La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) cumplió en 2014 su treinta aniversario. Con esta dilatada trayectoria a sus espaldas, sin embargo, sus impulsores están sorprendidos ante la vigencia de sus reivindicaciones. El paso atrás dado durante la presente legislatura en terreno medioambiental ha llevado al primer plano de la actualidad muchas de las demandas de un colectivo que ha protagonizado muchas de las batallas judiciales más cruentas con la administración pública. Carlos García, su presidente, se muestra contundente: “Lo que ha hecho este Gobierno es intentar promover aún más, en plena crisis inmobiliaria, la perpetuidad de un modelo fracasado, que ha sido el corruptor de la democracia en todo el país”, denuncia.
En una extensa conversación con eldiario.es, el veterano activista hace un análisis muy pesimista de la situación política de la comunidad autónoma. Detecta los mayores focos de corrupción, con el urbanismo como protagonista fundamental, y aporta soluciones y alternativas, en un estilo que ARCA defiende a ultranza. “Estamos orgullosos de haber impulsado un ecologismo independiente, basado en tres principios: plantear alternativas políticas con base científica, no hacer críticas sin ofrecer alternativas, y la absoluta independencia de grupos de presión ideológica, económica o política de cualquier índole”, recalca.
El movimiento nació en los años 80 y aquella generación que lo puso en pie tuvo muy claro que hacía falta un cambio social, que los representantes políticos y las fuerzas tradicionales no iban a hacer. “Han pasado treinta años y vemos que, para nuestra sorpresa, sigue siendo muy útil. Siempre pensamos que el tiempo iba a jugar a favor de que la sociedad hiciera cambios. Y sí se han dado, pero hacia atrás. Ha habido un retroceso importante en los últimos cuatro años, una regresión en la que coincidimos todas las asociaciones ecologistas. Es increíble lo que ha pasado”, lamenta.
En este paso atrás es muy significativo, según el presidente de ARCA, que Ignacio Diego decidiera unificar en el mismo departamento las consejerías de Medio Ambiente y Urbanismo. “Nos parece que el consejero fue nombrado únicamente para solucionar el problema de las sentencias de derribo mediante ingeniería jurídica y ha sido un fracaso, porque ha sido imposible parar una sola de las decisiones judiciales después de cuatro años”. A su juicio, “los jueces demostraron que ARCA jugaba limpiamente con las leyes del sistema” y que “los responsables políticos no han cumplido siquiera sus propias normas”.
Sobre estos casos, reitera que las sentencias hay que cumplirlas, pero que los plazos o las fórmulas pueden ser flexibles. “Los responsables políticos no han dimitido y siguen presentes, en el Gobierno o en la oposición. Sin ir más lejos, el consejero actual fue asesor urbanístico del Ayuntamiento de Piélagos en la época de El Alto del Cuco, por ejemplo”, señala. La organización ecologista recuerda que se 'timó' a una serie de ciudadanos y se han generado daños en el medio ambiente y en el territorio sin consecuencias políticas o judiciales. “Mientras en España exista esa impunidad por parte de los poderes públicos, hacer las cosas mal será gratis. Se pueden hacer auténticos atentados ecológicos sin que haya ningún problema”.
La lista negra
En cuanto a las mayores 'aberraciones' cometidas en los años del boom inmobiliario y la especulación urbanística, Carlos García enumera y analiza varios campos. Por ejemplo, asegura que estamos en una época de “gran descontrol” y de “actividades ilegales” en cuanto a los vertidos y los residuos. También manifiesta que tal vez lo peor sea la “vuelta atrás” del Plan de Ordenación del Litoral, que establecía una normativa supramunicipal para que los ayuntamientos no se expandan caprichosamente hacia la costa o permitan actividades en lugares inadecuados. El Partido Popular recurrió esa legislación y, según ARCA, la ha desvirtuado gravemente.
Sobre la movilización ciudadana ante estos retrocesos, el activista considera que está lejos de ser la ideal, porque ha avanzado la sensibilidad pasiva, no la activa. “Eso es un mal general de toda la sociedad y que se está dando en todos los campos. Por eso, los grandes escándalos que han aparecido al país, con los urbanísticos a la cabeza, pasan sin consecuencias. La sociedad se implicaba más hace unos años hasta ganar la batalla. Eso se laminó a mediados de los 90 y ha habido varias generaciones que no han participado”, reconoce. Ahora hay un poso informativo que defiende que el medio ambiente es importante, que es de todos, y que la vida está condicionada por él. Pero ese poso no genera una actitud activa, en su opinión. “A participar se aprende participando”, anima.
Como excepción, pone de ejemplo la lucha contra la fractura hidráulica, que tiene todos los 'ingredientes' de una causa al máximo nivel: “Es algo oculto, incontrolable, que puede matar rápido… Tiene ese morbo de lo universal: esto nos va a afectar a todos, da igual la ideología que tengas o dónde vivas. Además, para sacar algo que ya existe pero a costa de nuestra salud”, explica. En su opinión, la campaña ha sido muy bien elaborada y la ciudadanía ha tenido la amenaza encima. Lo ha visto rápido y ha reaccionado rápido. Se ha visto como algo global y potencialmente amenazante para todos, incluso para gente que no es comprometida o sensible a los problemas medioambientales.
