La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Cantabria (FAPA) ha trasladado al presidente regional, Miguel Ángel Revilla (PRC), su “enfado” por el “malestar” que la decisión del Gobierno de suspender las vacaciones escolares de noviembre a menos de una semana de celebrarse ha provocado dentro de la comunidad educativa regional. Además, en la carta que ha dirigido a Revilla, FAPA le pide que el Ejecutivo se haga cargo de las consecuencias organizativas y económicas de esta decisión.
“Entendemos que vivimos una situación anómala que obliga a tomar decisiones de forma rápida, pero creemos que su Gobierno ya debería de saber que el ámbito educativo es especialmente sensible para nuestra sociedad, por lo que esperamos que en próximas ocasiones estas decisiones se tomen de forma más reflexiva y buscando el apoyo de los distintos sectores”, subraya la misiva. En su escrito, FAPA explica al presidente que el anuncio el 29 de octubre de la anulación de la semana próxima como no lectiva, pasando a ser lectiva, ha causado “preocupación” entre muchas familias ante “lo inesperado” de esta medida.
“Sin entrar a valorar lo acertado o no de esta decisión, y entendiendo que nos encontramos en una situación sanitaria que obliga a adoptar medidas drásticas de forma urgente”, la federación indica a Revilla que la nueva situación ha causado “diversos problemas para muchas familias”, por lo que, en su opinión, “la propia aprobación de este cambio debería de llevar acompañadas diversas medidas para resolver estos problemas en la medida de lo posible”. Como primera cuestión, FAPA plantea que muchos ya habían solicitado vacaciones para poder disfrutar de estos días con sus hijos y ahora se encuentran con que van a “desperdiciar eso valiosos días que podrían haber disfrutado en familia”.
Por ello, han instado al Gobierno de Cantabria a que adopte las medidas necesarias para que todos esos trabajadores puedan trasladar esos días de vacaciones a otras fechas, independientemente de si pertenecen al sector público o privado, y ampliando “al máximo posible las opciones para hacerlo ya entrando en 2021, dado el escaso margen que quedaría para hacerlo en este año”.
Por otro lado, ante la imposibilidad de disfrutar de vacaciones en estos días, y para evitar dejarles con familiares mayores, muchas familias había optado por la contratación de servicios de ludoteca, campus, guarderías, etcétera. Dado que ahora estas actividades no se van a llevar a cabo, las familias pueden perder un dinero “que puede ser muy importante para su hogar, ante la situación económica en la que nos encontramos”. Por ello, la federación entiende que es el Gobierno de Cantabria “quien debería de comprender el problema y garantizar que estas familias puedan recuperar ese dinero”.
“Además, creemos que debería de ser la propia Administración quien asumiese ese coste, pues las empresas que realizan estas actividades ya se encuentran en una situación lo suficientemente precaria como para que ahora tengan que asumir ellas este problema con el que se han encontrado tras realizar un esfuerzo importante para poder ofrecer estos servicios”, indica FAPA a Revilla. “Entendemos que ambas medidas son necesarias para mejorar la ya de por si difícil situación que este cambio ha creado a las familias”, subraya.