Ya es oficial. Tras meses de especulaciones sobre si sobrarían fondos o no de las ayudas directas por la COVID-19 a autónomos y empresarios, finalmente el Gobierno de Cantabria ha confirmado que tendrán que devolver al Estado 25 millones de euros, es decir, casi la mitad de lo destinado a la comunidad.
La encargada de confirmar la noticia ha sido la consejera de Economía, María Sánchez, que tras presentar el balance económico de 2021 de Cantabria, ha revelado que no se han conseguido asignar el total de las subvenciones pudiendo solo dedicar a los afectados el 55%. Entre los motivos que rodeaban esa posibilidad de que hubiese fondos sin adjudicar estaban los propios requisitos, que las organizaciones de autónomos calificaron desde el principio como “muy restrictivos” ya que las ayudas solo se podían dedicar a saldar deudas contraídas, por ejemplo con proveedores o préstamos, así como a gastos fijos pendientes de pago, como el alquiler, hipotecas o facturas de luz.
Lorenzo Abad, de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) declaraba hace unos meses a elDiario.es que su gremio había hecho “un ejercicio de responsabilidad” pagando a sus proveedores tirando de sus ahorros o de financiación no bancaria, como por ejemplo los préstamos de familiares, algo que por lo que no se tiene derecho a ayuda. Igualmente, el portavoz de la Federación de Ocio Nocturno España de Noche, considera que este requisito ha sido una “maniobra” dirigida a empresas que hubiesen pedido un crédito ICO y necesitaran amortizarlo. “Al final todo esto beneficia a los grandes del sistema financiero. Porque no es que hayamos facturado menos, es que hemos tenido que poner de nuestro bolsillo para mantener viva la empresa: alquileres, cotizaciones sociales, recibos de suministros...”.
Cabe recordar que se trata de una ayuda estatal que asciende a 7.000 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas y que, proporcionalmente, a Cantabria el correspondían 55. Prácticamente desde el inicio, estas subvenciones también han estado envueltas en polémica por la supuesta poca celeridad que se estaba dando en los trámites administrativos, algo que desde los colectivos afectados criticaban debido a la necesidad que tenían de obtener esta inyección económica.
En el caso de Cantabria, en noviembre solo se habían recibido solicitudes por menos de un 20% del presupuesto adjudicado, por lo que desde la Consejería de Industria ya se podían temer lo peor, aunque justo antes de lanzar la segunda orden de ayudas hablaron con este medio y declararon “esperar” que no sobrasen fondos: “Eso depende solo de ellos y de que cumplan los requisitos, que no son los mismos que la última vez”. Este cambio en las condiciones se basaba, básicamente, en no contemplar limitación en los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), al contrario de lo que ocurría con los 20 millones de esa primera línea de ayudas, que solo se dirigían a 95 CNAEs.
Ahora, y tras la pérdida de esa subvención, la titular del área en Cantabria ha lamentado este hecho y ha confirmado la devolución “salvo cambios en el criterio establecido por el Ministerio”. Asimismo, Sánchez ha indicado que entre 2020 y 2022, sin contar los fondos Next Generation, el Gobierno de España ha destinado a Cantabria 615 millones de euros, más del 4% de su PIB; de ellos, 223 millones el año pasado, aunque de estos últimos habrá que descontar los 25 millones de estas ayudas.