Voz de la conciencia
ARCA ha tenido que atuar reiteradamente como una especie de Pepito Grillo moderno, como la voz de la conciencia de la sociedad de Cantabria. La asociación tiene como función la educación ambiental, un cometido que se puede realizar de distintas formas. “Las propias sentencias de derribo son acciones educativas, en las que se dice al poder político que de aquí no puede pasar”, considera su presidente. El Parque de Las Llamas o la Senda Costera de Santander fueron 'ideas' de ARCA, que han acabado siendo algo muy distinto a lo propuesto. “Nuestra idea era muy distinta, más natural”, incide. De hecho, como se apoyan en modelos europeos, han aprendido en Holanda, Alemania o Inglaterra que las cosas se hacen contando con la ciudadanía. Se reúne a la gente, hay expertos, se debate, y el poder político es sensible y escoge las opciones que más satisfacen.
“Aquí no se está haciendo así. Y da igual en qué ayuntamiento estés. En Santander no se puede participar, por supuesto, porque hay un estilo despótico. El alcalde hace lo que mejor le parece pero no cuenta con nadie, en un nuevo despotismo democrático. No se gestiona así el territorio en la Europa avanzada, donde la gente paga sus impuestos, vota, decide, vive y es propietaria de la ciudad”.
Y va más allá en su crítica: “Santander es una ciudad diseñada para una pequeña minoría de especuladores inmobiliarios. No está diseñada para satisfacer los intereses vitales y la calidad de vida de la población”. La justificación, además, es muy explícita. Carlos García recuerda que, si una ciudad que no crece desde el año 1985, que está estancada en 180.000 habitantes, eleva su crecimiento hasta los 270.000, “estás pensando en forrarte, en que se forren uno o dos promotores y en construir todo lo que se pueda sin importar cómo quede”.
El frente marítimo también le sirve como ejemplo, tras convocar un concurso de ideas después de tomar todas las decisiones imporantes, como situar un centro cultural en un lugar privilegiado, construir una 'duna' o permitir que se construya en Varadero, una de las zonas de mayor densidad poblacional de la ciudad. “De la S-20 al norte, lo mismo. Se puede construir todo, como dice el alcalde, 'hasta agotar el territorio'. El plan urbanístico de Santander está hecho pensando en los agentes inmobiliarios”.
Respeto y diálogo
Con análisis tan afilados, el trato de ARCA con los poderes públicos no siempre es sencillo. “Nuestra relación con las instituciones es educada, correcta, muy combativa y enfrentada en ocasiones cuando se da el caso. También hemos tenido coincidencias y sabemos dialogar y respetarnos. Incluso hemos llegado a acuerdos”. Las alternativas que propone la asociación suelen estar 'ensayadas' en la Europa occidental y no proponen planteamientos revolucionarios. Sin embargo, cuesta dar ese paso.
“Los alcaldes son un gran problema, porque la gestión del territorio requiere una visión global y ellos tienen una visión clientelar. Prima el egoísmo, la ventaja rápida y el corto plazo. Los alcaldes tienen que perder el poder en la política urbanística. Todo el desastre urbanístico ha estado provocado por las decisiones de los ayuntamientos. Mientras un alcalde tenga la posibilidad de, trazando una línea en un plano, decir si esto vale cinco euros o cinco millones de euros, será un foco de presión continua, de destrucción del territorio y de corrupción”, asegura.
Por eso es tan importante y reivindican tanto su independencia. Aunque llegaron a tener 1.100 socios en los años 90, ahora mismo son más de 600 las personas “muy fieles y muy fiables” que son la base de la financiación del grupo. Con una financiación autónoma de cuotas y donaciones pueden, sin faltar el respeto a nadie, mostrar sus posicionamientos de forma libre y sin complejos. “La existencia de ARCA es incompatible con la cesión a intereses de cualquier tipo”, dice su presidente.
Y se ponen deberes: quieren ser como los ingleses en el urbanismo, como los escandinavos en la gestión del bosque, como los alemanes en la participación ciudadana o como los holandeses en las obras públicas. Sin embargo, insiste el responsable de ARCA, “los gobiernos prefieren no hacer una ordenación del territorio para tener luz verde para improvisar ocurrencias”. Eso, lamentablemente, es “lo contrario” a tomar decisiones sosegadas y responsables, más cerca del “efectismo para ganar votos y practicar la demagogia” que de una organización racional. “No se puede seguir apelando a la autonomía municipal porque es un desastre y ha generado la gran crisis inmobiliaria y el gran desastre de los derribos. Hay que disciplinar a los alcaldes. Nuestros gobernantes se financian con la destrucción del territorio”, concluye.