La nueva presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha puesto al frente de la Consejería de Salud a César Pascual, que fue alto cargo del Servicio Madrileño de Salud, además de gerente de varios hospitales, entre ellos el Hospital Marqués de Valdecilla de Santander. El 'gurú' sanitario del PP cántabro, que fue el responsable político del polémico megacontrato de 900 millones de euros a favor de la constructora que tiene en plantilla a sus hijos, vuelve a primera línea política en el Ejecutivo autonómico tras una anterior etapa en la que también trabajó a las órdenes de Buruaga.
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria, con buen número de diplomas y másteres en gestión sanitaria, Pascual ha sido funcionario de carrera del Gobierno de Cantabria, aunque se ha internado en varias ocasiones en el ámbito de la política con el Partido Popular. Fue así director general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, con rango de viceconsejero, durante la Presidencia de Cristina Cifuentes; y fue director-gerente del Hospital de Valdecilla entre 2011 y 2015, cuando la actual presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ejerció como vicepresidenta y consejera de Sanidad, durante la mayoría absoluta de Ignacio Diego.
En 2019 volvió a la política de Cantabria tras su etapa madrileña, donde tuvo que enfrentarse a una imputación por prevaricación de la que fue finalmente absuelto, figurando como número 7 de la candidatura del PP a las elecciones autonómicas. Elegido diputado autonómico, ha sido portavoz durante la pasada legislatura en materia de Sanidad y Políticas Sociales del Grupo Popular. Públicamente anunció su retirada de la política este pasado mes de mayo, cuando elDiario.es publicó sus relaciones personales con Ferrovial.
Y es que la constructora Ferrovial tiene en nómina a dos hijos de César Pascual, futuro consejero de Salud de Cantabria a partir del lunes. La primera de esas contrataciones se produjo en 2013, cuando Pascual, entonces gerente del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, adjudicó un multimillonario contrato para la gestión no sanitaria de este centro al grupo de la familia Del Pino, al que luego blindó durante más de dos años de posibles indemnizaciones por incumplimientos de contrato.
El polémico macrocontrato de Valdecilla, marcado por sobrecostes, deficiencias y lo que partidos políticos y sindicatos de Cantabria han tachado de “privatización encubierta”, comprendía terminar las obras de ampliación de este centro, cuya fachada se derrumbó en 1999 (murieron cuatro personas), y la concesión de todos los servicios no sanitarios, con un coste para la Administración de más de 900 millones de euros durante 20 años.
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