcera, Navamuel, Bustillo del Monte, Loma Somera, Villamoñico y Cubillo de Ebro, en los dos ayuntamientos campurrianos mencionados, con un presupuesto base de licitación de 2.720.178 euros. A esa cantidad tan elevada en las actuales circunstancias económicas y a la coincidencia con los proyectos empresariales en marcha se suma un tercer motivo: en esas localidades viven un puñado de vecinos, que en algunos casos no superan ni la media docena.
La Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria, que la pasada semana presentó una querella criminal contra el consejero y el director de Industria y el alcalde y el secretario municipal de Valdeprado del Río como consecuencia de su gestión en la tramitación eólica, denuncia ahora que estas mejoras en los accesos de varios pueblos prácticamente deshabitados suponen que “se va a pagar con dinero público las necesidades de los negocios privados”.
“Los políticos que hagan su trabajo y los empresarios el suyo. Cuando se cruza la raya, aparece la corrupción”, asegura el presidente de la plataforma, José Miguel Martínez. En esta misma línea se pronuncia Fernando Merodio, el abogado de esta organización, que considera que “si el tema más importante que tiene que abordar el Consejo de Gobierno de Cantabria en las actuales circunstancias es la aprobación de estas obras, que se disuelvan, que no los necesitamos para nada”.
Sin embargo, desde la Consejería de Obras Públicas rechazan de plano estas acusaciones y explican que el único objetivo de estos trabajos es “mejorar las comunicaciones” en una zona que estuvo olvidada durante la pasada legislatura, con el Partido Popular en el Gobierno de Cantabria. De hecho, a preguntas de eldiario.es confirman que las obras están recogidas en el Plan de Infraestructuras y se llegaron incluso a licitar en 2011, aunque los recortes presupuestarios hicieron que quedaran en un cajón.
También aclaran que estas obras -son seis carreteras y aproximadamente 25 kilómetros en total- no supondrán la ampliación de los caminos rurales de la zona, que se mantienen con el mismo ancho y prácticamente con el mismo trazado. “Ni siquiera se van a asfaltar y no son carreteras con un firme que soporte el paso de camiones o maquinaria pesada, que lo destrozarían llegado el caso”, insisten para despejar el menor atisbo de duda.
Larga trayectoria de denuncia
La Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria, que aglutina a los colectivos que se oponen al desarrollo eólico, se creó en el año 2009 e integra a las asociaciones ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono), la Asociación Txirpial de Educación Ambiental y Guías de la Naturaleza, las de carácter cultural Costumbria y Arcera, la coordinadora Salinas y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, junto a dos centenares de personas a título individual.
Según explican sus impulsores, esta plataforma surgió de la preocupación de vecinos de la comarca de Campoo vinculados a los movimientos ecologistas, el turismo rural y el arte románico ante la preocupación por los efectos que puedan tener en la zona sur de Cantabria los proyectos de parques eólicos del Gobierno, que han ampliado posteriormente a la amenaza que supone el fracking.
A su juicio, la instalación de parque eólicos y los permisos concedidos para realizar sondeos de fracking significarán “un acaparamiento de tierras, entre ellas de los montes comunales, el control de todo el territorio, graves impactos medioambientales, deforestación, pérdida de elementos culturales e históricos, así como daños en la fauna y la flora, contaminación o desvío de los cauces de los ríos”, por lo que han reaccionado de forma inmediata ante las sospechas por estas obras que consideran “sorprendentes”.
Oposición frontal de las instituciones
Esta denuncia de los ecologistas contrasta además con la oposición frontal que ha mostrado reiteradamente el alcalde de Valderredible, Fernando Fernández (PRC), a los sondeos de fractura hidráulica que se han proyectado en su municipio con el aval del Ministerio de Industria. De hecho, en una reciente reunión con el presidente de Cantabria, el también regionalista Miguel Ángel Revilla, consiguió el compromiso del jefe del Ejecutivo autonómico para “impulsar, coordinar y liderar” todas las actuaciones que sean necesarias para “parar el fracking en Cantabria”.
Revilla trasladó entonces al alcalde su disposición a colaborar tanto con el Ayuntamiento como con las juntas vecinales para impedir la utilización de la fractura hidráulica, una práctica que considera “contraria a los intereses medioambientales, sociales y culturales” de la comunidad autónoma. Así lo dio a conocer al término del encuentro Fernando Fernández, quien recordó que la postura del presidente autonómico responde a la decisión “unánime” aprobada la pasada legislatura en el Parlamento de Cantabria para impedir el fracking.
El regidor destacó también que el objetivo conjunto del Gobierno y las administraciones locales es crear y ampliar figuras de protección como “parapeto ante estas agresiones” y subrayó que Valderredible tiene “un extraordinario patrimonio cultural y natural que es necesario preservar y poner en valor”.
Asimismo, ha trasladado a Revilla su preocupación por la insistencia de la empresa Petroleum Oil & Gas S.A., filial de Gas Natural Fenosa, para llevar a cabo sondeos de investigación en su municipio. Frente a este proyecto, aseguró, “las administraciones van a actuar de manera coordinada”. En concreto, ha anunciado que las juntas vecinales van a modificar muchas de sus ordenanzas para prohibir expresamente esta técnica en los montes de utilidad pública y el Ayuntamiento va a plantear ordenanzas de caminos y reglamentos de agua que la imposibiliten.