La consejera de Sanidad, María Luisa Real, ha rechazado que exista corrupción en el Servicio Cántabro de Salud y ha asegurado que no ha hoy “ningún aprovechamiento económico ni de otro tipo” por parte de los gestores del servicio en los procedimientos de contratación.
A la vez ha acusado al PP de abrir una “causa general y desprestigiar la gestión integral de toda la contratación del SCS, tomando para ello como base un escaso número de contratos frente a los más de 40.000 suscritos en 2017, para ”desviar la atención“ ante sus ”propias miserias judicializadas“, sin importarle ”acabar con la credibilidad de cualquier institución y la honorabilidad de cualquier persona“.
Real ha dicho que no entiende “la actitud de seguimiento” del resto de grupos de la oposición, cuando se han dado “explicaciones detalladas”, se ha aportado “abundante documentación” y hay un expediente informativo en marcha, “supongo que con el único objetivo de sacar rédito político”.
La consejera se ha quejado de que nada de ello “sirve” a los grupos de la oposición, ni siquiera las auditorías de la Intervención, que “hablan de normalidad”. “El veredicto es culpable”, ha censurado Real, quien ha criticado que ni siquiera, “por un mínima de prudencia”, se espera al resultado del expediente informativo.
“Incluso se habla de corrupción, término que rechazo tajantemente porque no se trata de acusaciones a ningún gestor por haberse llevado dinero, ni se ha dejado de hacer obras o recibir suministros, ni se han dejado de gestionar los servicios ni se han realizado facturas o contratos falsos”, ha argumentado.
“Sin pruebas”
Real ha recalcado que “una cosa son presuntos errores o incidencias y cosa bien distinta es hablar de corrupción sin el más mínimo indicio; una acusación tan grave debería soportarse al menos en una mínima prueba, pero parece que vale todo, hasta negar la presunción de inocencia”, ha criticado.
La consejera ha afirmado que en todos los informes de auditoría -ha citado algunos ejemplos de la de 2014, cuando gobernaba el PP-, se señalan incidencias contractuales y no por ello el interventor “se dedica a fusilar al gestor ni llevarlo a la Fiscalía porque no son constitutivas de delito ni por supuesto de corrupción”.
En su opinión, el SCS, que en la actualidad es el mejor valorado del país según el último barómetro del Ministerio de Sanidad, “no se merece este cuestionamiento público y generalizado de sus procedimientos de contratación administrativa”.
Real ha hecho estas afirmaciones en la Comisión de Sanidad del Parlamento, donde ha comparecido a petición de Ciudadanos para dar explicaciones sobre las irregularidades denunciadas por la jefa de contratación del SCS en un correo electrónico de febrero que se conoció en abril, y por el PP, sobre las que la Fiscalía ha abierto diligencias de investigación tras recibir una denuncia de Izquierda Unida.
Durante la comparecencia --subsiguiente a las del director gerente del SCS, Julián Pérez Gil, y el subdirector de Gestión Económica, Javier González, que estuvieron el miércoles--, el portavoz del PP, Iñígo Fernández, ha asegurado que la consejera recibió “denuncias verbales” por parte de miembros del equipo de gestión del SCS de que “se estaban cometiendo irregularidades”, antes del correo electrónico de la alta funcionaria del 8 de febrero.
Viaje a América
También ha denunciado que la empresa que suministró los ecógrafos, --de los que se hizo un contrato menor por cada centro de salud en lugar de un concurso abierto--, “ha pagado un viaje a América” al gerente del SCS, al subdirector de Gestión Económica y a un asesor externo --contratado mediante asistencia técnica--.
“Espero que tenga pruebas de lo que acaba de decir del pago del viaje”, le ha espetado la consejera, mientras que sobre las “denuncias verbales”, ha dicho que “no tiene ni idea de a qué se refiere”.
Todos los grupos de la oposición han vuelto a coincidir en que no se responde a sus preguntas, y varios han instado a la consejera a pedir a los directivos del SCS que den más explicaciones y a cesarles si no lo hacen, porque de no ser así, estaría siendo “cómplice”.
La consejera, sin embargo, sí considera que el gerente y el subdirector de Gestión Económica dieron todas las explicaciones pertinentes, y ha pedido que se valore “en su justa medida” la “ingente labor” del SCS y las incidencias que puedan detectarse en tan alto número de contratos -33.702 en 2016, de ellos 33.627 menores; y 40.518 en 2017, de los que 40.437 son menores-.
Reproches a Intervención
Real ha reiterado que la contratación administrativa del SCS está sometida al control oficial de diversos órganos de la Administración, tanto de forma preventiva como durante su ejecución y posteriormente con las auditorías de control financiero de la Intervención General.
La consejera ha dicho que incluso desde una perspectiva “partidista”, el PP “no tendría que poner en duda” las conclusiones de los informes de auditorías ya emitidos, cuando precisamente tiene el conforme del interventor general Gabriel Pérez Penido y bajo la supervisión del subdirector general de Control Financiero, Rafael Gutiérrez, que es secretario de Hacienda de la Ejecutiva del PP, cesados recientemente por el Gobierno PRC-PSOE.
Real ha tenido un par de reproches para el exinterventor, nombrado por el anterior Gobierno del PP y que el Ejecutivo actual ha mantenido hasta hace unos meses. “Si de algo se ha quejado esta consejera es precisamente que no se hayan hecho más auditorías, y más en concreto la del contrato de colaboración público privada de Valdecilla, reiteradamente solicitada y repetidamente pospuesta por parte de la Intervención General”, se ha quejado.
Asimismo, ha explicado que las últimas auditorías del SCS son de 2014 y 2016, pero “de 2015 no hay, no sabemos por qué”. No obstante, la consejera ha tildado de “absolutamente falso o delirante” el “relato” del PP en el que se relaciona el correo electrónico de la jefa de Contratación del SCS con el ceso del interventor general.
Por otro lado, ha llamado la atención sobre la diferencia entre el correo de la funcionaria, --“que no denuncia formal” ha matizado-- y que en su opinión es “inconcreto y confuso”, con “alusiones de carácter sospechoso que por sí solas no pueden ser calificadas de irregularidad alguna”, y las “imputaciones concretas” del PP, que ofreció una rueda de prensa el mismo día que salió a la luz el correo el 25 de abril.
“Yo no creo en casualidades de este tipo”, ha apostillado, tras asegurado que es “falso” que no hiciera “nada” tras recibir el correo en febrero. Real ha reiterado que es “la primera interesada” en que se esclarezcan todos los aspectos cuestionados, hasta los más nimios, y será “la primera en impulsar la corrección” de aquéllo que haya que corregir o mejorar.
En todo caso, ha reiterado, al igual que los directivos del SCS, que los procedimientos de contratación cuestionados por el PP son habituales en el sistema sanitario público y similares a los realizados en la anterior legislatura. Así, ha señalado que las actas de comprobación de la inversión que el PP señala como prueba de irregularidad, son “los mismos modelos” firmados por los gestores de la etapa de María José Saénz de Buruaga, actual presidenta del PP, como consejera de Sanidad.